Política y Economía

El ministro Perea le respondió al gobierno de La Rioja por el conflicto de Lunahuasi

Luego de que el ministro de Producción riojano advirtiera que acudirán nuevamente a la Justicia para frenar las actividades en el proyecto minero.

La disputa de límites entre San Juan y La Rioja sumó un capítulo explosivo. Esta vez, el eje del conflicto es Lunahuasi, un prometedor proyecto minero operado por la canadiense NGEx Minerals (Grupo Lundin).

El ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, dijo que el proyecto se desarrolla en suelo riojano. Por este motivo, la vecina provincia ya inició acciones para intentar frenar las actividades, repitiendo la estrategia utilizada anteriormente con el proyecto Vicuña.

Ante este escenario, la respuesta desde San Juan no se hizo esperar y fue contundente. El ministro de Minería local, Juan Pablo Perea, utilizó sus redes sociales para desmentir categóricamente a su par riojano.

A través de un posteo en X, el funcionario afirmó que «las declaraciones del ministro Ernesto Pérez son falsas» y subrayó que el proyecto Lunahuasi se encuentra íntegramente en suelo sanjuanino, respaldado por la Ley Nacional 18.004.

Perea brindó una explicación técnica y legal detallada para desarmar el reclamo de la vecina provincia. Respecto a la jurisdicción, señaló que no se trata de una cuestión de opiniones, sino de legalidad vigente.

Explicó que el límite actual fue sancionado por el Congreso en 1968 y ratificado en 2014 por el Digesto Jurídico Argentino. «Llevamos 57 años con esos límites aplicados sin interrupción. El Gobierno de La Rioja está inventando un conflicto que jurídicamente no existe», asegurando que San Juan defenderá su territorio con la ley en la mano.

En cuanto a las acusaciones sobre el impacto ambiental, Perea refutó los dichos de Pérez sobre el uso del glaciar El Potro. Según el funcionario sanjuanino, es «geográficamente falso» que el proyecto afecte esa zona, ya que existe una cadena montañosa que separa físicamente a Lunahuasi del glaciar.

 Además, recordó que la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional documenta que ese glaciar desciende principalmente hacia Chile y una pequeña parte hacia La Rioja, sin vinculación con el área de exploración.

Por otro lado, el ministro de Minería llevó tranquilidad al sector inversor al confirmar que el proyecto está en regla. Detalló que Lunahuasi cuenta con propiedad minera firme, aprobación ambiental vigente y todos los permisos necesarios para la etapa de exploración, otorgados por la única autoridad competente: el Gobierno de San Juan.

Finalmente, Perea rechazó la intención riojana de crear un «área común» similar al modelo que aplican Salta y Catamarca con el litio. Argumentó que esa comparación es impropia porque, a diferencia de los salares compartidos, Lunahuasi está delimitado exclusivamente en jurisdicción sanjuanina.

«No existe ninguna figura legal que obligue a una provincia a compartir recursos que están en su exclusiva jurisdicción», explicó, cerrando su postura con un llamado al respeto institucional en el marco del crecimiento minero que vive la provincia, el cual calificó como el polo más importante de Argentina con más de 30 mil millones de dólares en inversiones proyectadas.

¿Qué dijo el ministro de Producción y Ambiente de La Rioja?

El funcionario riojano no solo anticipó una inminente presentación judicial para frenar los trabajos en Lunahuasi, sino que también lanzó una advertencia directa hacia la dirigencia vecina: “La política de San Juan todavía no lo entiende, pero lo va a tener que entender”.

En sus declaraciones, Pérez insistió en que las empresas canadienses están operando en zonas bajo influencia riojana, lo que motiva el reclamo de su provincia. «No queremos boicotear la actividad, pero San Juan está usando territorio nuestro”, remarcó, buscando dejar en claro que el eje de la discusión no es la minería en sí, sino el control del suelo y sus beneficios.

Finalmente, el ministro riojano cuestionó la rigidez de las fronteras actuales frente a la riqueza de los yacimientos e insistió en la necesidad de implementar un esquema de desarrollo minero compartido que San Juan rechazó de plano.

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