Amenaza de bomba en la Boero: imputados deberán pagar $4 millones y hacer trabajo comunitario
La Justicia formalizó cargos por intimidación pública contra dos jóvenes. Se dictó la suspensión del proceso a prueba con estrictas condiciones económicas, sociales y educativas.
Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización, control de detención y suspensión del proceso a prueba contra dos jóvenes involucrados en una amenaza de bomba ocurrida el pasado 30 de julio en la Escuela de Educación Técnica EPET N°1 Rogelio Boero, ubicada en calle Manuel Belgrano Este 250, en la ciudad de San Juan.
Ese día, alrededor de las 11:35 horas, una llamada anónima ingresó al 911 CISEM desde el número 264-4188348, donde una voz masculina alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el interior del establecimiento. La geolocalización del llamado coincidía con la ubicación física de la escuela, por lo que rápidamente se activó el protocolo de seguridad.
La Policía y la Sección Explosivos evacuaron a todas las personas presentes tanto en el edificio como en las inmediaciones. Tras una inspección minuciosa, se descartó la existencia de explosivos.
Gracias a la labor de investigación liderada por la fiscal Daniela Pringles —con la colaboración de la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera, bajo la coordinación de los fiscales Ignacio Achem y la propia Pringles— se identificó que la línea telefónica utilizada estaba registrada a nombre de Juan Paulo Ferreyra Castro. Sin embargo, en una declaración espontánea ante la Comisaría Sexta, Ferreyra Castro reveló que no fue él quien hizo la llamada, sino que prestó su teléfono a dos conocidos.
Según las evidencias recolectadas, fue Tobías Fernández quien realizó el llamado al 911, y Ricardo Barassi quien formuló la amenaza concreta sobre la supuesta bomba. Ambos fueron imputados como coautores materiales del delito de intimidación pública, conforme al artículo 211 del Código Penal, en perjuicio del orden público.
En la audiencia judicial celebrada hoy, se resolvió otorgar la suspensión del proceso a prueba, imponiéndoles a los imputados varias condiciones:
Pago de $4.000.000 en total, divididos en $2.000.000 por cada imputado.
El monto será abonado en seis cuotas mensuales y consecutivas de $333.333, con vencimiento entre el 1 y el 10 de cada mes, a partir de septiembre de 2025.
Trabajo comunitario: deberán cumplir 24 horas de tareas comunitarias en sus respectivos municipios o en el lugar que determine la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), dentro de un plazo de tres meses.
Capacitación obligatoria: ambos deberán realizar un curso en la División Bomberos de la Policía de San Juan, presentando certificado de cumplimiento ante la OMA.
La medida busca no solo reparar el daño simbólico y económico generado por la falsa amenaza, sino también generar conciencia en los responsables sobre la gravedad de este tipo de delitos. La causa se enmarca en el legajo MPF-SJ-20688-2025, tramitado por la Unidad Fiscal Genérica.
