Veto a la Rapiña: Los argumentos legales que entierran el delirio territorial de Quintela y el silencio de sus «compañeros» sanjuaninos
En un acto que mezcla la urgencia financiera de una provincia en crisis con una soberbia institucional inaudita, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha lanzado otro zarpazo contra el territorio sanjuanino. Al pretender «rediscutir» límites cerrados hace casi seis décadas, Quintela no busca justicia, busca el botín: el cobre de proyectos como Josemaría (valuado en USD 4.000 millones) y la riqueza patrimonial de Ischigualasto. Sin embargo, su proyecto de ley tiene el mismo valor jurídico que un garabato en una servilleta, ya que choca de frente con un bloque legal infranqueable.
La postura del Ejecutivo provincial fue fijada por el gobernador Marcelo Orrego a través de sus redes, donde sentenció con claridad: “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro. Los límites con La Rioja no están en discusión”. Esta afirmación no es un eslogan, sino un hecho jurídico respaldado por la historia.
Los límites entre ambas provincias fueron sellados por la Ley Nacional N° 17.324 de 1967, cuyo Artículo 1° estableció la creación de la Comisión Nacional de Límites Interprovinciales para dar rigor técnico y definitivo a estas fronteras. El marco se completó con la Ley Nacional N° 18.004 de 1968, que ratificó las demarcaciones territoriales que hoy rigen. Según nuestra Constitución Nacional (Art. 75 inc. 15), es facultad exclusiva del Congreso Nacional fijar los límites de las provincias; pretender cambiarlos por una ley provincial es un acto de nulidad absoluta.
Incluso la historia reciente le da la espalda al reclamo riojano. En el año 2014, el Congreso de la Nación volvió a ratificar la vigencia de estos límites, cerrando cualquier «gris» interpretativo que Quintela hoy pretenda inventar. San Juan ha ejercido su soberanía técnica, política y económica sobre este territorio basándose en leyes nacionales que La Rioja hoy decide ignorar en un ataque directo a la seguridad jurídica de la región.
Lo que resulta verdaderamente alarmante en este escenario es el silencio atontado de quienes, habiendo gobernado la provincia, hoy prefieren no incomodar al «compañero» riojano. ¿Dónde están Sergio Uñac y José Luis Gioja? El exgobernador Uñac, hoy lanzado a una carrera presidencial, no ha emitido ni una palabra de condena contra su socio político Quintela. Para la «vieja» y la «nueva» guardia del PJ local, el mapa de San Juan parece pesar menos que la obediencia partidaria.
Este mutismo se complementa con el «acting» de otros actores. Es el caso del diputado nacional José Peluc, de La Libertad Avanza. Si bien Peluc salió a decir que Quintela busca «dos minutos de fama», en San Juan, hay quienes afirman que existe una alianza estratégica del diputado con el uñaquismo, compartiendo intereses incluso en medios de comunicación locales. Sus críticas huelen más a una puesta en escena para cumplir con la línea de Milei a nivel nacional que a una defensa genuina de su patria chica que le dio una banca nacional.
Es el juego de las máscaras: unos callan por pacto (Uñac/Gioja) y otros gesticulan para la tribuna (Peluc), pero ambos terminan siendo funcionales a un esquema que evita confrontar seriamente con el poder riojano.
La realidad es que San Juan no tiene nada que discutir. La Ley 18.004 es taxativa y en su Artículo 1° establece con precisión quirúrgica que la soberanía de nuestra provincia llega hasta los puntos más altos de la cordillera, incluyendo zonas que hoy La Rioja pretende desconocer. El texto legal reza textualmente: «Fíjase como límite entre las provincias de La Rioja y San Juan, el siguiente: a) Tramo cerro El Potro-paraje La Majadita: El límite parte de la cumbre del cerro El Potro…».
Este dato técnico es la prueba de que el reclamo de Quintela es un manotazo de ahogado frente a la claridad del derecho. Los hechos son concretos: hay leyes nacionales vigentes, hay una ratificación del Congreso en 2014 y hay un ejercicio ininterrumpido de la soberanía sanjuanina sobre esos recursos. Ante este escenario, solo falta que toda su dirigencia «opositora» deje de pedir permiso en despachos ajenos para defender lo que por derecho —y por ley— nos pertenece.
