En la política sanjuanina, las profecías suelen ser herramientas de control. Corría el año 2023 cuando el uñaquismo, herido por el fallo de la Corte Suprema que le impidió a Sergio Uñac buscar su tercer mandato, lanzó una advertencia que resonaba como una amenaza: «Más vale que gane Uñac (Rubén) porque si no, esto se va a la mierda». Todos la decían, la repetían sin parar y lo hacían con esa convicción viciada de intereses que se notaba a la legua.
La narrativa era clara: la provincia estaba diseñada para funcionar solo bajo su mando. Sin embargo, Marcelo Orrego ganó, ya pasaron más de dos años, y San Juan sigue en pie. Lo que realmente quedó al descubierto no fue un caos inevitable, sino un «Estado paralelo» programado para resistir y una clase exdirigente que se aseguró de no quedar nunca a la deriva. Mientras el justicialismo filokircherista intenta reinstalar el miedo al fracaso ajeno, la realidad muestra una ex dirigencia que se garantizó un presente de opulencia. La mayoría de los «cabezones» de Gioja o de Uñac no quedaron expuestos a las inclemencias del llano: desde ex ministros, secretarios y hasta varios de las terceras líneas hoy se refugian como asesores o directivos en cajas estratégicas.
Son dirigentes que se volvieron multimillonarios mientras gestionaban, operando con la astucia del zorro. Han sabido esconder sus patrimonios bajo la figura de testaferros y estructuras a nombre de terceros, blindando estancias en otras provincias lejos de la mirada local. El intento de retorno del uñaquismo y del giojismo no es por vocación de servicio; es un operativo de rescate para proteger ese ecosistema de impunidad donde nadie pregunta por el origen real del dinero. Y los mezclo porque en eso son iguales, entre bueyes no hay cornadas.
¿Pero cuál es el brazo económico y por qué existe el código del silencio?
Esta colonización empezó hace tres décadas con el ingreso a la administración pública como premio a la lealtad política. Una burocracia conformada por personas a las que se les prometió la estabilidad a cambio de obediencia, y que hoy actúan como un ‘ejército de resistencia’ desde adentro.
Pero no se limitó solamente a los despachos oficiales; se extendió sobre toda la actividad económica de San Juan. En 30 años, se repartieron los Registros del Automotor, entraron al negocio de las agencias de autos, de motos, autoservicios mayoristas, proveedurías mineras, cafés, medios de comunicación, empresas de colectivos, hasta el mercado inmobiliario de lujo, con torres exorbitantes presentadas con puestas en escena mediáticas…por nombrar sólo algunas. Están en todas partes: controlan los consejos profesionales, las uniones vecinales e infiltraron las comisiones de los clubes de fútbol y de hockey. Esta red es la que hoy opera como un sabotaje interno. En la Obra Social y en los organismos de salud, la resistencia es palpable: expedientes frenados y turnos que se dilatan, buscando que el ciudadano, por puro cansancio, crea que el «orden» solo vuelve con ellos. Y ni hablar de los gremios, casi todos peronistas.
Pero «ese poder» no se ejerce solo con dinero, sino con un código de lealtad de hierro que prohíbe la autocrítica. Es el mismo esquema que, a nivel nacional, los lleva a colgar carteles de «Cristina presa política» ignorando las condenas por corrupción, y que obliga a figuras locales con aspiraciones a sostener a ladrones condenados, por miedo a romper la fila. Para esta estructura, la obediencia es más importante que la decencia: callaron ante el desastre de Alberto Fernández y hoy callan ante la evidencia judicial, porque en su mundo, el que no es cómplice es enemigo. Y como decía el General «al enemigo, ni justicia». Por eso las histéricas campañas de desprestigio de los Emilianos de la vida.
En este escenario de blindaje absoluto, donde es imposible destapar todas las ollas de un San Juan repartido entre agencias, súper mayoristas y torres de lujo, hay un único frente de investigación abierto y puede burlar el sistema diseñado para que nadie hable.
El pueblo tiene hoy a su merced una prueba que rompe el cerco y es sin dudas el Talón de Aquiles de los intocables: el escándalo del Acueducto Gran Tulum. Esta causa nació de la soberbia del poder, surgió del juicio que el empresario Gustavo Monti —pariente y beneficiario directo de la era Uñac— perdió frente al periodismo independiente.
Ese revés judicial fue el kilómetro cero de la verdad. Lo que se vendía como la obra del siglo hoy aparece como una trama de presunta corrupción con créditos kuwaitíes y materiales inservibles. El Acueducto es la prueba de que el «modelo exitoso» fue el decorado de una gran defraudación.
En este 2026, el uñaquismo vuelve a la carga con su vieja profecía del desastre. Pero San Juan ya entendió el truco: la provincia no se «iba a la mierda», simplemente se la habían repartido. El miedo que intentan vender no es por el bienestar de los sanjuaninos, sino por el pánico de los prepotentes de antes, que ahora ven cómo el agua del Acueducto empieza a mojarles los calzoncillos. Por eso es que hoy vemos ese esfuerzo tan notable por parte de la defensa técnica que encabeza Nasser Uzair. El abogado de los ex presidentes de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, ha centrado su estrategia inicial en intentar desprender a Uñac de toda responsabilidad sobre el acueducto. Buscan que el hilo se corte por lo más delgado, intentando salvar al jefe político mientras los funcionarios que ejecutaron sus órdenes quedan en la primera línea de fuego judicial.
El caos que tanto anunciaron no era un destino; era su estrategia de defensa para que nadie les quite lo que se llevaron. Pero la verdadera tragedia no es solo el despojo material; es que hoy vuelven a mirarte a los ojos pretendiendo que nada de esto pasó, convencidos de que el silencio se puede comprar y que el pasado se borra con un eslogan. San Juan ya no espera soluciones de quienes fueron el problema. Espera simplemente, que la decencia deje de ser la excepción para volver a ser la regla.
La apuesta de los prepotentes es que nuestra memoria sea más corta que su ambición.
