La Justicia desestimó la denuncia del abogado Fiorentino contra los camaristas Pérez y Rodríguez y la jueza Tettamanti
La Unidad Fiscal de Delitos Especiales de San Juan cerró definitivamente la denuncia que había presentado el doctor Nicolás A. Fiorentino contra los camaristas Sergio Orlando Rodríguez y Juan Carlos Pérez, de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería y contra la titular del juzgado Contencioso Administrativo, Dra Adriana Tettamanti.
La resolución es del 27 de mayo de 2026 y lleva el número de legajo MPF-SJ-12583-2026. Fiorentino los había denunciado por prevaricato, artículo 269 del Código Penal, después de que ellos confirmaran una sentencia del 31 de marzo en el juicio «Carpas Argentinas S.R.L. contra Puccinellia S.A.S.».
El denunciante sostenía dos cosas: que los jueces habían avalado un hecho falso sobre la existencia de un domicilio contractual, y que habían aplicado mal el artículo 294 del Código Procesal Civil porque la cédula de notificación se dejó, según su versión, debajo de una piedra en una garita.
Pero la Fiscalía fue clara en sus fundamentos. Recordó que el prevaricato no castiga el error judicial ni una interpretación jurídica con la que uno pueda estar en desacuerdo. Para que exista ese delito tiene que haber una violación manifiesta, grosera y deliberada del derecho, con la intención clara de torcer la justicia. Y eso no apareció en el expediente.
Para la Unidad Fiscal, Rodríguez y Pérez solo hicieron lo que hacen todos los días: valorar pruebas, interpretar la ley procesal y resolver una cuestión civil. Que Fiorentino no comparta esa interpretación no convierte su decisión en un delito. La propia Corte Suprema ya dijo que el control de las sentencias se hace por apelaciones, no por causas penales, salvo que haya corrupción o dolo evidente. Acá no hubo ni lo uno ni lo otro.
A modo de conclusión diremos que la Fiscalía no encontró indicios de delito, desestimó la denuncia y mandó a archivar todo. Los camaristas quedan desvinculados y la causa se cierra. La Justicia entendió que fue solo un disenso jurídico, no un hecho criminal
