El acueducto Gran Tulum debe ser la causa de todo sanjuanino de bien

La causa por la obra del Acueducto Gran Tulum se encamina a una instancia decisiva que es inminente: una audiencia en la que la Fiscalía deberá exponer qué hechos investiga, cuál es la hipótesis del caso y qué elementos reunió hasta el momento. Según la información conocida el viernes próximo pasado, hay once personas convocadas, entre ellas el exgobernador y precandidato a presidente de la Nación Sergio Uñac y el diputado nacional y posible candidato a gobernador del justicialismo Cristian Andino.

La notificación no significa que hayan sido formalmente imputados. Su alcance inmediato es otro: permitir que cuenten con defensa técnica ante la producción de pruebas que, por sus características, podrían no poder repetirse más adelante. Si alguna de las personas notificadas no designa abogado, se le asignaría una defensa oficial, conforme al apercibimiento informado.

La presencia de abogados busca que la defensa pueda ejercer el control correspondiente durante esos actos y resguardar las garantías del debido proceso. También apunta a reducir el riesgo de que, en el futuro, una prueba considerada relevante sea cuestionada o anulada por no haberse permitido la intervención de quienes ya estaban bajo investigación. La medida no anticipa culpabilidad: procura que la investigación pueda avanzar con garantías y que sus pruebas resistan eventuales planteos de nulidad.

En los próximos días (quizás mañana mismo) se prevé una audiencia vinculada con la causa. Esa instancia debe distinguirse de la notificación para designar defensores: ni esta última equivale a una imputación, ni una audiencia de formalización es un juicio o una condena. La Fiscalía deberá exponer los hechos que investiga y el encuadre que considera aplicable; las defensas tendrán la posibilidad de conocerlos y controvertirlos.

La investigación busca establecer si las decisiones relacionadas con la obra ocasionaron un perjuicio a los recursos provinciales; si en la gestión del proyecto pudieron prevalecer intereses particulares sobre el interés público; y si quienes tenían responsabilidades de control e intervención cumplieron con ellas. También deberá determinar si alguien que tenía el deber y la posibilidad de actuar omitió hacerlo, y si esa eventual omisión tuvo consecuencias. Son hipótesis que deberán probarse y precisarse para cada persona.

El paso fue impulsado por el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí, y el equipo del Ministerio Público Fiscal. En una provincia donde las investigaciones de alto impacto político han generado dudas sobre su continuidad, el desafío será sostener la pesquisa con pruebas, medidas concretas y decisiones fundadas. La instancia anunciada abre una etapa decisoria, pero tuvo una enorme falla en la comunicación. Debió ser con mayor relevancia y no desde un comunicado insulso y lavado, si nombrar a quienes fueron citados. No se hizo en conferencia de prensa y un viernes no es el mejor día para crear agenda. Todo se duerme el sábado y el domingo.

 Hay que hacerle saber al sanjuanino, que lo que viene no es una discusión menor ni un trámite de rutina. La investigación puede esclarecer la trama de la frustrada megaobra del «agua para el millón de habitantes» y, además, tener consecuencias sobre el futuro político de dos figuras del justicialismo
La gravedad del caso exige informar con rigor: la notificación para designar abogado no equivale a una imputación ni a una condena. Pero si la investigación llega a establecer responsabilidades por decisiones vinculadas con una obra de esta magnitud, el impacto político será inevitable.

Dos destituciones, en contextos diferentes 

San Juan ya atravesó crisis institucionales que terminaron con la salida de gobernadores. En 1992, Jorge Escobar fue suspendido y destituido por la Legislatura mediante un juicio político, tras acusaciones vinculadas con el uso de recursos públicos. La Corte Suprema anuló luego esa decisión y Escobar fue restituido en 1994; en 1995 volvió a ser elegido gobernador. Una década más tarde, en 2002, la Legislatura suspendió y luego destituyó a Alfredo Avelín, también a través de un juicio político. La Provincia atravesaba entonces una profunda crisis: empleados estatales llevaban meses sin cobrar, un paro docente había interrumpido las clases y faltaban insumos en hospitales. Ese contexto agravó el conflicto, aunque la destitución se formalizó dentro del proceso político por incumplimiento de los deberes del cargo. Ninguno de esos antecedentes es idéntico a la causa del Acueducto Gran Tulum. Escobar y Avelín fueron removidos mediante procesos legislativos; la investigación actual transita la vía judicial. La comparación sirve para dimensionar la relevancia institucional del momento, no para anticipar el desenlace ni equiparar responsabilidades.

También vuelve a aparecer en el debate público la denuncia por la contratación de seguros durante la gestión de José Luis Gioja. En 2017, el mismo Dr Marcelo Arancibia junto a Diego Seguí, llevaron a la justicia los serios cuestionamientos a la cobertura de riesgos del trabajo para empleados provinciales y sobre medidas preliminares en la causa. El desenlace judicial de ese expediente fue desestimado por el brazo político de la justicia de aquel entonces. La comparación, sin embargo, vuelve a plantear una pregunta sobre la capacidad de las instituciones para sostener investigaciones de alto impacto más allá de sus anuncios iniciales. 

La querella estatal y la obligación de dar respuestas
La Fiscalía de Estado se constituyó como parte querellante. Esa participación debe expresarse en acciones concretas para defender los intereses provinciales: colaborar en la determinación de un eventual perjuicio, impulsar las medidas que correspondan y preservar la posibilidad de reclamar una reparación.

La pregunta pública es qué pasos promoverá el organismo. Si hay fundamentos y un riesgo concreto para la recuperación de recursos, podrá solicitar a la Justicia medidas cautelares sobre bienes. También deberá revisar los pagos pendientes y las obligaciones contractuales, caso por caso, para evitar que se agrave un eventual daño sin exponer a la Provincia a nuevos reclamos. Hasta ahora, la contundencia de esa intervención no se ha expresado públicamente con la claridad que la gravedad del caso exige. Es más, luego de la noticia del viernes, desde ese organismo no hubo ni una sola manifestación pública locual es una actitud disonante con las circunstancias. 

La cobertura mediática también merece seguimiento. El impacto noticioso fue tibio y no reflejó la real valía del avance de la causa Acueducto. Si entre los dirigentes vinculados con la causa hay propietarios o accionistas de medios, corresponde documentar esas relaciones. La propiedad de medios es un dato de interés público; también lo es observar qué aspectos de la investigación reciben cobertura y cuáles quedan fuera de agenda. Evidentemente es un tema que no goza del espacio ni de la atención de los acreedores del poder que intenta volver. 

 Por ello la pregunta periodística es legítima: ¿se está informando con la misma intensidad sobre una causa que involucra a figuras con poder político y posibles intereses en el ecosistema mediático local? Si la justicia obra sin ataduras, ya no podrán esconderlo, aunque sus jefes se enojen. 

Un tema a definir es la sede de la audiencia, la cual todavía debe confirmarse. Por la cantidad de personas citadas y abogados, el Concejo Deliberante de la Capital podría evaluarse como alternativa, ya que las salas judiciales no cuentan con capacidad suficiente. No hay, por ahora, nada oficial de que vaya a realizarse allí. Muchos sueñan con la foto de los 11 citados en el subsuelo de Tribunales, sentados junto a los ladronzuelos y abusadores que transitan a diario por allí. 

En el justicialismo sanjuanino, la causa amenaza con causar un sismo: profundiza las diferencias internas y pone bajo presión dos proyectos electorales. Si la investigación avanza y logra sostener sus hipótesis con pruebas, las aspiraciones presidenciales de Uñac y la candidatura a gobernador de Andino podrían quedar seriamente comprometidas. No hay una condena, pero sí una obligación política de dar explicaciones sobre decisiones que hoy están bajo investigación.

El Acueducto Gran Tulum no es una disputa ajena ni una pelea menor entre dirigentes. Es una obra pública y está en juego el patrimonio de San Juan. Seguir esta causa, exigir que se prueben los hechos y reclamar respuestas no es tomar partido: es cuidar los intereses de la provincia y ser un sanjuanino de bien.