Nota de opinión

Acueductogate: demasiadas demoras, una audiencia decisiva con tres ausencias seguras y una Justicia bajo examen

Once citados, pedido de desafueros en reserva y una nueva intervención federal rodean la audiencia del 10. Esta vez, el proceso tiene que avanzar

Mañana martes 10 de noviembre, a las 14.30, está prevista en Tribunales la audiencia para avanzar con la formalización de la investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. Están citados Sergio Uñac, Cristian Andino, Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparrós, Julio César Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.

La audiencia anterior no avanzó porque faltaron Uñac y Andino. La fecha se reprogramó y ahora todos esperamos que el trámite pueda avanzar.

Julio Ortiz Andino presentó un escrito para justificar que no estará físicamente en San Juan durante la audiencia. Informó que está de viaje con su esposa para participar de una actividad laboral vinculada con el 50.º aniversario de Crafco y que ambos visitarán a su hija, que reside en Australia. Sostuvo que los pasajes fueron comprados el 29 de abril, antes de que se fijara la nueva audiencia, y que regresará a la provincia el 29 de noviembre. 

Ortiz Andino no pidió únicamente una postergación: solicitó que se justifique su ausencia física y que se habilite su participación por videollamada. Solo en caso de que esa modalidad no sea posible pidió que se reprograme la audiencia. La decisión corresponde a la Justicia. En el mismo escrito afirmó que asistió a la audiencia del 14 de octubre, que no tuvo acceso a las actuaciones y que desconoce qué hecho concreto se le atribuye. 

En lo personal, podría asegurar que tampoco irán el Senador Uñac ni el Diputado Nacional Andino, cuyos abogados usarán lo de Ortiz Andino como colchón de excusas para justificar sus ausencias.

Esto desnuda la presentación de mañana. Quedará en manos de una decisión concreta de la jueza y de los fiscales: resolver si la audiencia puede realizarse con participación remota y permitir que el trámite avance, o si será postergada. Lo que no corresponde es presentar como una negativa a comparecer lo que el escrito formula como un pedido de participación por videollamada, ni dar por concedida una modalidad que todavía debe resolver la Justicia. No deben aceptar que los ausentes, sean quienes sean, logren demorar el proceso.

Lo que no puede ocurrir es que la causa vuelva a quedar suspendida sin una explicación precisa y una salida procesal concreta. Si alguien no asiste, la Justicia deberá determinar qué corresponde hacer conforme a derecho. Si se autoriza una modalidad remota, deberá garantizarse que la audiencia pueda desarrollarse correctamente. Si se rechaza, deberá resolverse cómo sigue el proceso. Lo inadmisible sería que el expediente vuelva a quedar a la deriva, mientras pasan los días y nadie explica con claridad el próximo paso.

Si la audiencia se frustra por nuevos planteos, la percepción de que se busca ganar tiempo se hará más fuerte. Lo mismo ocurrirá si cualquier otro de los citados adopta una conducta que impida avanzar y la respuesta institucional vuelve a ser la postergación. Eso no prueba una maniobra ni determina responsabilidades penales. Pero sí tendrá un costo público fatal para el concepto de «justicia» y será un desastre político para los aspirantes a ocupar cargos electorales.

La audiencia no es un trámite vacío: es la instancia en la que la Fiscalía debe comunicar formalmente qué delito le atribuye a cada uno de los once citados y qué hechos concretos les imputa. Si la jueza hace lugar a la formalización, dejarán de estar solamente bajo investigación y quedarán formalmente imputados en la causa por el Acueducto. Y con respecto al Senador Uñac y al Diputado Andino, en la primera audiencia, los fiscales dejaron planteado en reserva el pedido de desafuero. La audiencia de mañana puede ser decisiva para que la jueza avance con la formalización de la imputación y resuelva cómo sigue ese requerimiento. Si eso ocurre, Uñac no solo quedará formalmente imputado en la causa por el Acueducto: también podría quedar firme el pedido de desafuero ya promovido por la Fiscalía. La ausencia, por sí sola, no determina ese resultado; la decisión corresponde a la jueza y deberá quedar fundada en el expediente

La causa se refiere a presuntas irregularidades en la contratación, compra, provisión, precio y calidad de las cañerías destinadas a una obra hídrica estratégica que quedó inconclusa. La investigación debe establecer qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y cuál fue la intervención de cada funcionario, responsable técnico y proveedor. Ninguna de esas responsabilidades puede darse por probada antes de tiempo. Pero tampoco puede investigarse seriamente sin que los hechos se expongan de manera concreta y el expediente avance.

A esta audiencia se suma otro dato. El juzgado federal a cargo de María Romilda Servini volvió a pedir información sobre la causa del Acueducto que tramita en San Juan. Lo hizo en el marco de una inhibitoria, mediante un requerimiento que solicita una amplia certificación del expediente y menciona expresamente la proximidad de la audiencia del 10. Pero hay un dato central: el oficio fue recibido oficialmente por la Justicia sanjuanina sin firma ni aclaración de quién lo emitió. No se cuestiona que haya llegado por vía oficial; se señala en qué condiciones llegó. La reiteración, el alcance del pedido, el momento elegido y la falta de identificación visible de su emisor hacen que la intervención resulte llamativa y exija una explicación institucional. El movimiento se produce en medio de la disputa para llevar la causa al fuero federal y alimenta la percepción de presión y rosca alrededor del expediente

Señora jueza, señores fiscales: mañana no alcanza con abrir la audiencia; hay que hacerla avanzar. La Fiscalía debe exponer con claridad qué hechos y qué delitos atribuye a cada uno de los once citados.  Deberán resolverse los planteos que se presenten y asegurar que ninguna ausencia ni discusión sobre la modalidad de participación vuelva a dejar la causa en punto muerto.

Si mañana vuelve a frustrarse, la sociedad no quiere excusas, nos deberán explicar qué impidió avanzar, qué decisión se tomó, con qué fundamento y cuándo continuará el proceso. Pasaron 27 días desde la primera audiencia y nadie explicó por qué casi un mes para retomar…fue una eternidad. No alcanzará con anunciar otra fecha y dejar que el expediente vuelva a perderse en el calendario. 

El día 10 tiene que marcar un antes y un después: que la imputación quede expuesta, que los planteos se resuelvan y que la investigación continúe. La causa del Acueducto no puede seguir girando alrededor de sus propias demoras. Esperamos que no se produzca una fisura entre la Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal…sería lo único que faltaba para terminar con las dudas de que la suerte del Acueductogate está echada. 

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba