Cristina Kirchner: ni presa política, ni década ganada. Los números de un desastre y sus devotos
Es, cuanto menos, llamativo. Con dos condenas firmes —Vialidad y Hotesur-Los Sauces, y una tercera causa con pruebas abrumadoras que todavía no terminó de transitar todas las instancias; con chats, decretos, testigos, bolsos de dinero, enterradores de millones en conventos y hoteles fantasma de Santa Cruz, que todavía haya dirigentes políticos, senadores y diputados nacionales que se trepan a las rejas del Congreso para pedir «libertad a Cristina» y ciudadanos de a pie que repitan que es una «presa política». ¿Cómo se explica ese fenómeno? No es inocencia, es militancia. No es ignorancia, es fe. Cristina Kirchner logró lo que ningún otro líder de la democracia argentina: convertir un expediente judicial con 84 mil millones de pesos robados, decretos truchos y empresarios confesos, en una causa de persecución política. Y lo logró porque su relato no necesita pruebas: necesita creyentes. Pero cuando uno se sienta a mirar los números, los fallos, los decretos y las fechas, la «década ganada» se desmorona sola. En las últimas semanas, sectores del kirchnerismo —Sergio Uñac y Martín Sabatella entre ellos— salieron a instalar que Cristina Fernández de Kirchner es una «presa política», que sus gobiernos fueron una «década ganada» y que está detenida por «persecución». Nada más lejos de la realidad.
Vamos por partes.
Los delitos que la mandaron presa
La causa Vialidad no es lawfare ni persecución. Es el expediente más documentado de corrupción de la historia argentina. El fallo de la Cámara de Casación, confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025, estableció que Cristina Fernández de Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que, durante su presidencia, desvió $84 mil millones de la obra pública de Santa Cruz hacia las empresas de su amigo Lázaro Báez.
El corazón de la prueba es el Decreto 54/2009, que Cristina firmó el 3 de febrero de 2009. Para entenderlo hay que saber qué existía antes: el Decreto 976/2001 había creado un fideicomiso que establecía claramente a qué obra se destinaba cada partida de dinero. Había control, había rendición de cuentas. Cristina, con el 54/2009, modificó ese fideicomiso de raíz: incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria directa, eliminó la obligación de especificar a qué obra iba la plata, y le dio a su entonces secretario de Obras Públicas, José López —el mismo que después apareció guardando 9 millones de dólares en un convento— la facultad de hacer modificaciones sin control. Los jueces calificaron ese decreto como «único, excepcional y penalmente relevante», dictado con una «ultrafinalidad» de beneficiar a Báez. En criollo: firmó un decreto a medida para que la plata de la obra pública se manejara sin control, y esa plata terminó en los bolsillos de su amigo, que a su vez le devolvía parte del botín a través de negocios inmobiliarios y hoteleros con la familia Kirchner.
A esto se suma la causa Hotesur-Los Sauces, donde se probó que las empresas de Báez alquilaban los hoteles de la familia Kirchner —en los que no se alojaba casi nadie— para lavar el dinero robado, y la causa de los Cuadernos, donde las pruebas de las coimas y los bolsos de dinero que empresarios llevaban al despacho de Cristina y al departamento de la calle Uruguay son contundentes, aunque todavía no tiene sentencia firme. No es lawfare, es una asociación ilícita con todas las pruebas.
Pero además de robarse la plata, el kirchnerismo mintió sobre los resultados de su gestión. Y ahí los números son implacables.
La década que nunca fue ganada
Empecemos por el gran mito fundacional del kirchnerismo: el «desendeudamiento» y el pago al FMI. El 15 de diciembre de 2005, Néstor Kirchner anunció con bombos y platillos que Argentina había pagado la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, unos 9.530 millones de dólares. Dijo que el país había roto con el Fondo y que Argentina ya no tenía deuda externa. La imagen quedó para la historia. Pero lo que no contó es que ese pago se hizo con las reservas del Banco Central, que son de todos los argentinos. Y lo que tampoco contó es que, para tapar el agujero que dejó ese pago, el gobierno kirchnerista salió corriendo a endeudarse con otro prestamista: Hugo Chávez. Entre 2005 y 2008, Venezuela compró bonos argentinos por más de 9.200 millones de dólares, casi lo mismo que se le había pagado al FMI. El resultado fue simple: se cambió un acreedor por otro, pero la deuda no desapareció. Y cuando Chávez dejó de comprar, el país volvió a quedar en la misma situación. La deuda pública durante el gobierno de Cristina creció 81.943 millones de dólares según datos de la Secretaría de Finanzas. El «desendeudamiento» fue un cuento hábilmente vendido.
En lo económico, el kirchnerismo heredó un país con 54% de pobreza y una economía que rebotaba después del 2001. Pero el crecimiento de esos años no fue mérito de Néstor Kirchner: fue el «viento de cola» de los precios de la soja que llevaron las exportaciones a niveles récord. Cuando el viento dejó de soplar, el modelo se derrumbó. El INDEC manipulado durante la gestión de Cristina —con Guillermo Moreno y su famoso «operativo clamor»— escondió la inflación real, que según consultoras privadas rondó el 25-30% anual mientras el INDEC oficial decía 10%. La pobreza, que habían maquillado con estadísticas truchas, en 2015 era del 29% según los índices privados.
En lo educativo, la mentira es todavía más grande. En 2005 se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo, que establecía la meta de llegar al 6% del PBI en educación para 2010. Según CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), esa meta no se cumplió: con la nueva base de cálculo del PBI, la inversión educativa llegó al 5% en 2010, no al 6%. La Oficina de Presupuesto del Congreso señaló que la meta del 6% solo se alcanzó en 2015, en el último año de Cristina, y de manera apenas nominal. Mientras se gastaba menos de lo que la ley exigía, los resultados educativos eran un desastre. Las pruebas PISA, el examen internacional más prestigioso, muestran que Argentina no mejoró en ninguna materia entre 2000 y 2012: lectura pasó de 418 puntos a 396, matemática de 381 a 388, y ciencias de 391 a 406. Estancamiento total, mientras el resto del mundo avanzaba. Pero el colmo llegó en 2015, cuando la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) excluyó a Argentina del ranking de PISA porque el gobierno kirchnerista había omitido escuelas que históricamente participaban en la muestra, alterando los resultados. El país fue descalificado del ranking educativo más importante del mundo por manipulación de la muestra. Papelón internacional.
Y hablando de prioridades, en 2010 Cristina Kirchner vetó la ley del 82% móvil para los jubilados, que había sido aprobada por el Congreso y beneficiaba a 5 millones de personas mayores. El Decreto 1482/2010, firmado por Cristina y Aníbal Fernández, argumentó que la ley «implicaría la quiebra del Estado». Curioso: para los jubilados no había plata, pero para Lázaro Báez siempre sobraban $84 mil millones. Ese veto es la foto exacta de las prioridades del kirchnerismo: primero los amigos empresarios, después los jubilados.
Hoy, los mismos que nos gobernaron durante 12 años y nos dejaron con 30% de pobreza, inflación descontrolada y un sistema educativo estancado, salen a criticar al actual gobierno porque «ajusta» o «funde al país». El kirchnerismo ajustó también —vetó el 82% móvil, no cumplió la ley de financiamiento educativo, recortó partidas— pero la diferencia es que la plata que no fue a los jubilados ni a la educación terminó en los bolsillos de Báez, de López, de los empresarios amigos y de la propia familia Kirchner. Esa es la diferencia: ajuste con robo.
Llamar «década ganada» a 12 años de estancamiento educativo, manipulación de estadísticas, corrupción probada y saqueo del Estado es un acto de cinismo. Y llamar «presa política» a una mujer que fue condenada por dos causas con pruebas contundentes —chats, decretos, testigos, bolsos de dinero, hoteles fantasma— es un insulto a la inteligencia de los argentinos.
La «década ganada» la ganaron ellos. Lázaro Báez, los Kirchner, los López, los gobernadores, intendentes, políticos y empresarios que se llenaron de plata mientras la educación se caía a pedazos, los jubilados comían miseria y los argentinos veían cómo la plata del Estado desaparecía en cuevas y hoteles de Santa Cruz.
El dato que mata cualquier teoría de lawfare
Y para cerrar, un dato que debería callar cualquier discusión. La causa Vialidad duró nueve años. Arrancó en 2016 con la denuncia del ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel, y terminó el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema confirmó la condena. En esos nueve años, catorce jueces de distintas instancias —instrucción, Cámara Federal, Tribunal Oral, Casación y Corte Suprema— intervinieron en el proceso. Catorce jueces, de distintos perfiles, extracciones políticas y momentos históricos. ¿Y saben qué? Ninguno de los catorce rechazó la condena. Ni uno solo la absolvió.
Pero hay más. Los tres jueces del Tribunal Oral Federal 2 que llevaron adelante el juicio —Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— fueron designados por la propia Cristina Kirchner. Gorini y Giménez Uriburu juraron en septiembre de 2011, durante el primer mandato de Cristina. Basso en septiembre de 2015, en su segundo mandato. El fiscal Diego Luciani, el que la acusó, también fue nombrado por ella en agosto de 2013. Cuatro funcionarios judiciales puestos por Cristina Kirchner, y los cuatro coincidieron en que había cometido el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Si el lawfare existe, no se parece en nada a esto.
¿Cómo se puede llamar «persecución política» o «sólo indicios» como le dijo Uñac a Novaresio, a un proceso que duró casi una década, que atravesó tres instancias judiciales, que fue revisado por catorce jueces —incluyendo los que ella misma eligió— y que en todos los casos terminó con la misma conclusión? La respuesta es simple: no se puede. Salvo que se reemplace el análisis con militancia, y la evidencia con fe.
No es persecución. Es justicia.
Nota basada en la causa Vialidad (fallo de la Corte Suprema 2025), Chequeado, CIPPEC, Infobae, La Nación, BBC Mundo, UTDT y OCDE.
