Ricardo Quintela salió con los tapones de punta a cuestionar la soberanía plasmada en los acuerdos firmados en el año 1968 durante la última dictadura militar que se pronunciaron sobre la territorialidad donde se pretende explotar el proyecto minero José María y donde se emplaza el parque nacional Ischigualasto.
Quintela insta a los representantes del Congreso de la Nación a que se revise la legitimidad en cuestiones de soberanía acerca de los límites y la jurisdicción de las áreas que Quintela pretende entren en disputa.
Además de este escenario que lesiona considerablemente los intereses de San Juan, se suma el fallo de la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, quien en una resolución ordena suspender durante un mes las actividades de José María prohibiendo la circulación de transporte minero por el principal acceso logístico desde La Rioja.
La jueza entiende que existe “presunto riesgo ambiental” y que la medida responde a la falta de respuestas por parte de la empresa minera ante pedidos sobre el impacto ambiental del proyecto.
El abogado Gastón Noguera, especialista en cuestiones medioambientales, dijo en “Pensar San Juan” que antes de paralizar cualquier cuestión inherente a la actividad minera, primero debe revisarse muy seriamente el aspecto económico, social y medio ambiental y sobre todo analizar si el perjuicio que se plantea es reversible.
