Fiscal de Estado: «vamos a estudiar cada paso de cada funcionario que intervino sobre el acueducto Gran Tulum»
Las declaraciones pertenecen a Sebastián Dávila. La semana pasada el funcionario fue notificado por constituirse en parte querellante en la causa judicial debido a la presunta lesividad sobre el Estado por recursos ejecutados de manera dudosa para la mega obra no realizada.
Para determinar presuntas responsabilidades penales de funcionarios en el dudoso proceso del acueducto Gran Tulum, la causa judicial, de aspectos netamente técnicos, tiene 3 focos de atención.
Se trata de los organismos oficiales como OSSE, el Ministerio de Infraestructura y el Ministerio de Finanzas. Para el fiscal Sebastián Dávila, quien por estas horas tiene la responsabilidad como querellante de aportar a la Justicia todo elemento conducente a develar la arquitectura engañosa que tuvo la fastuosa obra que no se realizó.
En declaraciones al programa «Pensar San Juan» Dávila deslizó que «en los pliegos licitatorios podría develarse el engaño» por lo que afirmó que serán «minuciosos en estudiar el paso a paso de cada funcionario» que tuvo contacto administrativo con todo lo concerniente al acueducto en cuestión.
En este sentido y en cuanto a las acciones judiciales, es inminente el desentierro de un tramo de los caños adquiridos que se someterán a pruebas de calidad y se contrastarán con las normas de calidad de los pliegos licitatorios que estableció el ministro de Infraestructura de Uñac, Julio Ortiz Andino.
Para ello Fiscalía de Estado ya cuenta con documentación técnica de OSSE referida a las alertas técnicas que el organismo oportunamente dejó saber en cuanto a la calidad de los caños cuyo intermediario para que lleguen a San Juan fue el primo de Uñac, el empresario recientemente fallecido Gustavo Monti.
Para este fin, el equipo de investigadores de Fiscalía de Estado «trabaja día y noche, son 8 profesionales exclusivamente abocados a esto» dijo Dávila en cuanto al estudio de la participación de funcionarios en los períodos de Gobierno 2015 – 2019 y 2019 – 2023 sobre el acueducto.
«La información debe estar toda» dijo Dávila y añadió que «si hay irregularidades están ahí y necesitamos un respaldo en los papeles».
En relación a la documentación que ya está en manos de Fiscalía de Estado «hay cerca de 90 cajas con documentación que fueron remitidas desde OSSE y que en este momento se están digitalizando para su posterior estudio».
