Los jueces de la Cámara Federal presentaron un amparo para frenar la jugada del oficialismo para desplazarlos

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, pidieron hoy en la Justicia la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución del Consejo de la Magistratura que la semana pasada objetó sus traslados a ese tribunal para que sean revisados por el Poder Ejecutivo y el Senado Nacional.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los dos magistrados presentaron un amparo en conjunto en la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal en el que solicitaron una medida cautelar para que se anule esa decisión del Consejo y poder continuar en sus cargos. Por sorteo, la causa quedó a cargo de la jueza federal María Biotti.

Los dos jueces señalaron en su presentación que sus traslados -en 2018 desde el Tribunal Oral Federal 4 a la Cámara Federal- están “firmes y consentidos”, con derechos adquiridos y que no pueden ser revisados por el Consejo ya que no cuenta con facultades para hacerlo. También señalaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en su acordada 7/2018 que los traslados entre la misma competencia -esto es entre tribunales federales- no requiere la intervención del Senado.

“En este carácter de jueces federales, la Constitución Nacional nos confiere las garantías de inamovilidad, estabilidad en nuestros cargos y la intangibilidad de nuestras remuneraciones”, señalaron en su presentación los magistrados, quiénes llegaron a la Cámara hace dos años con el apoyo del macrismo y el rechazo del kirchnerismo.

Bruglia y Bertuzzi son dos de los 10 jueces que el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, objetó en una presentación. Sostuvo que el trámite de esos traslados está incompleto porque no se terminó el proceso que establece la Constitución Nacional para la designación de magistrados. Ninguno de esos traslados pasó por la aprobación del Senado de la Nación. También, en cada caso, se objetaron otros aspectos: que los traslados se hicieron a distintas jurisdicciones para la que los jueces habían sido designados o que asumieron en tribunales con competencias para las que no habían concursado.

Los otro ocho jueces cuestionados son: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata.

Como jueces de la Cámara Federal, Bruglia y Bertuzzi ocupan lugares clave. Por allí pasan y se revisan todas las investigaciones que hacen los jueces de los tribunales de Comodoro Py, donde se tramitan, entre otros, los expedientes de corrupción y contra funcionarios públicos. Otro de los jueces objetados es de Comodoro Py. Castelli integra el Tribunal Oral Federal 7 que tiene el caso de los cuadernos de la corrupción en el que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

El Consejo de la Magistratura aprobó la semana pasada la resolución 183 en el que señaló las objeciones a los 10 traslados y lo envió al Poder Ejecutivo para que lo analice y decida si comparte las críticas y los remita al Senado para que le de o no acuerdo. El oficialismo cuenta con la mayoría para aprobarlos o rechazarlos. Si la cámara alta no aprueba los traslados, los jueces deberán volver a sus cargos anteriores.

En el amparo, los camaristas pidieron que no se el paso para que sus traslados sean analizados por el Senado. “Solicitamos que se dicte una medida precautelar y -posteriormente- medida cautelar de no innovar -en los términos de los artículos 195 y ss. y 232 del CPCCN-, disponiendo la inmediata suspensión de los efectos del artículo 1 de la Resolución CM 183/2020 y ordenando al Poder Ejecutivo Nacional y el Senado de la Nación se abstengan de iniciar el trámite previsto en el art. 99 inciso 4 de la Constitución Nacional con referencia nuestra a la designación en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones y Correccional Federal de la Capital”, plantearo. Para los jueces “tal remisión al Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación es el resultado de una decisión ilegítima de la demandada, importa la revisión de actos administrativos consentidos y firmes y vulnera las garantías constitucionales que nos asisten como magistrados federales”.

La aprobación en el Consejo fue por siete votos contra seis en una sesión virtual por la pandemia del coronavirus. El bloque del oficialismo más la diputada peronista Graciela Camaño aprobaron el dictamen. “Todo lo que es instalar a un juez en un tribunal, cualquiera sea o cualquier jurisdicción, no es una facultad discrecional de este Consejo ni tampoco del Presidente de la Nación. La Constitución Nacional quiere que sea un acto complejo. Todo el proceso que rodea a estos 10 nombramientos claramente surge que se cometieron errores. Tenemos la obligación de enmendar el error. Tenemos que tener reglas claras porque estoy cansada, en esta ancha avenida del medio en la que estoy, que de los dos lados cometan discrecionalidades”, dijo Camaño, el voto clave porque terció en el empate entre oficialismo y oposición.

Por su parte, la oposición entendió que el Consejo no tenía facultad para intervenir en el caso, que los traslados ya habían adquirido firmeza con derechos adquiridos de parte de los jueces y que solo se podían revisar en una causa judicial.