Después de la crisis de los 90, el país mostraba una vez más (de tantas), el lado más penoso de la mala administración. Miles de argentinos sin trabajo por el cierre de más de 5500 plantas industriales, dieron motivo a un enorme descontento que empezó a gestar una nueva metodología de protesta: el piquete.
Así la tradicional huelga, fue desplazada por los cortes de rutas, los escraches a personajes relacionados con la política y por los los levantamientos comunitarios o puebladas. Desde aquel corte en la ruta Nacional 22 en Cutral-Có protagonizado por los trabajadores de YPF, la modalidad no ha tenido respiro. Los primeros años de cortes, estuvieron signados por un mayor cuestionamiento de parte del resto de la comunidad, incluídos los medios de comunicación, que mostraban dichas manifestaciones como una situación atípica y quizás antipática. Tal era la presión social, que el juez federal de Esquel Guido Otranto se vió obligado a expedirse sobre el particular aunque su fayo no fue precisamente una interpretación correcta de la Constitución Nacional. Otranto, señaló en la resolución por un corte ocurrido marzo de 2014 que las 150 personas que se manifestaron sobre la Ruta Nacional Nº 40, en el límite con la localidad de El Bolsón, Río Negro, hicieron un «ejercicio regular del derecho constitucional de reunión«. Su postura se sustenta en que se permitió la circulación por caminos alternativos y se liberó la ruta a intervalos cortos. Señaló además que para que tipificar como delito un corte de ruta que no paraliza totalmente el tránsito vehicular, sino que sólo lo estorba o entorpece, debe provocar una situación de inseguridad y riesgo para las personas o bienes individuales.»El método de protesta social del caso analizado consistió en un entorpecimiento del tránsito vehicular, dado que se permitió la circulación por un camino alternativo y se realizó de manera transitoria e intermitente liberando la ruta cada diez o quince minutos. El articulo 22 de la CN es claro y contundente: «El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.» Como se no fuese suficiente, el artículo 194 del Codigo Procesal Penal dice: «El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años.»
Ahora bien, claro está que los entes del Estado se han desentendido totalmente del tema, ya que actuar en concordancia con la Ley sería entrar en conflicto con quienes protestan y eso los dejaría en una posición al menos incómoda. Los poderes del Estado, cierran los ojos y actúan como si nada pasase. Creen que la protesta protagonizada por un grupo representa el clamor de la mayoría. O eso desean creer. O peor aún: eso creen que creen. Los años fueron pasando y el método se naturalizó. Cualquier reclamante de lo que sea, puede tomar rutas o calles a su antojo y hacerlas suyas e impedir el paso de quienes por derecho quieren, deben o pueden transitar libremente. Los representantes del Señor Estado, no escuchan a todo el pueblo ni leen la Constitución que deben aplicar. Diferentes agrupaciones han sistematizado su reunión semanal y acuden con sus pancartas, sus niños y su sentido de pertenencia a una causa ya difusa, poco clara y llevados a cumplir con una suerte de obligación para recibir un beneficio estatal.
Criminalización de la protesta
La inmediata reacción del universo piquetero ante el justo reclamo de las mayorías a transitar libremente, es señalar la criminalización de la protesta , además de tratar de insensible, facho, gorila y otros sinónimos. Con ello, agregan un tinte de dramatismo a un reclamo mayoritario justo, más allá de la justicia que pueda tener el propio. Las marchas transcurren sin sobresaltos, automatizadas, son piezas de un engranaje mayor que los mueve sin dar muchas explicaciones, librando la orden de asistencia en tal lugar y a tal hora. Hay que ir, como sea. Con los bebés, con el changuito, muchas mujeres, algunos hombres. Fumando, con el celular en la mano, hablando de la vida, de su vida con alguien que quizás no conozca y le cuenta su dolor o sus amores. Estigmatizados, ellos saben que son los apartados sociales. Viven así y no reniegan porque se acostumbraron a ser uno más, sin proyectos y sin ganas de nada. Se criaron con la esperanza de ver llegar a casa al padre o a su abuelo con la madre de todas las condenas de la comunidad trabajadora: la caja PAN de Alfonsin. Desde allí arrastramos la cultura de la dádiva. Pero son culpas compartidas. El Estado y su megaestructura debe actuar con ellos. Pero a su favor y con otros resortes que no sea el asistencialismo. Debe entrar por las buenas a sus casas, estudiar sus vidas, comprobar que la ayuda de los planes está justificada, velar por el bienestar de los hijos. Si…casa por casa de cada quien es destinatario de una ayuda del Estado. Se debe empezar de nuevo y en serio. Enseñarles oficios, escolarizar, modelar sus costumbres que a menudo se convierten en amenazas o en tragedias. Crearles fuentes de actividades dignas. Porque nada tiene de bueno la dádiva más que la inmediatez de saciar la hambruna diaria. Ellos no son «ellos», ni tan lejanos ni tan esquivos. Somos todos argentinos. Si el Estado sólo atina a asistirlos con planes, cada vez será mayor la demanda y nunca habrá límites. Por comodidad o por necesidad no importa. La ley natural es trabajar y lograr objetivos. El camino de la especulación termina donde las cosas son llamadas por su nombre.
