Mario Herrero, Graciela Seva, Juan Carlos Quiroga Moyano, Fernanda Paredes, Marisa López, Sonia Ferreyra, Stella Caparrós, Emilio Escudero y Marta Gramajo.
Son los nueve diputados que decidieron votar en contra del acuerdo con Vicuña que contempla un aporte de US$250 millones para San Juan. La votación terminó 27 a 9.
Nueve votos son perfectamente legítimos en una democracia. Lo que merece una discusión mucho más profunda es qué intereses estuvieron detrás de esos votos y qué alternativa concreta tienen estos legisladores para una provincia que necesita obras, infraestructura, inversión y empleo.
Porque hay una diferencia enorme entre controlar al Gobierno y oponerse sistemáticamente a todo lo que pueda significar una victoria política para el oficialismo.
Y en este caso hay un dato que no debería pasar inadvertido: estos mismos nueve diputados ya habían votado en contra de la adhesión de San Juan al RIGI en 2024. No parece, entonces, una diferencia circunstancial sobre un convenio determinado. Hay una posición política sostenida frente al modelo de inversiones que puede cambiar la matriz productiva de la provincia.
Entre ellos está Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del Partido Justicialista y diputado por 25 de Mayo. Un comodín de larga trayectoria política que hoy ocupa uno de los lugares centrales de la oposición provincial.
También está Marisa López, exministra de Hacienda durante el gobierno de Sergio Uñac. Difícilmente alguien con su experiencia desconozca las dificultades que tiene una provincia para financiar infraestructura de gran escala. Precisamente por eso, su voto negativo la obliga a explicar por qué en su gestión, con todo a favor y con mucho más presupuesto, no se hizo nada en esta materia. Entregaron la provincia convertida en escombros.
Mario Herrero y Graciela Seva representan, además, una expresión del peronismo sanjuanino con una extensa historia política.
Y en el caso de Seva aparece una contradicción particularmente interesante. Su pertenencia política al espacio de José Luis Gioja no es un dato menor. Gioja fue durante años uno de los principales impulsores de la minería sanjuanina y defendió a la actividad como motor de desarrollo, empleo e infraestructura. Lo que jamás mostró su administración fueron los números, todo encriptado y muy top secret. Buen rédito familiar sacó con ello, también como proveedores mineros.
Incluso frente a los cuestionamientos y errores registrados durante aquellos años, la posición de Gioja fue distinguir entre los problemas concretos que pudieran existir y la actividad minera en su conjunto.
Por eso resulta inevitable la pregunta: si los errores no alcanzaban para condenar a toda la minería cuando gobernaba Gioja, ¿por qué ahora deberían utilizarse eventuales reparos como argumento para rechazar un acuerdo que implica US$250 millones para San Juan? Allí mueren los tibios argumentos de Seva.
Los controles son indispensables. La transparencia también. Pero controlar no significa necesariamente rechazar.
En el bloque justicialista aparecen además los intrascendentes y casi desconocidos Fernanda Paredes, Sonia Ferreyra, Stella Caparrós y Emilio Escudero. Todos tienen derecho a explicar sus razones y todos tienen derecho a votar negativamente. Pero también tienen la responsabilidad de, al menos, leer las 80 páginas del acuerdo y de sacarse todas las dudas preguntando en las reuniones previas con Achem y Fernández en el mismo seno de la Cámara días atrás.
Y ahí aparece otro caso que merece una mirada particular: Marta Gramajo, diputada por San Martín.
Gramajo tiene una vinculación política evidente con Cristian Andino, quien durante años fue intendente de ese departamento y cuya gestión tuvo precisamente una característica que parece difícil de compatibilizar con el voto de ayer: la búsqueda permanente de recursos para transformarlos en obras.
Durante las gestiones de Andino se ejecutaron numerosas obras y se construyeron cientos de viviendas en San Martín. Hubo gestión ante Provincia y Nación, búsqueda de financiamiento y utilización de recursos para infraestructura. Es decir, el modelo de intendente que sale a buscar recursos para que lleguen al territorio.
Entonces, ¿qué habría hecho Andino como intendente si le hubieran ofrecido a San Martín recursos extraordinarios para obras?
La respuesta parece bastante evidente: habría intentado conseguirlos y convertirlos en infraestructura para su departamento, ergo… la mandaron a votar en contra de la misma prédica de su mentor. Además, recomiendo especialmente ver la exposición de Gramajo…es un sketch del Gordo Casero. Obvio que ni sabe lo que se está tratando en la cámara.
Durante años, muchos de estos dirigentes o sus espacios políticos tuvieron la responsabilidad de administrar la provincia y los municipios. Tuvieron presupuestos varias veces millonarios y secretos, tuvieron herramientas y tuvieron tiempo.
San Juan, sin embargo, todavía tiene enormes déficits de infraestructura.
Por eso hoy la discusión no debería ser solamente Vicuña sí o Vicuña no.
La pregunta debería ser mucho más sencilla:
¿Cómo se financian las obras que ellos no hicieron en 20 años y que San Juan necesita para crecer, si se rechazan los recursos que están disponibles?
Porque los sanjuaninos no necesitamos declaraciones partidarias.
Necesitamos las rutas.
Y vivimos del agua.
De energía.
De viviendas.
De hospitales.
De escuelas.
De trabajo.
De oportunidades.
Porque decir que NO, fue en este caso una posición chanta, mediocre y dañina. Sólo desean que al gobierno actual le vaya mal porque tienen sueños húmedos con el regreso al poder.
Conseguir los recursos y transformarlos en obras es gobernar.
Y este acuerdo ha sido un tiro en el pecho frío de un peronismo sanjuanino devastado, disgregado y lleno de traiciones.
