San Juan

Un error de Lucero puso en jaque el avance de la causa

La jueza declaró nulos los actos cumplidos desde el 13 de octubre y remitió la recusación al Tribunal de Impugnaciones. La falla que abrió esta crisis procesal se originó en su propio manejo del trámite.

La causa volvió a quedar empantanada por un error procesal atribuible a la actuación de la jueza Lucero. Al rechazar la recusación presentada en su contra, no habría remitido oportunamente las actuaciones al órgano que debía intervenir. Esa omisión es el eje del planteo que ahora terminó con la nulidad de los actos cumplidos desde el 13 de octubre y con la intervención del Tribunal de Impugnaciones.

La resolución de Lucero hizo lugar parcialmente al planteo de la defensa, declaró nulos esos actos y ordenó remitir el escrito de recusación, la resolución del 13 de octubre y los antecedentes pertinentes. También dispuso poner lo actuado en conocimiento del juez que sigue en el orden de subrogancia.

La responsabilidad por el error que desencadenó este nuevo freno recae en la jueza. No fue una falla de las defensas ni una contingencia ajena al tribunal: el trámite de la recusación estaba bajo su responsabilidad y la omisión en su remisión abrió la puerta a que se cuestionara la validez de lo actuado. Ahora, las consecuencias alcanzan a toda la causa.

La decisión todavía no significa que Lucero haya quedado apartada. El Tribunal de Impugnaciones deberá resolver si hace lugar a la recusación o si la rechaza y permite que continúe como jueza de garantías. Pero el daño procesal ya está planteado: los actos realizados desde el 13 de octubre fueron declarados nulos y el avance del expediente vuelve a quedar sujeto a una revisión.

La situación resulta especialmente difícil de explicar después de que Lucero cuestionara a los fiscales por leer durante las audiencias. La jueza que reclamaba rigor en el desarrollo del proceso queda ahora bajo el foco por una omisión procesal propia, con efectos concretos sobre el curso de la causa. La contradicción merece una explicación clara.

El nuevo escenario amenaza con consumir más tiempo en un expediente que ya no puede darse el lujo de seguir detenido. Las defensas tendrán margen para desplegar nuevos planteos y discutir el alcance de las nulidades; mientras tanto, la causa pierde impulso y el calendario judicial se complica.

En el plano político, la demora beneficia a los sectores alcanzados por la denuncia, entre ellos Uñac y Andino para negociar su impunidad y vuelve inevitable preguntar quién gana tiempo cada vez que el expediente se frena por fallas que debieron evitarse.

La próxima decisión está en manos de Impugnación. Hasta entonces, Lucero podría continuar o ser apartada. Pero el punto central ya no puede disimularse: la crisis procesal que hoy golpea a la causa nació de una omisión en el trámite que estaba bajo responsabilidad de la jueza. Esperemos que sea obra de la inexperiencia y no de un acuerdo.

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