Empresas de Internet, telefonía y TV paga solicitan revisar el DNU y convocar una mesa de diálogo con el Gobierno nacional
Muchos especialistas del sector afirmaron que se frenará la inversión. Las empresas cuestionaron la norma y destacaron que no tiene antecedentes en el mundo.
Las empresas que nuclean la industria de Internet, la telefonía celular y la TV paga rechazó el DNU sobre las telecomunicaciones en nuestro país, pidió que se dé marcha atrás con esa decisión y reclamó un «diálogo» con el Gobierno para resolver los problemas que tiene el sector.
Directivos de las diferentes compañías expusieron por videoconferencia en el encuentro sobre “El futuro de las comunicaciones en la Argentina”, organizado por el Centro de Estudios sobre la Convergencia de las Comunicaciones (Convercom), ante más de 250 personas. Allí expresaron su rechazo al DNU que congeló los precios y estableció que son servicios públicos la telefonía celular, Internet y la TV paga.
Javier Cao, economista de Abeceb, afirmó: «Es muy probable que haya retraso de inversiones, porque los bancos y los organismos financieros van a ser renuentes a darlos, si no hay certidumbre sobre los ingresos». Y añadió que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) genera graves problemas para la industria del sector y provocará una merma en la calidad de servicio a futuro en el país.
Especialistas internacionales y directivos de las entidades representativas de los prestadores de Internet, que destacaron la imposibilidad de mantener precios congelados y regulados por el Gobierno en una actividad que se desarrolla en competencia y tiene gran parte de sus costos en dólares, en el contexto de una economía inflacionaria.
Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pymes (CAPCY) dijo: «El DNU es un problema a nivel industria. Es un error enorme del Gobierno que las telecomunicaciones pasen a ser servicio público». «Si empezamos a hablar de cómo reglamentar el DNU es porque asumimos el Decreto tal cual está. Pero está mal. El servicio público supone un control y una potestad administrativa, mientras que nosotros somos empresas que estamos en competencia. Servicio público son actividades como la electricidad, el agua y el gas. ¿Pero cómo puede ser un servicio público la TV por cable?».
«Hay que encontrar la salida a este DNU. La herramienta es la competencia, porque el DNU que estamos tratando de comprender se contrapone con los problemas que pretende resolver», planteó Alejandro Lastra, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Telefónica. Y cuestionó que, “Hay otras herramientas para resolverlo, que pasan por el diálogo, por una agenda consistente y transversal. Sin ese diálogo no vamos a poder resolver los problemas que tiene la Argentina”.
Hernán Verdaguer, director de Asuntos Regulatorios de Telecom afirmó que «es saludable que se haya expresado todo el ecosistema. Estamos preocupados y desilusionados con lo sucedido. Se avanza en una fuerte intervención regulatoria, cuando el escenario debería tender a una simplificación normativa, para facilitar el despliegue de redes e inversiones».
Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios de Claro, dijo: «Pero vamos a llegar con el producto más popular, que es la telefonía celular prepaga, que alcanza al 60% de la población, con precios congelados durante todo el año. Necesitamos tener rápido reglas de juego, porque sino el DNU va a tener un efecto contrario, regresivo. El congelamiento no se puede mantener in eternum, porque sería lo peor que podría pasar, de cara al cliente. Estamos llevando propuestas de previsibilidad, para eliminar restricciones a la competencia”.
Por otro lado, Francisco Barreto, vicepresidente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV dijo: “Nos han comparado con países como Colombia, Brasil y México, para la definición de servicio público. Pero en ninguno de esos países se controlan ni se congelan los precios de los servicios”. «Trabajar en la reglamentación es validarlo. Nos parece que sería más interesante retomar el diálogo, sin la noción de servicio público. Demos un paso hacia atrás, para dar después cinco pasos hacia adelante», concluyó.
“No hay antecedentes internacionales de una decisión así, con el congelamiento y control de precios”, sintetizó Maryleana Méndez, secretaria general de la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET).
Carlos Winograd, profesor de la Universidad de Paris-Saclay en diálogo afirmó: “El populismo regulatorio tiene una excesiva preferencia por el corto plazo, con desgaste de las infraestructuras, que puede ser severo en economías de alta inflación. Esta miopía regulatoria puede producir aquí desajustes muy importantes, en muy pocos meses”.
Las empresas dijeron que están analizando la vía del reclamo administrativo y judicial. El coordinador de Convercom, José Crettaz, explicó que la entidad también invitó a participar del debate a los funcionarios del Gobierno, pero que ellos decidieron no participar del encuentro virtual.