ACUEDUCTOGATE: la jugada del asesor de Uñac en nombre de los 11 notificados para llevar la causa a Comodoro Py con Rafecas
Mientras la audiencia de formalización se posponía hasta que Uñac y Andino decidan priorizar el llamado de la Justicia sanjuanina, en Buenos Aires se iniciaba un trámite que apunta a sacar la causa de la provincia. El promotor es Sergio Fabián Ruiz, ex presidente de OSSE entre 2015 y 2019 y uno de los 11 imputados en el expediente MPF-SJ.33347-2025. Ruiz es personal de planta permanente de OSSE y desde febrero de 2024 se encuentra en comisión de servicios como asesor en el despacho del senador Sergio Uñac en la Cámara Alta. Ruiz, con patrocinio del abogado Nasser Uzair, promovió una inhibitoria ante la justicia federal en los términos del artículo 45 del Código Procesal Penal de la Nación. El pedido es que el juez federal le requiera a la jueza Lucero que se inhiba de seguir interviniendo y le remita el expediente. El escrito recayó, no por casualidad, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 de Buenos Aires, que actualmente se encuentra a cargo de forma interina del juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N°3 de Comodoro Py y subrogante del juzgado de María Servini desde diciembre de 2024.
La curiosa pirueta de los inminentes imputados en la causa acueducto tiene un único y débil sustento. El argumento central de Ruiz es que la obra costó 198 millones de dólares, con 99 millones aportados por el Tesoro Nacional y el resto financiado con créditos del Fondo de Kuwait y del fondo de la OPEP avalados por Nación. Al respecto la Corte tiene doctrina pacífica o sea un criterio consolidado y unificado, en sentido contrario: una vez que Nación transfiere los fondos, se incorporan al patrimonio provincial. La causa del acueducto tiene como única perjudicada a la Provincia de San Juan. El objeto denunciado es local. La investigación de la UFI hace foco en presuntas irregularidades en los procesos de licitación de OSSE, en sobreprecios y en la calidad de las cañerías provistas por la UTE Benito Roggio – MAPAL – Sigma y por Krah América Latina. Todos los actos bajo sospecha fueron ejecutados por funcionarios provinciales en territorio provincial.
En la jerga judicial eso se llama forum shopping: cuando no te gusta el juez que te tocó, se busca otro que sea más favorable. Por eso en el propio escrito Ruiz dice sin vueltas que la causa a cargo de la Jueza Mónica Lucero es un «proceso armado, falso y manejado por una juez y un fiscal incompetentes». No es un planteo técnico más. Es la única carta floja de papeles que tiene la defensa para sacar el caso del Acueducto de la justicia local y llevarlo a la justicia federal de Buenos Aires, donde los tiempos son otros y donde el expediente puede dormir el sueño de los justos. En criollo: Uñac y Ruiz representando los sueños húmedos de los 11 primeros citados, le «piden» (ruegan o encargan) a Rafecas que intervenga la causa del Acueducto.
El Ministerio Público Fiscal de San Juan ya anticipó que defenderá la competencia provincial. La causa provincial ya está encaminada con largos meses de investigación y comprobaciones, con fiscalía, con pericias, con nueva fecha de formalización para el 10 de noviembre en la misma sala. Si Rafecas avanza con la inhibitoria basándose solo en las funciones formales de supervisión de la entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, chocará con el rechazo de la jueza Lucero. Y la mala noticia para los especuladores, es justamente que pase lo que pase, la investigación en San Juan NO queda paralizada. El CPPN federal – art 40 y art 50 nuevo dice:
«El planteamiento de una cuestión de competencia no suspenderá la etapa preparatoria ni el trámite de la audiencia de control de la acusación, pero sí las decisiones finales»
«Las cuestiones de competencia no suspenderán la Investigación Penal Preparatoria, que será continuada con la intervención del órgano que primero conoció en la causa.
EL FIN DE LA COARTADA POLÍTICA
Hay que ponerle un punto final a una coartada que ya no resiste el más mínimo análisis serio. Cada vez que los imputados no pueden explicar los hechos, recurren al mismo libreto: «persecución política». Es un recurso gastado y, sobre todo, es una falta de respeto a la inteligencia de los sanjuaninos. Decir que esto es político es confesar, implícitamente, que no se tienen argumentos jurídicos para defender una obra que costó 198 millones de dólares y que hoy no funciona. La causa del Acueducto Gran Tulum no es una disputa entre oficialismo y oposición. Es una investigación penal impulsada por la UFI de Delitos Especiales, sostenida con documentación, pericias técnicas y auditorías.
Y es una investigación que ya tiene un antecedente que no pueden borrar: quien escribe ya obtuvo una sentencia firme favorable en este mismo contexto. Una sentencia que no habla de política, habla de irregularidades concretas que cuatro jueces consideraron que debían investigarse a fondo. Ese fallo es el precedente. Con Marcelo Arancibia como abogado patrocinante les ganamos en Tribunales, con pruebas, no con comunicados. Por eso, la estrategia de victimizarse es una chicana barata. Cuando un dirigente dice «me persiguen», lo que la ciudadanía escucha es «no puedo explicar dónde está la plata». Y la pregunta que San Juan se hace es muy simple y no admite chicanas procesales ni planteos de competencia en Comodoro Py: ¿Cómo se explica que se hayan ejecutado casi 200 millones de dólares, con aporte del Tesoro Nacional y con créditos internacionales garantizados por el Estado Argentino, y que la obra emblema que debía solucionar el problema de agua para 1 millón de sanjuaninos esté inconclusa y sin operatividad plena?
Esa es la única pregunta que importa. No es política. Es de gestión. Es de responsabilidad. San Juan no necesita dirigentes que se presenten como víctimas del sistema. Necesita dirigentes que se presenten ante la Justicia, que den la cara el próximo 10 de noviembre en la Sala 9 y que expliquen, con seriedad y con papeles, por qué la obra más cara de la historia de OSSE es, hasta hoy, la obra que no fue. La política se debate en la Legislatura, en el comité o en la unidad básica. La administración de fondos públicos se explica en la Justicia.
La lectura jurídica dice que la causa se tiene que quedar en San Juan, la plata de Nación no te hace federal, todo pasó acá y no hay funcionarios nacionales involucrados y la provincia va a resistir.
No la corran más por el lado de la política. Si alguien puso esto en el plano de la especulación política, fue Ruiz y los 11 notificados, al acudir a Rafecas, un juez que llegó al Juzgado Federal propuesto por Néstor Kirchner; en 2015 desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por el Memorándum con Irán y, años después, Alberto Fernández lo postuló para la Procuración General. Una trayectoria atravesada por decisiones y respaldos que lo vinculan reiteradamente con el kirchnerismo. No son datos que sugieren, son evidencias que los delatan.
Vayan a la audiencia del 10 de noviembre. Den la cara y expliquen, porque eso es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano serio cuando la justicia lo llama. San Juan no necesita dirigentes vivos que se hacen los perseguidos. Necesita que expliquen qué hicieron con semejante torta de dólares de una obra faraónica que no sirve para nada.
Estaremos mirando si las dos sillas siguen vacías y aferradas al salvavidas de Rafecas en comodoro Py. Si vuelven a faltar, se acabó el verso y ya no habrá dudas de que su estrategia no es defenderse y responder a la justicia, sino especular para salir lo más ilesos posible.
