El insólito plan de retiro voluntario que empezó a ofrecerle Garbarino a sus 4.000 empleados
La cadena de electrodomésticos quiere que el personal acepte cobrar en 24 cuotas desde enero del 2022 y sin incluir la doble indemnización.
El panorama de desintegración del Grupo Garbarino parece inevitable. Al rechazo del Gobierno de auxilio financiero, cierre de locales, endeudamiento insostenible, despido masivo de personal de su filial Compumundo ahora se suma una propuesta de retiros voluntarios para todos los trabajadores de la que llegó a ser la mayor cadena de electrodomésticos de la Argentina.
Además de no cobrar el sueldo desde hace ya cuatro meses, los 4.000 empleados de Garbarino ahora empezaron a recibir una invitación a dejar las tareas de manera negociada con la empresa propiedad de Carlos Rosales.
Bajo el título «Asunto, plan de retiro voluntario Garbarino», la propuesta contiene una particular clausula que promete iniciar el pago de la indemnización acordada recién a partir de enero del año próximo y en 24 cuotas consecutivas.
Esas condiciones son:
1) Fecha de postulación desde el viernes 22 de octubre al martes 26 de octubre.
2) Alcance a todos los empleados activos que se encuentren en la nómina de Garbarino S.A.
3) Liquidación final (sueldo proporcional del mes en curso, aguinaldo, vacaciones no gozadas)
4) Pago de indemnización legal Art. 245 LCT y Preaviso. Esta suma es sin la aplicación del DNU 34/2019 con sucesivas prórrogas y modificatorias. Al monto mencionado se le deduciran los montos vencidos impagos de créditos a los empleados si los hubiera.
Cómo se sostiene en la nota, la empresa tampoco respetaría el pago de la doble indemnización impuesta por el gobierno nacional desde el 13 de diciembre del 2019 y que en principio rige hasta fin de año ya que su finalización está atada al contexto pandemico y económico de la Argentina.
Actualmente, de la cadena queda poco y nada ya que son pocos los locales que se mantienen abiertos de los 200 que supo tener.
Es más, uno de sus rivales como es Musimundo, viene tomando las sucursales cerradas de Garbarino para cumplir con un plan de expansión que comenzó a desarrollar luego de haber cerrado un proceso de reestructuración de su situación financiera.
El grupo acumula actualmente un pasivo superior a los $20.000 millones, se quedó si respaldo crediticio y los proveedores dejaron de enviar mercadería por la fuerte deuda que también reclaman.
A mediados de año, Rosales intento obtener ayuda de parte del Gobierno acudiendo al Ministerio de Desarrollo Productivo.
Pero más allá de este dato objetivo, en el Gobierno existe un fuerte malestar con Rosales por entender que la situación de Garbarino se debe a maniobras dudosas y cercanas a la ilegalidad. Hablan concretamente de un desfalco. «No vamos a darle dinero estatal para que resuelva un desfalco» le dijo a iProfesional un alto funcionario que estuvo cerca de las conversaciones con el empresario.
Una frase llamativa pero que se podría vincular con varias investigaciones abiertas en la justicia sobre lavado de dinero y maniobras fraudulentas.
La empresa decidió despedir al personal de la cadena especializada en tecnología con el argumento de «la difícil situación económica y financiera que atraviesa la empresa por la cual la sociedad ha registrado una estrepitosa baja de las ventas que empezó a manifestarse a partir de la crisis generada por la pandemia».
El telegrama agrega que «es de conocimiento de todos los trabajadores el enorme esfuerzo para intentar palear esta situación, lo que incluyó la presentación administrativa de un Procedimiento Preventivo de Crisis PPC, así como la búsqueda de un inversor que inyectara capital, circunstancias que por razones específicas y particulares, no han tenido andamiaje».
También se sostiene que «la reciente reapertura de las actividades económicas que permitirían normalizar el negocio no tiene la suficiente fuerza para revertir el daño causado. Ante estas circunstancias completamente externas, imprevisibles, en algún caso insuperables -que exceden el riesgo empresario normal y que de ningún modo podrían serles imputadas a la empresa, no le queda otra alternativa que notificar el despido bajo los términos del artículo 247».
