Sergio Uñac: El senador que espera un fallo sobre el acueducto y «olvida» el que ya existe

Sergio Uñac salió a los medios con la tranquilidad de quien cree que tiene el partido ganado. El Senador Nacional y ex gobernador de San Juan se refirió al escándalo del Acueducto Gran Tulum con una calma que, lejos de transmitir inocencia, genera más preguntas que respuestas. Su mensaje fue claro: la Justicia va a hablar, y cuando lo haga, quienes publicaron que los caños no servían para agua potable sino para cloacas van a tener que responder.

Una advertencia velada al periodismo sanjuanino. Una amenaza con forma de promesa legal.

Pero antes de que Uñac empiece a hacer cuentas con el fallo que espera, conviene recordar un antecedente que él mismo prefiere olvidar u omitir y del que nadie le preguntó en estos reportajes.  

Lo que la Justicia ya dijo

En junio de 2025, el juez Héctor Rollán rechazó la demanda por injurias y calumnias que el extinto Gustavo Monti —con algún parentesco con Uñac y apoderado de la empresa Krah, adjudicataria de las licitaciones del acueducto— había iniciado en mi contra. El reclamo era de seis millones de pesos al principio pero terminó pidiendo camionetas y un viaje a Europa con su familia. 

El juez no solo desestimó la demanda. Fue más lejos: determinó que la información difundida en el programa radial Con Alma y Vida había sido «acreditada como verdadera» en el proceso. Que el tema era de «indudable interés público». Que no hubo real malicia, sino periodismo y que al pariente de Uñac no le cerraba el blanco.

Dicho en criollo: lo que dije era cierto. Lo escribieron cuatro jueces de la Justicia Civil.

Pero mencionemos también los caños, el crédito y la deuda que paga el pueblo. El Acueducto Gran Tulum nació como una obra estratégica para abastecer de agua potable al San Juan del millón de habitantes. Se financió con un crédito kuwaití de 100 millones de dólares —herencia diplomática de la Guerra del Golfo y el apoyo de Menem— que la provincia ya empezó a devolver. La obra, en cambio, no está terminada. Uñac dijo hace días que las licitaciones fueron legales.

La empresa que se quedó con las dos licitaciones clave fue Krah, firma alemana cuyo apoderado en San Juan era Gustavo Monti. El mismo Monti que aparece en las fotos de la apertura de sobres, en primera fila, al lado del director de Krah Latinoamérica. El mismo Monti que después intentó silenciar a los periodistas que hablaron del tema.

En marzo de 2026, un informe técnico encargado por OSSE sacudió la provincia: las tuberías instaladas por Krah «aplican para desagüe pluvial y cloacal», no para agua potable. Fabricadas con materiales que podrían migrar partículas tóxicas al agua de consumo humano. Tiempo de San Juan publicó la noticia el 19 de marzo. Ese informe está hoy en manos de la Fiscalía como prueba en la causa penal. Nadie lo desmintió. Dos episodios que Uñac mezcla deliberadamente. Por eso conviene también entender bien qué desmintieron —y qué no— las empresas que él cita como escudo.

Acá es donde hay que ser precisos, porque Uñac en Radio Colón dijo algo que suena a refutación, pero no lo es.

El mismo 19 de marzo, en simultáneo con la publicación de Tiempo de San Juan sobre los caños cloacales, comenzó a circular en medios provinciales un informe alternativo que supuestamente decía lo contrario: que las tuberías sí eran aptas para agua potable. Ese documento fue atribuido a la consultora Interacción, con certificación de Bureau Veritas.

La consultora Interacción salió al cruce al día siguiente con un comunicado público: «nuestra Consultora no ha recibido ningún pedido de asesoramiento específico para evaluar si el material de las cañerías es apto para el transporte de agua potable. En consecuencia, informamos que no existe informe ni opinión técnica emitida por nuestra firma sobre este asunto». Nunca les pidieron nada. Nunca elaboraron nada. El informe que circuló con su nombre no era de ellos.

Bureau Veritas, por su parte, sí emitió posteriormente un certificado — pero aportado a la Fiscalía por la propia empresa Krah, no por el Gobierno. En él sostuvo que los materiales de las tuberías son aptos para conducir agua potable. Es decir: los mismos acusados presentaron su propio aval técnico. La Justicia deberá evaluar ese certificado junto con el informe original de OSSE, que nadie refutó formalmente.

Sobre lo que contenía exactamente el pen drive que el Gobierno habría presentado ante la Fiscalía, el propio fiscal Sebastián Gómez reconoció públicamente que desconocía su contenido. Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta oficial.

Cuando Uñac dice en el complaciente reportaje de Radio Colón que «la consultora aclaró que no dijo eso» y que «Bureau Veritas confirmó que los caños son aptos», está construyendo una defensa con piezas que no encajan entre sí. Lo que Interacción desmintió fue el informe alternativo que circuló falsamente con su nombre — no el informe original de OSSE, que sigue en pie. Y el certificado de Bureau Veritas que avala los materiales no lo encargó ni lo presentó el Gobierno: lo aportó Krah, la empresa bajo sospecha, como defensa propia ante la Fiscalía. Que los acusados tengan su propio aval técnico no neutraliza la prueba del Estado — eso lo decidirá la Justicia, con peritos del INTI ya convocados para dirimir la cuestión

La amenaza que no intimida

Uñac confía en que la Justicia le dará la razón. Puede que en algún punto técnico sobre la composición química de los caños haya margen para el debate. Pero eso no responde las preguntas que verdaderamente importan: ¿por qué Monti estaba en la apertura de sobres? ¿Por qué la oferta de Krah superó en más de 74 millones de pesos el presupuesto oficial y aun así ganó? ¿Por qué la empresa competidora advirtió antes de la adjudicación que las tuberías eran «experimentales»? ¿A dónde fue la plata? ¿Cuánto falta para que empiecen a desenterrar algunos tramos y así saber fehacientemente qué hay allá abajo?

Cuando Uñac amenaza con que la Justicia va a actuar contra los periodistas que «desinformaron», está confundiendo dos cosas. Una es la exactitud técnica de un informe. Otra, muy distinta, es la legitimidad de investigar por qué el pariente del gobernador manejaba contratos millonarios del Estado.

Sobre el tema, Tribunales ya habló… le dio la razón al periodismo y eso le sopla el castillo de naipes a Sergio. Intimidar comunicadores con la justicia, es más fácil cuando omitís que ya perdiste, o cuando iniciaste conversaciones para que todo lo que está mal, dentro de poco, parezca que está bien.