Y un día alguien habló de los cortes de calles en San Juan

En el día más tirante, cuando los docentes analizaban la última propuesta del Gobierno, el Fiscal General se mostró ante cámaras, plumas y micrófonos del periodismo local y le puso un límite a una situación que lleva décadas alterando el diario trajín de los sanjuaninos. Explicó que se empieza a trabajar con Flagrancia y las UFIs de delitos especiales con respecto a estos cortes sistemáticos y dijo además que se podrá marchar en casos extremos y serán intervenidos por la policía sin hacer uso de armas, ni palos ni escudos y tendrán cámaras incorporadas. 

En otro párrafo, el letrado dijo: ‘No vamos a analizar la justicia o la injusticia del reclamo, lo que nosotros tenemos que evitar son los hechos ilícitos y vuelvo a reiterar usar los cortes de calle como algo programado sistemático con la clara intención de perjudicar a la ciudad, no se puede seguir permitiendo’. Bien, analicemos rápidamente estos dos segmentos de la conferencia de prensa. Lo primero que hay que aclarar es: ¿Cuáles serían esos casos extremos y de qué o de quién depende esa categorización? La intervención de la Policía de la Provincia sin los elementos necesarios para imponer su autoridad ante una hipotética revuelta masiva en las calles ¿No significaría una intervención estéril y peligrosa de la integridad personal de los efectivos? ¿De qué forma contendrían una turbamulta enardecida…con gritos, poesías, plegarias o castañuelas?  Deberían probar entonces para ello, con una escuadra de Carmelitas Descalzas  y enviarlas a desarmar el piquete del Polo Obrero la semana que inicia. Los impuestos que paga la sociedad incluyen la garantía de la seguridad colectiva con los elementos humanos, técnicos y de defensa propios de la actividad.

Siguiendo con los dichos del FG, luego habla de evitar hechos ilícitos y menciona directamente  «los cortes de calles programados y sistemáticos». ¡Por fin! Es que había pasado tanto tiempo, con todos los movimientos piqueteros cortando las calles del pequeño centro huarpe, que pensé que la costumbre había modificado la Constitución y las leyes por fagocitosis. Es que hay una teoría avalada por el Estado en su conjunto, que sostiene la existencia de un derecho constitucional a manifestarse que otorga «un superpoder» que permite cortar calles y autopistas sin responsabilidad alguna. Ello es falso, no existe nada en la Constitución Nacional que permita a nadie entorpecer la circulación del tránsito ni la libertad de que el argentino haga lo que quiera. Hasta en nuestro olvidado Código de Faltas en el art. 113 inciso d, se habla específicamente del tema. 

En otro de los párrafos ante los periodistas, Quattropani manifestó que: «las personas se pueden manifestar en la vereda, se puede caminar en la calle ocasionalmente, se puede ocupar media calzada. Hay infinidad de medidas, pero en el día de ayer me llegó acá tengo el informe, es un escándalo la cantidad de cortes que ha habido y absolutamente llamativo la precisión con el cual se ha complicado la vida a los sanjuaninos’.  Esa es la elíptica mención a los docentes sin nombrarlos y a los cortes en Ruta 20, en la garita de la empresa Veladero entre otros y la amenaza de entorpecer la Cabalgata a la Difunta Correa. Da toda la sensación (o seré yo un malpensado) que el Fiscal General sale a hablar empujado por los hechos llevados a cabo por los docentes, pero al hacerlo, no puede escapar a la enorme cantidad de antecedentes en la materia. Los sanjuaninos llevamos años puteando manifestantes y piqueteros cuando jamás nadie se refirió al asunto. 

Y finalmente, todos debemos entender que nadie tiene derecho a cortar la calle y a impedir la libertad de circulación, ni la de trabajar, ni la de ir a enseñar o a aprender, ni de trasladar un enfermo.  Nadie, no importa qué derecho reclame ni cuán masiva sea la manifestación, tiene derecho a cortar la calle y restringir los derechos del resto de los argentinos. NO debemos dar explicaciones a nadie del por qué queremos y debemos pasar cuando un policía desvía el tránsito. Y que las fuerzas de seguridad los retiren del lugar no debe ser entendido como una restricción al derecho a manifestarse, deberían sólo ser invitados a retirarse (y ante su negativa, obligados por la fuerza pública en la buena definición del término «reprimir») de la vía pública que se encuentran interrumpiendo, y llevar su manifestación adonde no se interrumpa en tránsito. Si no va a actuar así el «Señor Estado», es mejor que no haga preso de su inoperancia a ningún otro vocero.

Y lo último: de ahora en más no se puede ser selectivo para permitir los piquetes de siempre y coartar las manifestaciones que le molestan al gobierno de turno. O todos o ninguno, porque los funcionarios (como todos al fin) son dueños de sus silencios y esclavos de sus palabras. Ahora esperemos que se respete la orden impartida de Quattropani y podamos disfrutar al menos de esa pequeña libertad de conducirnos libremente amparados por la Constitución.