El 20 de diciembre del año 2017 el centro sanjuanino ofrecía una postal característica de la fecha en la puerta de casi todos los bancos. Centenares de «pobres» haciendo fila para cobrar planes sociales. Pero uno de los ellos llamó la atención. Era Romeo Saavaedra uno de los cientos de soldaditos que la estructura de los «compañeros» enviaba a la recaudación de la jugosa caja que facilitaban los planes sociales, hoy extintos.
El plan era fácil y contaba con la mismísima anuencia de quienes administraban los dineros públicos del Estado.
Sol Araceli Saavedra, hija de Romeo, reclutaba jóvenes a quienes ofrecía el beneficio del plan social y posteriormente intervenía Juan José Saavedra, empleado de la Gerencia de Empleo (garito de la calle Mitre pasando General Acha) desde donde se facilitaban los trámites administrativos y habilitaciones.
Por último, Romeo Saavedra era el encargado de retirar el dinero de las cuentas bancarias.
En esa tarea este último fue sorprendido en un cajero automático del Banco Hipotecario realizando extracciones de dinero en efectivo con 51 tarjetas pertenecientes a beneficiarios de programas sociales. Los reportes de exteriores de aquellos días advertían una y otra vez peleas por las demoras de quienes se parapetaban frente a los cajeros para asistir al perverso juego que ofrecía la política de la época, «a todo o nada».
La misión era sacar toda la guita, vaciar los cajeros automáticos hasta el último peso y a la vista de todos. Pero el silencio siempre fue implacable por parte de quienes debían corregir esas mecánicas de la corrupción.
Apenas se dejaba escuchar en las filas «ahí esta de nuevo este, sacando toda la guita» pero ganaba el temor ante la posibilidad de dejar de cobrar ese canuto si esa advertencia era identificada con nombre y apellido.
Cuando la Justicia le llegó a Saavedra hubo cierto dejo de esperanza aunque el cajero fue abordado hasta el último plan social.
La resolución estuvo a cargo del juez federal Hugo Echegaray (padre de Juan Pablo Echegaray a quien la Justicia local lo eximió de responsabilidad penal por la muerte de Lucía Rubiño).
Nadie nunca esperó cárcel para los Saavedra y era de esperar. Echegaray resolvió que los tres acusados cumplan la pena de manera condicional porque ninguno tenía antecedentes penales aunque el fiscal federal Fernando Alcaraz había solicitado prisión efectiva.
Para decorar la resolución, obviamente se fijaron las decorativas y típicas «reglas de conducta» como para terminar de acariciar la «condena» como mantener domicilio fijo, someterse al control del Patronato de Liberados y realizar tareas comunitarias entre otras. De manual!
