La gestión de Milei pagará 700 mil dólares para que el avión presidencial vuelva a volar
La inspección sobre el Boeing 757-256 se venció hace más de 90 días y la aeronave no puede trasladar al Presidente.
En su visita a la ciudad de Sun Valley, en Estados Unidos, el 12 de julio, el presidente Javier Milei se trasladó en una aeronave privada que tuvo un costo de alrededor de 376 mil dólares. Lo mismo ocurrió en el viaje a París, Francia, entre el 25 y 27 de julio: debió recurrir al avión de una compañía privada, un servicio que tuvo un valor de 343 mil dólares.
La Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei debió incurrir en estos gastos ante la imposibilidad de contar con el avión presidencial Boeing 757-256 que, desde el 27 de junio, no puede volar porque se vencieron las inspecciones sobre buena parte de sus piezas. Se trata de la aeronave que la gestión de Alberto Fernández compró a cambio de US$25 millones, de los que U$S22 millones se pagaron en efectivo y el resto a cambio de la entrega del viejo Tango 01.
Desde hace más de tres meses que la aeronave presidencial oficial no vuela y pasa sus días en el sector militar de Aeroparque, a la espera de que finalmente la Casa Rosada concrete la licitación para inspeccionar las partes y poner a punto la unidad. “Se informa que, con fecha 27 de junio de 2024, se produjo el vencimiento de la inspección mayor ‘C-Check’ de la aeronave Boeing 757-256, matrícula ARG-01 de la Flota Aérea Presidencial, quedando, desde entonces, en condición: no aeronavegable”, dice el documento oficial al que accedió TN.
La inspección Check-C es una revisión que cada tres años impone el fabricante y que consiste en analizar cada una de las partes de la aeronave para verificar su funcionamiento. Si no se hace, el avión no puede moverse, como ocurre en la actualidad.
A mediados de este año quedó sin efecto una licitación para hacer la inspección en un taller en los Estados Unidos. Hubo ofertas de varias empresas: “Alpha Aviation Group LLC”; “Xtreme Aviation LLC”; “Servicios Aeronáuticos Quintana” y “Commercial Jet INC”. Las primeras tres fueron desestimadas por cuestiones técnicas y la última, por no cumplir con el plazo establecido para sostener la oferta.
Todo el proceso se declaró fracasado, aunque en el Gobierno sabían que era necesario llevar adelante esta inspección ante la necesidad de contar con la aeronave para trasladar al Presidente. En el medio surgieron varios rumores, incluso en los pasillos de la Rosada se dijo que la licitación se cayó por un supuesto pedido de coimas al encargado de la firma Commercial Jet. En el Gobierno desmienten rotundamente esto, aunque en el medio de esta situación se produjo la salida de Florencia Gastaldi, que ocupaba el cargo de Directora de Logística.
Nunca quedó claro cuáles fueron los motivos por los que Gastaldi dejó el cargo al que llegó en la gestión de Alberto Fernández. La abogada también había sido denunciada por el presunto alquiler informal del sector VIP de la base aérea presidencial en Aeroparque. Hay voces que también citan una mala relación con Sebastián Ibáñez, actual titular de la Casa Militar, y ahora a cargo de la flota presidencial.
Como sea ya fracasaron dos licitaciones y el gobierno ahora va por una tercera: en septiembre lanzó una nueva licitación para hacer la inspección “1C Check” tanto en el país como en el exterior. El proceso de revisión del avión se espera que tenga un costo cercano a los U$S700 mil, ya que en la anterior licitación, la Dirección de Planificación y Mantenimiento Aeronáutico había indicado que el costo estimado ascendía a los US$677.876. Esta nueva contratación es llevada adelante por la Casa Militar.
El 7 de octubre se produjo la apertura de sobres con las ofertas, pero en el sitio COMPRAR aún no puede apreciarse qué compañías se presentaron a la convocatoria.
En el Gobierno explicaron a través de una respuesta a un pedido de acceso a la información pública que mientras el avión está en tierra se le aplica un programa de mantenimiento denominado “Procedimiento para su Preservado Activo”, que es llevado adelante por el personal regular afectado al mantenimiento de la unidad, por lo que, dijeron, “no genera erogaciones adicionales”.
