Carta abierta a los protagonistas del Acueductogate

A la jueza María Mónica Lucero, a los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, al Fiscal de Estado Sebastián Dávila y a las 11 personas notificadas en la causa por el Acueducto Gran Tulum:

Este miércoles 14 de octubre no es un día más para la vida institucional de San Juan. A las 14:30, se realizará una audiencia clave para la primera gran investigación de la Justicia sobre la gestión política en el manejo de los fondos públicos. Allí se abrirá una página histórica y única.

Como ciudadanos de San Juan, queremos hacerles llegar un pedido sencillo y profundo: estén a la altura de la responsabilidad que les toca.

No pedimos condenas anticipadas ni que se vulneren derechos. Pedimos que se respete la presunción de inocencia y que cada persona pueda ejercer plenamente su defensa. Pero también pedimos que las garantías no se conviertan en un camino para dilatar indefinidamente la causa, y que ninguna maniobra procesal sustituya la discusión de fondo.

El Código Penal ofrece figuras concretas que la investigación debe examinar a la luz de las pruebas: defraudación contra la administración pública (artículo 174, inciso 5); administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7); malversación de caudales públicos (artículo 260); negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265); cohecho pasivo (artículo 256); tráfico de influencias (artículo 256 bis) y aceptación de dádivas por parte de un funcionario (artículo 259). Si se investigara el ofrecimiento o la entrega de dádivas, también corresponde distinguir la figura del artículo 258. No afirmamos que esos delitos estén probados: exigimos que cada hipótesis que surja de los hechos sea investigada y que la Fiscalía explique qué encuadres sostiene y con qué elementos.

Por ello, con todo derecho pedimos:

A la jueza de Garantías María Mónica Lucero le pedimos independencia, imparcialidad y firmeza. Que resguarde los derechos de todos y conduzca el proceso con la transparencia que una causa de esta importancia exige. A usted, Dra. Lucero, Jueza de Garantías, le tocó una causa que ya intentó sacarla de juego. Los ex presidentes de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, la recusaron y la denunciaron por prevaricato. El Juez Eduardo Raed y el Fiscal Adolfo Díaz desestimaron esas chicanas por infundadas. Usted resistió. Más allá de su función de juzgar y velar por las garantías del proceso, hoy San Juan le pide un rol de involucramiento social. Que esta causa no muera en dilaciones. No esperamos que anticipe un resultado: esperamos que haga posible que la investigación avance y llegue hasta donde la ley y las pruebas indiquen. Que, al final de su carrera judicial, pueda ser recordada por haber contribuido a que este proceso alcanzara un desenlace justo y que, si hubo delitos, caigan los culpables. Dra Lucero, por favor asuma la trascendencia social de esta causa y sea usted la que garantice que no haya privilegios, que no existan las presiones y que el paso del tiempo no se convierta en impunidad. Que la historia del acueducto le devuelva al sanjuanino medio, la idea de una justicia firme no sólo aplicada a los ciudadanos comunes, sino también a los intocables que ostentan el poder. 

A los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro les pedimos que no claudiquen. Que sostengan su trabajo con pruebas, respondan los planteos en el ámbito judicial y continúen investigando con rigor e independencia. Ya dieron muestra de lo suyo. En septiembre allanaron oficinas de Krah América Latina, secuestraron documentación y equipos informáticos. Hicieron lo que nadie hizo en 10 años. Demostraron un gran paso, inédito en la historia judicial sanjuanina: notificar a un exgobernador y senador nacional en ejercicio, y a un expresidente de OSSE y actual Diputado Nacional. El miércoles deberán exponer ante la Jueza, bajo el art. 340 del Código Procesal Penal, los hechos, los delitos y la participación de cada uno. Por favor, no sucumban ante la presión política. El paso dado hasta aquí es importante; ahora hace falta perseverancia para que el expediente no pierda impulso. Y hablen con la prensa sobre los avances de la investigación. El secretismo no contribuye y es propio de quienes quieren dormir a la opinión pública. Si ustedes nos cuentan lo que pasa, la causa no muere en el intento.

Al Fiscal de Estado, Sebastián Dávila, y a quienes representan a la Provincia les pedimos que defiendan con firmeza el patrimonio de los sanjuaninos. Que esa defensa no sea una formalidad y que se procure esclarecer si hubo un perjuicio para el Estado. Si existen fundamentos para reclamar la reparación de un perjuicio, habrá que hacerlo. Si corresponde solicitar medidas cautelares para preservar bienes o asegurar eventuales responsabilidades patrimoniales, deberán analizarse y promoverse ante la autoridad competente con el sustento legal necesario. Dr Davila: Su presencia en la audiencia del miércoles, aunque sea a través de sus letrados Aníbal Fraifer y Claudio Herrera, es un hecho institucional inédito y necesario. Le pedimos que esté a la altura de las circunstancias. La deuda que dejaron las gestiones giojista y uñaquista con el Fondo de Kuwait, aún la estamos pagando y la obra jamás se terminó. Defienda con uñas y dientes el patrimonio de los sanjuaninos. No es una causa más y hay que hacer lo necesario para recuperar ese dinero porque en alguna parte está. Alguien lo tiene.
Cuidar el patrimonio público significa actuar a tiempo, evitar que el daño se vuelva irreparable y sostener las acciones que correspondan hasta donde la ley lo permita. 

A las once personas notificadas: Sergio Uñac, Cristian Andino, Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparros, Julio Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso, les pedimos que permitan que la Justicia examine sus actuaciones hasta el fondo. Como figuras públicas, tienen la oportunidad de colaborar con el esclarecimiento y responder en el ámbito correspondiente. La notificación no es una condena: cada persona tiene derecho a defenderse y debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia. Aunque en la coyuntura política actual exigir grandeza institucional parezca una quimera, el pueblo sanjuanino les reclama una conducta civil coherente con las altas responsabilidades que el Estado les delegó. El reclamo popular exige que los notificados se comporten como hombres de bien: que permitan que su gestión sea analizada de forma rigurosa hasta el fondo del asunto, que abandonen la clásica estrategia de la chicana y la especulación política y que demuestren, si es que cuentan con las pruebas para hacerlo, la legalidad de sus actos. Y en esta materia, también les decimos a los abogados patrocinantes de los 11, que será evidente si se proponen embarrar el terreno. La negación de los hechos, discutir procesos y alegar la idea del “lawfare” tampoco parece una salida novedosa: es una estrategia que ya utilizó Cristina Fernández de Kirchner y no le salió bien. Es contribuir, dentro de las garantías procesales, a que los hechos se conozcan con precisión.

Entre las once personas notificadas, ya se hicieron públicos varios nombres de sus defensores: Guillermo “Willy” Toranzo representaría a Cristian Andino; Nasser Uzair, a Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz; Fernando Castro, a Gustavo Mastelono; Franco Montes, a Humberto Caballero; y Jorge Olivera Legleu y Conrado Suárez Jofré, a Francisco Javier Correa. En cambio, hasta ahora no se difundieron públicamente los nombres de quienes representarían a Sergio Uñac, Julio Ortiz Andino, Juan Carlos Caparros, Juan Sánchez y Rolando Vicente Caruso. Entre esos casos, genera especial atención la situación del exgobernador y actual senador: no se conoce aún quién ejercerá su defensa.

Y a la sombra de todos ellos, en necesario mencionar la figura del fallecido Gustavo Monti, apoderado de Krah y pariente del exgobernador Sergio Uñac, quien según la denuncia del abogado Marcelo Arancibia (diciembre de 2024) habría sido el nexo para direccionar pliegos. 

A manera de nota final

San Juan necesita saber qué pasó con una obra estratégica que permanece inconclusa. Necesita conocer cómo se tomaron las decisiones, qué ocurrió con las contrataciones y la provisión de cañerías, qué materiales se utilizaron y si hubo irregularidades. No reclamamos una verdad construida de antemano: reclamamos que pueda conocerse mediante una investigación seria y un proceso con garantías. La mejor manera de defender la propia trayectoria no es victimizarse ni desacreditar de antemano a quienes investigan.

La sociedad los observa. No para reemplazar a la Justicia, sino porque lo que está en juego también pertenece a todos los sanjuaninos. Observa a quienes investigan, a quienes deben defender los intereses públicos, a quienes juzgan y a quienes están alcanzados por la causa.

 Que no prevalezcan el silencio, la indiferencia ni las chicanas. Que prevalezcan las pruebas, la justicia y la verdad.

Con respeto por las garantías, con la esperanza de que la investigación llegue hasta el final y que SEA JUSTICIA.