Estafas en San Juan: ¿Por qué los «malos» esperan el juicio en su casa?

San Juan asiste hoy a una paradoja que duele e indigna. Mientras miles de sanjuaninos lamentan amargamente haber perdido todo, una suerte de «emprendedores del fraude» transcurren sus días en una comodidad que sus víctimas ya no pueden soportar. La provincia parece haberse convertido en un terreno fértil para el engaño, donde robar ilusiones sale barato y el sistema judicial, lejos de ser un muro de contención, termina siendo una red de seguridad para el que sabe delinquir con saco y corbata. Las estadísticas no mienten: solo el año pasado se registraron más de 3.700 denuncias en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que coordina el fiscal Pablo Martín, una cifra que desnuda un colapso institucional donde el delincuente siempre parece ir un paso adelante de la ley.

El caso de Denise Robles Bonadé y Rubén Martín es, quizás, el retrato más fiel de esta desfachatez. Esta pareja, acusada de destrozar el futuro de casi 300 familias con la venta de lotes inexistentes, estalló mediáticamente en abril de 2025. Bajo la mirada de los jueces de Garantías y la fiscalía de estafas, ambos cumplen hoy una prisión domiciliaria que sabe a privilegio, ya que el Juez Gerardo Fernández Caussi es el magistrado que hoy tiene en sus manos el destino de la pareja y que, a pesar de los pedidos de la fiscalía para que vuelvan al penal por la magnitud del daño (300 estafas), decidió que sigan en sus casas. Todavía resuena en la memoria de los damnificados la impudicia con la que Robles Bonadé se exhibía en sus redes sociales: viajes, brindis con champán y una vida de lujos financiada con los ahorros de gente de trabajo. Pero la indignación no termina en las fotos de Facebook ya que la Justicia autorizó a Robles Bonadé a salir de su casa para rendir materias de la carrera de Abogacía. El simbolismo es perverso: la estafadora usa el tiempo libre que le regala el sistema para aprender las leyes que violó, al tiempo que quienes le pagaron sus lujos hoy no saben si podrán alguna vez, habitar la casa que la futura abogada les robó.

Esa misma línea de impunidad recorre los pasillos de la megacausa de Héctor Andrés Storniolo, el fraude inmobiliario más grande de nuestra historia reciente. El caso tomó estado público en octubre de 2024, con un perjuicio que supera los 2.700 millones de pesos. Recientemente, el fiscal Eduardo Gallastegui denunció que Storniolo intentó engañar al juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi con documentos falsos para evitar el proceso, lo que derivó en que este mes de mayo de 2026 el empresario regresara al penal de Chimbas. Pero Storniolo es el único que hoy duerme tras las rejas. El resto de su estructura, una verdadera asociación ilícita que se repartió roles para el saqueo, camina hoy por las calles de San Juan con una tranquilidad que espanta. Entre ellos están su esposa Patricia Nacif y su socio Juan Gallerano La Hoz, quienes manejaban los hilos de las empresas. A ellos se suma el ejército de captadores que ponían la cara y la firma para convencer a los ahorristas, como el corredor Ricardo Sánchez Montilla, Mariana Pérez Bedini y Federico Salinas. La red de impunidad se completa con los prestanombres y socios operativos como Diego Reta y los hermanos Orlando y Adela Rueda, además de Rosa María del Valle Storniolo. Todos ellos, piezas fundamentales de un engranaje que trituró los ahorros de 600 familias, hoy transitan el proceso en absoluta libertad por decisión del juez Gerardo Fernández Caussi, dejando a Héctor como el único chivo expiatorio de una banda que sigue disfrutando del sol sanjuanino

Esta conquista de lo ajeno llega incluso al Estado. La trama del Médano de Oro revela una herida profunda: la entrega irregular de tierras fiscales durante la gestión anterior bajo el sello de loteos como «Vista al Cerro». La denuncia formal del Ministerio de la Producción se conoció en septiembre de 2025, y el fiscal Duilio Ejarque imputó a nombres como José Alberto Díaz y Estela Juana Capelli. Lo que debían ser parcelas agrícolas terminaron transformadas en exclusivos quinchos con pileta para allegados al poder. Mientras familias que compraron de buena fe enfrentan el desalojo, Díaz y sus cómplices caminan libres por San Juan por decisión del mismo juez Fernández Caussi, mientras el Estado intenta recuperar lo que la política entregó entre sombras.

Pero el fraude no descansa. Mientras la jueza Carolina Parra y el fiscal Guillermo Heredia intentan procesar el escándalo de Branka Motors —que sacudió a la provincia con más de 340 denuncias—, la justicia tuvo que dar un volantazo: ante el incumplimiento de los pagos prometidos a los damnificados, los hermanos Alexis y Jonathan Marcó, junto a Facundo Banega Zuvire, regresaron este mes a las celdas del penal de Chimbas. Sin embargo, ese rigor parece ser la excepción.

En la vereda de enfrente, el caso de Global Market estalla hoy con denuncias que superan los 4.000 millones de pesos. Allí, el titular de la financiera, Carlos Omar Ahumada, camina en libertad por decisión del juez de Garantías Javier Figuerola, quien rechazó el pedido de detención a pesar de la magnitud de los fondos evaporados. Es el cuento de nunca acabar: una oficina con aire acondicionado, una promesa de retorno fácil y una justicia que, en la mayoría de los casos, llega siempre cuando el pozo ya está vacío.

Y acá es donde el tecnicismo legal se vuelve una burla. Cuando uno se pregunta por qué estos personajes no están tras las rejas, la respuesta aparece en el polémico Artículo 32 de la Ley 24.660. Es esa normativa la que le abre un abanico de excusas al magistrado de turno para enviar al estafador a su casa. La ley permite la detención domiciliaria no solo para quienes tienen hijos menores de cinco años o con discapacidad a su cargo —el escudo favorito en estos casos—, sino también para quienes superan los 70 años, mujeres embarazadas o personas con enfermedades que el sistema carcelario no pueda atender. Lo que nació como un resguardo humanitario para casos excepcionales, se transformó en San Juan en la red de seguridad del delincuente de guante blanco. La ley dice que el juez ‘podrá’ otorgar el beneficio, pero en nuestra provincia ese condicional se ha vuelto una zona de confort judicial: el estafador usa su edad o a su familia como garantía de impunidad, en tanto los hijos de los estafados sufren las carencias de haberlo perdido todo. Y eso da la sensación que a la ley no le incumbe.

La Justicia sanjuanina está sobrepasada, es cierto, y no se puede ignorar que el Poder Judicial ha venido trabajando para profesionalizar sus áreas y cambiar una imagen que arrastraba de gestiones anteriores, logrando avances significativos. Sin embargo, en el día a día de estas estafas masivas, ese esfuerzo parece diluirse. El sistema permite que un estafador progrese en su carrera universitaria bajo la luz de su living, en tanto sus víctimas se hunden en la quiebra. Es esa desconexión, ese abismo entre la letra fría de los reglamentos y la urgencia del ciudadano que perdió sus ahorros, es lo que termina por dinamitar la credibilidad que tanto costó reconstruir. Es hora de que los jueces empiecen a mirar menos los incisos y más el impacto de sus decisiones en la piel de la gente, porque detrás de cada millón de pesos evaporado, hay familias enteras que ya no saben en quién creer.