Para responder esta pregunta hay que salir de los discursos y mirar las cuentas públicas.
Esta comparación toma como marco los dos últimos ejercicios de Uñac y los dos primeros de Orrego. Para el análisis detallado se utilizan especialmente los datos homogéneos disponibles de 2023 y 2024
Uñac gobernó San Juan durante ocho años, entre 2015 y 2023. Orrego asumió en diciembre de ese año. Por eso, esta nota no pretende evaluar la totalidad de ambas gestiones, sino comparar cómo cerró la administración de Uñac y cómo comenzó la de Orrego a partir de cuatro ejercicios presupuestarios consecutivos.
La fuente principal son las Cuentas Generales y las Cuentas de Inversión de la Provincia, elaboradas por la Contaduría General. Esos documentos permiten analizar los recursos, los gastos, el resultado financiero, la deuda y el destino de los fondos públicos.
También hay que considerar la inflación. No se pueden comparar pesos de distintos años como si tuvieran el mismo valor. Gastar más pesos no significa necesariamente gastar más. Y cerrar un ejercicio con resultado financiero positivo tampoco significa, por sí solo, haber administrado mejor. Este cálculo y las cuentas oficiales a consultar, debo agradecerlo al CPN amigo, quien prefiere no ser nombrado.
La nota no pretende enumerar todas las obras realizadas, iniciadas o anunciadas por cada gobierno. Sería imposible y tampoco sería conveniente convertir el análisis en un inventario de inauguraciones. Tanto Uñac como Orrego, al igual que administraciones anteriores, realizaron obras deportivas, sanitarias, viales, energéticas y habitacionales que no aparecen mencionadas en su totalidad.
El objetivo es concentrarse en las principales obras y en aquellas que permiten discutir con mayor claridad el uso de los recursos, las prioridades elegidas, el endeudamiento y el patrimonio que queda para los sanjuaninos.
El cierre de la gestión de Uñac
En 2023, último ejercicio analizado de la gestión de Sergio Uñac, la Provincia percibió aproximadamente $659.672 millones y registró gastos por $674.377 millones.
La finalidad Educación y Cultura ejecutó alrededor de $156.466 millones; Seguridad, unos $59.177 millones; Vivienda y Urbanismo, casi $49.900 millones, y Turismo, aproximadamente $5.481 millones.
En Educación, el cálculo específico utilizado por la Contaduría para medir el gasto por alumno fue de aproximadamente $146.614 millones. Sobre una matrícula de 259.265 estudiantes, eso representó unos $565.502 por alumno.
En Salud hay que ser cuidadosos. La cifra de $98.215 millones que aparece en algunos cuadros no debe presentarse automáticamente como el gasto sanitario total de la Provincia. El indicador homogéneo de la Cuenta General ubicó el gasto provincial en Salud en aproximadamente $123.909 por habitante durante 2023.
La propia Contaduría señaló que, al actualizar los valores de 2022 a diciembre de 2023, la inversión por alumno había disminuido en términos reales en aproximadamente $112.771. También informó una caída real cercana al 3% en el gasto sanitario respecto del año anterior.
El gasto nominal podía aumentar, pero el esfuerzo real ser menor después de descontar la inflación.
La Cuenta General informó además un resultado financiero positivo de aproximadamente $3.103 millones. El dato debe ser reconocido, pero no alcanza para demostrar una buena administración.
Los recursos percibidos fueron inferiores al gasto ejecutado y el resultado financiero debe analizarse junto con las demás fuentes, aplicaciones y movimientos del ejercicio. No permite afirmar que la Provincia haya quedado financieramente ordenada.
Ese resultado tampoco elimina la deuda acumulada, los créditos asumidos, las obras inconclusas ni los compromisos trasladados al gobierno siguiente. Una provincia puede cerrar un ejercicio con resultado positivo y, al mismo tiempo, dejar obligaciones importantes para los años posteriores.
Orrego y un escenario diferente
Marcelo Orrego asumió en diciembre de 2023 y gobernó su primer ejercicio completo en un contexto nacional distinto, con una fuerte reducción de la obra pública financiada por la Nación y menor asistencia para algunos programas.
Durante 2024, la Provincia percibió aproximadamente $1,7819 billones y registró gastos por alrededor de $1,5865 billones. El resultado financiero fue positivo en aproximadamente $195.397 millones.
La diferencia entre recursos y gastos fue mucho más amplia que la registrada en 2023. Sin embargo, tampoco este resultado debe analizarse de manera aislada. Hay que observar la deuda, las obligaciones heredadas, las transferencias nacionales, las reservas y la calidad del gasto.
Según la Cuenta General, el gasto provincial alcanzó aproximadamente $347.310 por habitante en Salud, $1.568.266 por alumno en Educación y $191.948 por habitante en Seguridad.
En 2023, esos indicadores habían sido de $123.909 por habitante en Salud, $565.502 por alumno en Educación y $73.435 por habitante en Seguridad.
La diferencia no fue solamente nominal. Al descontar la inflación de 2024, el aumento real aproximado fue del 29% en Salud, del 27% en Educación y del 20% en Seguridad.
Eso permite sostener que el esfuerzo presupuestario provincial por habitante y por alumno fue mayor durante 2024 que durante 2023.
En Educación, además, Nación dejó de financiar o discontinuó varios conceptos, entre ellos componentes vinculados con el Fondo Nacional de Incentivo Docente y la conectividad. San Juan decidió afrontar con recursos propios parte de esas obligaciones.
El Gobierno provincial informó primero un desembolso cercano a $770 millones mensuales y luego habló de un esfuerzo aproximado de $1.000 millones. Esos montos deben presentarse como cifras informadas por la administración provincial, salvo que se los acompañe con la ejecución presupuestaria correspondiente.
Los datos muestran un mayor esfuerzo provincial por alumno y por habitante durante el primer año completo de Orrego. No demuestran por sí solos que los servicios hayan funcionado mejor, pero sí establecen una diferencia concreta en materia presupuestaria.
Más obra no siempre significa mejor administración
La gestión de Uñac tuvo una política expansiva de obra pública. En 2023 se terminaron 14 establecimientos educativos, con casi 12.900 metros cuadrados, y el IPV concluyó 1.171 viviendas.
Esos datos forman parte de la ejecución oficial y no corresponde desconocerlos. Pero la cantidad de obras no demuestra por sí sola una mejor administración. También hay que analizar su costo, su financiamiento, su utilidad social y las prioridades que desplazaron.
Un ejemplo es el Velódromo Vicente Alejo Chancay, construido en Pocito e inaugurado en 2023. Es un estadio moderno y cerrado, con aproximadamente 25.000 metros cuadrados, capacidad para unas 6.500 personas y una pista construida bajo normas internacionales.
La obra fue licitada en diciembre de 2017. La oferta más baja fue de $1.678.442.111, aunque ese valor no representa necesariamente el costo final porque la construcción se extendió durante varios años y tuvo actualizaciones contractuales.
Para dimensionar esa inversión, puede tomarse como referencia el costo unitario de una vivienda social de la misma etapa. Una comparación simple permite estimar que el valor inicial del velódromo equivalía aproximadamente a 2.000 viviendas.
La cifra es orientativa: se trata de obras diferentes, de valores correspondientes a distintos momentos y con costos de urbanización que no necesariamente están incluidos de la misma manera.
Pero el cálculo permite dimensionar la decisión presupuestaria.
El velódromo puede ser valioso para el deporte sanjuanino, del mismo modo que en gestiones anteriores se construyeron estadios y complejos vinculados con disciplinas de fuerte arraigo local, como el hockey. El punto no es negar la importancia del deporte ni desconocer el valor de esas instalaciones.
La pregunta es si, cuando cada obra fue decidida, constituía una prioridad frente a las necesidades de hospitales, escuelas, agua potable, seguridad, vivienda e infraestructura productiva.
La discusión no es si una obra es hermosa o moderna. Es si era la mejor decisión posible para los recursos disponibles.
Por eso, no corresponde afirmar automáticamente que Uñac “hizo más y mejor obra”. Lo que puede decirse es que impulsó una política de mayor expansión constructiva, pero esa expansión debe ser evaluada obra por obra.
Las obras de Orrego y las que está poniendo en marcha
La comparación tampoco sería completa si solo se enumeraran las obras de la gestión anterior y se ignorara lo que el gobierno de Orrego está construyendo, inaugurando o proyectando.
Durante su gestión se habilitó la repavimentación de la Ruta Nacional 153, en Sarmiento; se ampliaron centros de salud, como el de 25 de Mayo; se informó la remodelación y ampliación de 16 Centros de Atención Primaria de la Salud, y se proyectó una ampliación de más de 6.000 metros cuadrados en el Hospital Rawson para incorporar nuevos consultorios.
También se inauguró la segunda etapa de modernización del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y se ejecutaron obras viales en Rivadavia, la avenida España y la avenida Alem.
En la Ciudad de San Juan se desarrolla, además, un programa de pavimentos urbanos que debe ser atribuido correctamente. No se trata exclusivamente de una obra municipal ni exclusivamente provincial. La Provincia puso en marcha un programa acordado con los 19 municipios, que contempla la pavimentación de 636.500 metros cuadrados de calles urbanas.
Dentro de ese esquema se incluyen trabajos en la Capital, como la renovación del microcentro y la pavimentación de avenidas. Por eso, corresponde hablar de una política conjunta entre la Provincia y los municipios, con participación de fondos y planificación provinciales.
Otra obra relevante es la repavimentación y el ensanche de la Avenida de Circunvalación, una de las principales vías de conexión del Gran San Juan. El proyecto incluye mejoras en la circulación, la seguridad vial, la repavimentación, el sellado de fisuras, el bacheo y el reacondicionamiento de banquinas.
La obra incorpora, además, un sistema de iluminación sustentable compuesto por 36 estructuras metálicas y 360 paneles solares, destinado a cubrir el 100% de la demanda energética de la iluminación de la avenida. El objetivo fue convertir a la Circunvalación en una infraestructura vial con generación eléctrica propia.
A esto se suman la licitación de puentes para Mogna, financiados mediante el Fideicomiso Fase VI Veladero, y el acuerdo alcanzado con el proyecto Vicuña.
Según la información oficial, ese acuerdo contempla un aporte de US$250 millones no reembolsables ni compensables para infraestructura durante 2026. Entre las primeras obras previstas aparece la intervención de la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo entre Albardón y Jáchal.
No todas estas obras están terminadas. Algunas fueron inauguradas, otras están en ejecución y otras fueron anunciadas o financiadas. Pero muestran una agenda orientada a salud, rutas, conectividad, energía, pavimentos urbanos y desarrollo productivo.
Deudas, obras inconclusas y renta minera
El Acueducto Gran Tulum fue uno de los grandes proyectos de infraestructura de la etapa anterior. En 2019 se suscribió un financiamiento del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por US$50 millones.
La documentación oficial indicó que la obra beneficiaría inicialmente a unas 520.000 personas, con una proyección de largo plazo superior al millón.
La necesidad del acueducto no está en discusión. Lo que debe discutirse es su ejecución, sus controles, su costo y el resultado concreto obtenido.
Existe una investigación judicial (un tanto demorada) por presuntas irregularidades vinculadas con el proyecto. Una investigación no es una condena y no corresponde afirmar que hubo corrupción mientras la Justicia no lo determine. Pero tampoco corresponde ignorar que la causa existe, más teniendo en cuenta el juicio ganado por quien suscribe a Gustavo Monti por el «llamativo enriquecimiento» en su carácter de pariente del exgobernador Uñac proveyendo caños en la megaobra frustrada.
La Provincia debe explicar cuánto dinero ingresó, cuánto se utilizó, qué se construyó, qué quedó pendiente y cuáles son las obligaciones financieras actuales.
El Túnel de Zonda plantea una situación todavía más delicada. En 2021 se aprobó un financiamiento de US$49.973.127, más intereses. La obra fue contratada por aproximadamente $8.469 millones y comenzó formalmente en noviembre de 2022.
Sin embargo, la auditoría del programa de financiamiento citada en la documentación consultada registró un avance físico de apenas 19,96% al cierre de 2023. El ministro de Economía Roberto Gutiérrez afirmó luego que la Provincia continuaba afrontando obligaciones vinculadas con el proyecto y estimó el saldo en unos $25.000 millones.
El crédito se tomó, el contrato se firmó, la obra comenzó y la deuda continuó. La infraestructura, en cambio, no quedó terminada.
Una obra financiada con deuda debe evaluarse por lo que efectivamente queda construido después de utilizar el dinero.
También existe una discusión pendiente sobre la renta minera. El Grupo Sarmiento estimó que entre 2006 y los primeros nueve meses de 2024 se habrían generado más de US$221 millones en regalías y fondos fiduciarios vinculados con Iglesia. Luego actualizó su cálculo y sostuvo que el monto habría superado los US$265 millones hasta 2025.
Para toda la Provincia, el grupo calculó que entre 2005 y 2025 San Juan habría recibido alrededor de US$926 millones entre regalías mineras y fondos fiduciarios.
Esas cifras deben presentarse como estimaciones de un grupo privado, no como datos oficiales certificados. Pero la pregunta que plantean es legítima: cuánto ingresó, quién administró esos recursos, en qué se gastaron y qué patrimonio quedó.
La minería explota recursos naturales finitos. Cuando esos recursos se terminan, lo único que queda es lo que se construyó con ellos.
Entonces ¿quién administró mejor?
Uñac fue más expansivo. Impulsó la obra pública y utilizó al Estado como motor de la economía. Esa política produjo escuelas, viviendas, infraestructura deportiva y otras obras que no corresponde desconocer.
Pero esa expansión también dejó preguntas sobre el costo y la prioridad de determinadas obras, el endeudamiento, los controles, las obras inconclusas y el destino de la renta minera.
Marcelo Orrego asumió en diciembre de 2023 y gobernó su primer ejercicio completo en un escenario nacional absolutamente restrictivo para las provincias. La Nación mantuvo el envío de los recursos automáticos establecidos por la coparticipación federal, pero redujo drásticamente las transferencias discrecionales, la asistencia para programas específicos y la obra pública financiada desde el Estado nacional. No se trató simplemente de recibir menos ayuda política. Se modificó el esquema de financiamiento con el que las provincias sostenían obras, viviendas, infraestructura y distintos servicios. Orrego tuvo que administrar con recursos propios obligaciones que antes contaban con aportes nacionales y, al mismo tiempo, afrontar compromisos heredados de la gestión anterior.
En 2024 logró un resultado financiero positivo de aproximadamente $195.397 millones y elevó el gasto provincial por alumno y por habitante en Salud y Seguridad.
Además, puso en marcha o proyectó obras vinculadas con hospitales, centros de salud, rutas, puentes, aeropuerto, pavimentos urbanos y energía solar. Todavía deberá demostrar que todos esos anuncios se transformen en obras terminadas y útiles. Pero la orientación apunta a infraestructura prioritaria y a fuentes de financiamiento específicas.
Si administrar mejor significa sostener la disciplina fiscal, aumentar el esfuerzo provincial por alumno y por habitante, afrontar obligaciones heredadas y orientar la infraestructura hacia servicios esenciales y desarrollo productivo, los números y las decisiones conocidas favorecen a Marcelo Orrego. Además es evidente la mejora en el uso de los fondos fiduciarios y de las regalías mineras en la gestión de Orrego.
Si significa expandir la obra pública, Uñac tuvo una política más ambiciosa. Pero más obra no significa necesariamente mejor administración. Hay que evaluar qué se construyó, cuánto costó, qué necesidad resolvió y qué deuda dejó.
Con los datos oficiales analizados, la conclusión más razonable es que Orrego muestra una administración fiscal más prudente y sostenible, mientras que Uñac deja una gestión más expansiva, pero también más cargada de obligaciones, obras inconclusas, dudas sobre las prioridades elegidas y gastos no siempre registrados (el uso indiscriminado del avión de la provincia o publicidad oficial y mediante agencias), abiertamente superiores.
La verdadera evaluación de un gobierno no termina en el resultado financiero de un año ni en la cantidad de anuncios realizados.
Los gobiernos pasan. Las obras quedan. Las deudas quedan. El patrimonio queda. Y las cuentas también quedan.
Por eso, la pregunta más importante no es solamente quién gobernó mejor.
Es esta:
¿Qué le quedó a San Juan de todo lo que recibió?
Esa es la verdadera auditoría de un gobierno.
No cuánto gastó, sino cuánto patrimonio dejó.
No solamente cuánto recibió, sino qué hizo con esos recursos.
Y no cuánto prometió, sino qué quedó terminado cuando terminó su mandato.
Porque, al final, los gobiernos se van… pero la cuenta queda.
Fuentes principales
Contaduría General de San Juan · Nuestras Cuentas 2023 ·
Nuestras Cuentas 2024 ·
Licitación del Velódromo ·
Túnel de Zonda · Financiamiento del Túnel ·
Acueducto Gran Tulum ·
Fondos mineros · Programa Provincial de Pavimentos ·
Ruta 153 ·
Hospital Rawson · Fondos de Vicuña y Ruta 40 Norte · Iluminación solar de Circunvalación · Repavimentación de Circunvalación
