Justicia Federal: Cuando la autopercepción vale más que el mérito

La reciente decisión de la Justicia Federal de reservar cargos para el colectivo travesti-trans en San Juan y Mendoza no es solo un error administrativo; es una declaración de principios de un Estado que ha decidido darle la espalda al mérito. El llamado oficial, firmado por el Procurador General interino Eduardo Casal, establece textualmente:

«Habilitar la inscripción para los Concursos N°378 de la Unidad Fiscal San Juan y N°381 de la Unidad Fiscal Mendoza, para cubrir vacantes del agrupamiento Técnico Administrativo para personas comprendidas en las previsiones de la Ley N°27.636, de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins’…»

Bajo esta bandera ideológica, el Estado nos invita a un ejercicio de imaginación que roza el absurdo. Si el criterio para obtener un empleo público ya no es la idoneidad sino la pertenencia a un grupo determinado, ¿por qué detenernos ahí?

Siguiendo la lógica del Ministerio Público Fiscal, el Estado debería empezar a reconocer otros «colectivos» que sí hacen el esfuerzo real de sostener este país. ¿Para cuándo un cupo para el sanjuanino que se levanta a las 5 de la mañana a regar la viña muerto de frío? ¿Dónde está la reserva de cargos para el panadero que a las 4 ya está amasando, o para el docente rural que hace kilómetros a dedo para llegar a la escuela?

Si vamos a repartir privilegios, empecemos por ejemplo, por los que madrugan: un cupo para el tambero, para el fletero que carga el camión antes de que salga el sol, para la enfermera que empalma guardias eternas o para el obrero de la construcción que levanta el país con el lomo. Esa gente no tiene una ley con su nombre, ni colectivos militantes que les aseguren un sueldo en la Justicia Federal; ellos solo tienen el despertador, el lomo curtido y la cultura del trabajo.

Pero el problema no es solo la injusticia del privilegio, sino la total falta de transparencia. Entramos en un terreno pantanoso cuando nos preguntamos: ¿Cómo comprueba la Justicia que un aspirante pertenece realmente a este colectivo? En un sistema basado puramente en la «autopercepción», sin controles objetivos, el Estado está abriendo una ventana peligrosa al oportunismo. Cualquier «vivo» podría alegar una identidad específica solo para saltarse la fila y manotear un sueldo del Estado que a cualquier otro ciudadano le costaría años de estudio y sacrificio.

Como dato al margen, la ironía se vuelve amarga cuando observamos la militancia simbólica incrustada en el lenguaje oficial. Se bautizan leyes con nombres de referentes de algunos sectores, mientras se ignora el drama de miles de ciudadanos anónimos. En una Argentina donde la inseguridad mata todos los días —padres asesinados por un celular o abuelos golpeados en un asalto—, resulta un agravio que solo ciertas muertes tengan el «honor» de nombrar una ley. ¿Acaso la vida de un trabajador asesinado por la delincuencia vale menos que la de un activista? ¿Por qué no hay una ley con el nombre de cada sanjuanino víctima de la desidia o la inseguridad que obligue a la Justicia a trabajar con la misma celeridad?

Ahora volvamos al hilo central, porque a este nuevo sistema de «privilegios por etiqueta» se le suma el vicio histórico que la Justicia Federal nunca quiso sanar: el amiguismo y el parentesco. Mientras se llenan la boca hablando de «Ingreso Democrático», todos sabemos que los tribunales siguen funcionando como feudos donde el apellido y el padrino político pesan más que cualquier examen. Ahora, a los parientes y los «hijos de», se le suma este invento de la autopercepción. El resultado es el mismo: el ciudadano común, el que no tiene influencias ni etiquetas militantes, queda siempre último en la fila, aunque puedan sobrarle méritos. 

Este intento de continuar minando las instituciones con ideología es lo que degrada la confianza pública. Mientras la Justicia gasta tiempo y recursos en reglamentar cupos y «planes de acompañamiento», los expedientes de la gente común duermen el sueño de los justos y la corrupción sigue invicta.

Cuando la ley y el Ministerio Público Fiscal hablan de «planes de acompañamiento» (según ordena la Resolución PGN 14/2023 y 70/22), no se refieren solo a dar el trabajo, sino a toda una estructura extra que el Estado arma exclusivamente para este colectivo. Estos planes incluyen tutores y mentores que se designan dentro del organismo para «guiar» y seguir de cerca al ingresante, algo que no existe para el resto de los empleados que tienen que «arreglárselas» solos desde el primer día.

También debe darse una capacitación obligatoria para el resto de los empleados. Se gasta tiempo de trabajo de todos los demás empleados en cursos de «sensibilización» para que aprendan cómo tratar al nuevo ingresante bajo estos nuevos paradigmas. Asimismo, se hace el seguimiento de «permanencia» que son protocolos especiales para asegurar que la persona no se vaya o no sea sancionada como cualquier otro, dándole una red de contención que el ciudadano común jamás tendría si llega tarde o no rinde en su laburo. Y como si fuera poco gozan de una inusitada flexibilidad de requisitos, ya que muchas veces estos planes permiten que la persona complete sus estudios o se capacite mientras ya está cobrando el sueldo, algo que para el resto de los mortales es al revés: primero estudias, te recibís y después intentas entrar.

En resumen: es un trato preferencial que sigue después de la contratación porque refuerza argumento de que no es solo un cupo para entrar, sino una «pista preferencial» financiada con los impuestos de todos, mientras que al laburante común nadie lo «acompaña» ni le perdona nada. Es como un «servicio de asistencia permanente» solo por pertenecer al colectivo y salir elegido.

Si seguimos fragmentando a la sociedad en guetos con privilegios, vamos camino a una justicia de especies. El colectivismo es la muerte del mérito. Lo que San Juan necesita no son empleados elegidos por su alcoba o por su militancia, sino trabajadores elegidos por su capacidad. Es hora de dejar de premiar la pertenencia y empezar a respetar a los que, desde las 6 de la mañana, de verdad empujan el país.