Poder Político y Vacunas COVID: Por qué Uñac, Venerando y el Gobierno Nacional son responsables de un experimento fatal.
El reciente e inédito fallo de la Cámara Federal de Córdoba, que vincula la muerte de Melín Sartori de 24 años, con la vacuna Sputnik V, ha dinamitado el blindaje discursivo que sostuvo la campaña de vacunación COVID-19 en Argentina. Ya no es una «teoría» de redes; es una sentencia judicial respaldada por la propia Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas (CoNaSeVa). La pregunta que hoy quema en los despachos oficiales, tanto en Buenos Aires como en el Centro Cívico de San Juan, es: ¿Quién se hace cargo de los efectos de una decisión que fue, en la práctica, obligatoria?
Lo ocurrido con Melín Sartori tiene ecos en los tribunales más importantes del mundo. No estamos solos en este reclamo; la justicia global está empezando a romper el silencio:
•Reino Unido y el «Efecto AstraZeneca»: En 2024, el laboratorio AstraZeneca admitió por primera vez ante la justicia británica que su vacuna puede causar el síndrome de trombosis con trombocitopenia (VITT), el mismo cuadro que mató a Melín. Hay más de 50 demandas en curso en la Alta Corte de Londres y el gobierno británico ya ha pagado millones de libras en compensaciones a través del Vaccine Damage Payment Scheme.•
Alemania y las demandas masivas: Se han presentado cientos de demandas contra BioNTech y AstraZeneca por daños neurológicos y cardíacos. Los tribunales alemanes han obligado a los laboratorios a revelar datos internos sobre efectos adversos que no fueron comunicados inicialmente a la población.
•Italia y los fallos por homicidio culposo: En diversas regiones de Italia, la justicia ha investigado muertes de docentes y militares post-vacuna, determinando en varios casos el nexo causal directo y ordenando indemnizaciones estatales por la «obligatoriedad de facto» que se impuso a ciertos sectores.
«Autorizada» no es «Aprobada»: Una advertencia ninguneada
Uno de los puntos más oscuros fue la manipulación del lenguaje. Mientras el aparato de propaganda hablaba de vacunas «seguras y eficaces», lo cierto es que ninguna contaba con aprobación definitiva. En una entrevista telefónica que mantuve en aquel entonces con el exgobernador Sergio Uñac, le marqué personalmente esta distinción fundamental: una cosa es una autorización de emergencia y otra muy distinta es una aprobación tras completar todas las fases experimentales. La respuesta del entonces mandatario fue minimizar la diferencia, tratándola como un tecnicismo menor. Hoy, el fallo Sartori demuestra que no era un detalle: esa brecha técnica era la que separaba la seguridad médica de un experimento a escala poblacional. En San Juan, fuimos de las poquísimas voces disonantes que cuestionaron no solo la vacunación, sino también la falta de sustento científico en normas como la obligatoriedad del barbijo y los famosos «protocolos» cumplidos en las unidades de terapia intensiva de nuestros hospitales y centros de salud, mientras el resto del arco mediático y político optaba por el silencio o la obediencia debida.
La Ley 27.573, aprobada a libro cerrado, fue el marco legal que permitió este despliegue. Bajo esta norma (que debe declararse inconstitucional), se facultó al Ministerio de Salud de la Nación para realizar una «autorización de emergencia», saltándose los tiempos de la ciencia. Pero la ley declamaba algo que en la práctica nunca existió: una farmacovigilancia activa.
El Estado se comprometió a realizar un seguimiento estrecho de los inoculados para detectar efectos adversos. Sin embargo, ese trabajo de campo fue reemplazado por un sistema de reporte (ESAVI) burocrático y diseñado para desalentar la denuncia. Miles de sanjuaninos que sufrieron patologías cardíacas, neurológicas o autoinmunes post-vacuna se encontraron con que «no había a dónde ir a reclamar». El Estado se ocupó de la foto de la jeringa, pero abandonó al ciudadano al día siguiente. En nuestra provincia, la gestión de Sergio Uñac y su ministra de Salud, Alejandra Venerando, ejecutó una presión asfixiante. A través del Pase Sanitario y exigencias en reparticiones públicas y fuerzas de seguridad, impusieron una obligatoriedad de hecho. Se acorraló a la gente: o te inyectabas un fármaco experimental, o perdías el derecho a trabajar, a circular o a realizar trámites básicos. La gente iba presa por pasear a su perro o no hacer una fila.
¿Qué responsabilidad les cabe hoy? Como autoridades máximas, fueron los garantes de la aplicación de estas dosis sin asegurar el consentimiento informado. Omitieron a propósito, advertir a la población que estaban participando de un despliegue cuyos efectos a largo plazo eran desconocidos, ninguneando a quienes pedíamos explicaciones y rigor técnico.
Soñar con que los responsables se saquen la careta, es imposible. Deberían reconocer que hubo personas sanas que hoy no están porque el «Estado presente» y su sistema de salud, las empujó a un experimento sin red. Obviamente que jamás lo harán. La doctora Alejandra Venerando, Sergio Uñac, y a nivel nacional Carla Vizzotti y Alberto Fernández ya eligieron su camino: lavarse las manos y esperar que el tiempo borre la memoria.
Del mismo modo, parece un sueño que la Justicia de San Juan actúe de oficio o con la celeridad que el caso amerita. Mientras en Córdoba y en el mundo los jueces ya marcaron el camino, aquí la justicia Penal podría actuar de oficio pidiendo cárcel o inhabilitación. Los delitos que involucran a funcionarios públicos (como incumplimiento de los deberes, malversación o incluso negligencia criminal en salud pública) son de acción pública. Esto significa que cualquier fiscal, al tomar conocimiento de un hecho posiblemente delictivo (como lo es el fallo Sartori que confirma una muerte por una política de estado), tiene la facultad —y el deber— de iniciar una investigación sin esperar a que la víctima denuncie.
Esperar que los tribunales locales defiendan de oficio a los sanjuaninos que vieron vulnerados sus derechos fundamentales es, lamentablemente, otra ilusión que choca contra la realidad del poder.
Aun así, es el momento de decirlo a toda voz: la verdad está saliendo a la luz por la fuerza de los hechos, no por la voluntad de quienes firmaron los decretos. No habrá «pase sanitario» que los salve del juicio de la historia; el silencio ya no los protege, sólo confirma su irresponsabilidad y su negligencia.
