La Fiscalía de Estado no es una dependencia administrativa más del Gobierno de San Juan. Es un instituto de jerarquía constitucional. Su titular tiene una responsabilidad institucional de enorme relevancia: defender los intereses patrimoniales de la Provincia en todos aquellos ámbitos en los que esos intereses puedan verse afectados.
En otras palabras, cuando está en juego el patrimonio de los sanjuaninos, la Fiscalía de Estado no es un espectador. Es uno de los principales responsables de defenderlo.
Y esa responsabilidad adquiere una dimensión todavía mayor cuando lo que está bajo investigación es un posible perjuicio de enormes proporciones para las arcas públicas.
Ese es precisamente el escenario que plantea la causa del Acueducto Gran Tulum.
La investigación judicial procura determinar responsabilidades en torno a una obra financiada con recursos públicos y a un eventual perjuicio patrimonial para la Provincia. Entre los aspectos bajo análisis aparecen los contratos de la obra, la provisión de las cañerías, los valores abonados, la calidad de los materiales y la ejecución del proyecto.
La causa continúa en investigación y será la Justicia la que determine si existieron delitos y quiénes podrían resultar responsables.
Pero hay algo que no está en discusión: la Provincia está pagando una megaobra inconclusa, por lo que está en juego dinero de los sanjuaninos.
Y frente a eso no solamente importa determinar quiénes pudieron haber tenido responsabilidad penal. También importa qué está haciendo el Estado provincial para protegerse, para evitar que el daño se profundice y, fundamentalmente, para procurar recuperar aquello que eventualmente se determine que le fue indebidamente perjudicado.
La Fiscalía de Estado ya está constituida como parte querellante en la causa.
Ese dato es central.
Por eso, la dimensión de esta causa exige claridad, presencia y firmeza institucional.
Una cosa es la prudencia que debe tener un juez, obligado por su imparcialidad y por la prohibición de prejuzgar.
Otra muy diferente es la posición de quien representa a la Provincia eventualmente damnificada.
La Fiscalía de Estado no tiene que dictar sentencia. No tiene que condenar. No tiene que reemplazar al Ministerio Público Fiscal ni al Poder Judicial.
Tiene que defender a la Provincia.
En una causa de estas características, eso supone una actuación activa.
No alcanza con estar formalmente incorporado a un expediente. La defensa del patrimonio público exige presencia, seguimiento, impulso y, cuando corresponda, el pedido de las medidas necesarias para evitar que una eventual reparación futura termine siendo una mera declaración de buenas intenciones.
Entre esas herramientas se encuentran las medidas cautelares patrimoniales que puedan resultar procedentes, como los embargos preventivos, inhibiciones u otras medidas destinadas a preservar bienes y garantizar una eventual reparación del daño.
No corresponde afirmar que una medida determinada deba ser necesariamente concedida: eso es potestad del juez y dependerá de los requisitos jurídicos que correspondan.
Pero sí corresponde señalar que la Fiscalía de Estado tiene la responsabilidad institucional de evaluar esas herramientas y solicitar aquellas que considere necesarias para proteger el patrimonio provincial.
Porque si mañana una sentencia determina que existió un perjuicio económico contra la Provincia y para entonces quienes eventualmente resulten responsables ya no poseen bienes suficientes para responder, el Estado habrá ganado una batalla judicial pero habrá perdido la posibilidad concreta de recuperar el dinero.
Y esa es precisamente la clase de escenario que una defensa patrimonial diligente debería procurar evitar.
La megacausa de las expropiaciones como antecedente
La megacausa de las expropiaciones del Parque de Mayo no nació de una denuncia de un particular. Se originó dentro del propio Estado provincial.
En 2008, Guillermo De Santis, entonces asesor del gobernador, detectó una posible irregularidad en el proceso por el cual la Provincia había pagado alrededor de 1.500 millones de pesos por la expropiación de los terrenos del Parque de Mayo y promovió la apertura de un sumario administrativo para investigar lo ocurrido.
Dos años después, el 28 de octubre de 2010, la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Walter Lima, presentó formalmente la denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción N.º 1.
Y en 2011 ocurrió algo todavía más significativo: ya como Fiscal de Estado, De Santis impulsó la intervención de la Fiscalía de Estado en la investigación y su constitución como querellante.
Es decir, hubo una secuencia institucional clara: primero se detectó una posible irregularidad; después se investigó administrativamente; luego el propio Estado provincial llevó el caso a la Justicia penal y finalmente la Fiscalía de Estado asumió formalmente la defensa de los intereses patrimoniales de la Provincia dentro del proceso.
Ese antecedente adquiere especial relevancia cuando se lo contrasta con el caso del Acueducto Gran Tulum.
Aquí, la investigación penal se inició a partir de la denuncia formulada por un particular, el abogado Marcelo Arancibia. Y aunque la Fiscalía de Estado posteriormente se constituyó como querellante, existe una diferencia institucional que merece ser observada: en aquella oportunidad, el propio Estado provincial inició el proceso de investigación y llevó el caso a la Justicia; en el Acueducto Gran Tulum, la iniciativa penal partió de un particular.
No se trata de sostener que ambas causas sean idénticas. No lo son.
Se trata de observar cómo puede asumir el Estado la defensa de su patrimonio cuando entiende que existe un posible perjuicio.
Y hay algo más que merece ser puesto sobre la mesa.
La Fiscalía de Estado ha demostrado en hechos concretos que, cuando entiende que el patrimonio provincial fue afectado, puede asumir una intervención activa y utilizar las herramientas jurídicas disponibles para procurar su reparación.
Ocurrió, por ejemplo, con las reiteradas amenazas de bomba registradas en edificios públicos durante 2025. La propia Fiscalía anunció el inicio de demandas civiles por daños y perjuicios contra los responsables, precisamente porque esos episodios generaban gastos, desviaban recursos públicos y afectaban al Estado provincial.
En uno de esos casos, una amenaza contra el Centro Cívico terminó con un resarcimiento de 4 millones de pesos, monto que, según la Fiscalía de Estado, correspondía al costo de activar el protocolo de emergencia. El organismo había intervenido como querellante.
Y existe un antecedente todavía más significativo desde el punto de vista estrictamente patrimonial.
En septiembre de este año, la Fiscalía de Estado informó que había recuperado aproximadamente 815 millones de pesos correspondientes a prestaciones realizadas por hospitales públicos a pacientes con cobertura de obras sociales. Para lograrlo, inició ejecuciones judiciales contra las entidades que no habían cancelado sus deudas. En esos procesos, además, solicitó embargos preventivos para asegurar el cobro mientras avanzaban las causas.
Es decir: la estructura existe, las herramientas jurídicas existen y la Fiscalía ha demostrado que sabe utilizarlas cuando entiende que corresponde defender recursos del Estado.
Precisamente por eso, el caso del Acueducto Gran Tulum merece una expectativa especialmente alta.
Aquí no estamos hablando del costo de un operativo policial, de una amenaza telefónica o de una deuda por prestaciones hospitalarias. Estamos hablando de una obra pública de enorme dimensión económica, de un perjuicio patrimonial que está siendo investigado judicialmente y de una Provincia que, de comprobarse las irregularidades denunciadas, tendrá que procurar recuperar recursos públicos.
En este caso, la expectativa debe ser, necesariamente, mucho más alta.
Y esa expectativa no implica anticipar un juicio sobre la actuación del Fiscal de Estado Sebastián Dávila.
Por el contrario.
San Juan tiene puesta una expectativa importante en Dávila, en la Fiscalía de Estado y en todo su cuerpo de abogados. Precisamente por la jerarquía constitucional de la institución, por las herramientas de las que dispone y por la magnitud económica de lo que está en juego, la sociedad tiene derecho a esperar una actuación a la altura de las circunstancias.
No estamos juzgando lo que hizo Dávila hasta hoy.
Estamos señalando la enorme responsabilidad que tiene a partir de ahora, porque la causa está ingresando en una etapa decisiva.
La Justicia fijó para el 14 de octubre, a las 14,30, la audiencia de formalización ante la jueza de Garantías Mónica Lucero. La convocatoria alcanza a las once personas que habían sido notificadas previamente, entre ellas el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino.
En esa audiencia, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro deberán exponer los hechos que investigan, los posibles delitos y el grado de participación que atribuyen a cada persona.
La instancia es particularmente importante porque obliga a precisar ante la jueza el objeto de la investigación y las circunstancias que el Ministerio Público Fiscal atribuye a las personas convocadas.
Y allí la Fiscalía de Estado tendrá una responsabilidad particularmente importante, y todos esperamos verla activa, presente y firme.
Una Fiscalía que acompañe el esclarecimiento de los hechos, que ejerza las herramientas procesales que correspondan y que, si finalmente se determina la existencia de un perjuicio patrimonial, procure que el Estado tenga las mejores posibilidades jurídicas para recuperar los recursos que le pertenecen…el tan popular «que devuelvan la plata».
Porque el dinero que está en discusión no pertenece a un gobierno, a un partido político ni a un funcionario.
Pertenece a los sanjuaninos.
Y esa es la razón por la que la expectativa sobre la Fiscalía de Estado no nace de una desconfianza hacia quienes hoy tienen la responsabilidad de conducirla.
Nace, precisamente, de la importancia de esa responsabilidad.
San Juan espera que en esta prueba de fuego, la Fiscalía defienda su patrimonio con toda la firmeza y con todas las herramientas que la Constitución y la ley ponen a su alcance.
Estaremos atentos y observando que así sea…
