En un país sudamericano de exuberante belleza y profundas divisiones, la figura política de Cristina ascendió al poder. Con una oratoria apasionada y promesas de justicia social, cautivó a una parte significativa de la población, llegando a ocupar los cargos de Presidente, Vice y Diputada.
Sin embargo, tras su carismática fachada, se ocultaba una red de corrupción iniciada por su difunto esposo Néstor y que lentamente comenzó a desmoronarse. Durante años, las acusaciones de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos la persiguieron, pero ella siempre logró esquivar las investigaciones, presentándose como víctima de una persecución política.
Mientras tanto, el pueblo se dividía. Sus seguidores más leales, un grupo cada vez más reducido, la defendían a capa y espada, denunciando una supuesta proscripción y exigiendo explicaciones sobre las acusaciones en su contra. Pero la verdad es que la justicia, tras una investigación exhaustiva que se extendió por 17 largos años, finalmente ha reunido pruebas irrefutables de su culpabilidad.
El veredicto fue contundente: Cristina fue declarada culpable de múltiples cargos de corrupción y condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Además, se ordenó la confiscación de sus bienes, que ascendían a la asombrosa suma de 85 mil millones de pesos.
La noticia sacudió al país. Sus seguidores más acérrimos se negaron a creerlo, aferrándose a la idea de una conspiración. Pero la mayoría de la población, cansada de la corrupción y la impunidad, celebró el fallo como un triunfo de la justicia y un paso hacia la transparencia.
La historia de Cristina sirvió como un recordatorio de que nadie está por encima de la ley, y que la justicia, aunque a veces lenta, siempre llega. También evidenció la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política, y la necesidad de que los líderes actúen con integridad y honestidad en el ejercicio del poder.
Tras el fallo contra Cristina, la onda expansiva llegó hasta San Juan, donde un grupo de políticos locales sintió un escalofrío recorrer sus espaldas. Ex gobernadores y ex ministros, ahora multimillonarios gracias a su paso por el erario público, comenzaron a inquietarse. La sombra de la justicia, que durante tanto tiempo parecía lejana, ahora se cierne sobre ellos, aunque interiormente saben que resulta casi imposible que les llegue.
En los cafés del centro y en las reuniones privadas, el tema es recurrente: ¿será que alguna vez la justicia sanjuanina se animará a investigar sus fortunas? ¿Saldrían a la luz los negocios turbios con familiares o primos hermanos vendiendole caños, motos y armas al estado, las propiedades inexplicables y las cuentas bancarias abultadas? Los pone nerviosos que la gente pregunte cuando ellos no están en el poder, eso es palpable.
Algunos intentan minimizar la situación, argumentando que en San Juan las cosas son diferentes, que la justicia local es más complaciente. Pero otros, quizás más realistas, presumen que el caso de Cristina ha sentado un precedente peligroso. La impunidad ya no es una garantía.
Puede que cierta incertidumbre se apodere de la clase política que ya no tiene el poder en San Juan. Los nombres ya comenzaron a circular de boca en boca de la gente, las certezas y sospechas se intensificaron y todos ahora queremos ver presos a los chorros y corruptos sanjuaninos. La historia de Cristina quizás haya encendido una luz de esperanza en aquellos que anhelamos una provincia más justa y transparente. De hecho, hay quienes salieron de la casa de calle Paula hace un año y medio y les resulta imposible caminar por las calles o tomarse un café frene a la plaza…sólo pueden salir a rodar en su bicicleta con el rostro tapado y por lugares de nula concurrencia. El resto de su tiempo huyen a la inhóspita Miami o viven presos en sus caras mansiones. Son en definitiva, unos pobres millonarios que en su interior profundo saben bien que no hay túnel que dure cien años.
