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Deuda: el Gobierno cierra nueva oferta para bonistas y descartó acuerdo con BlackRock y sus aliados

El presidente Alberto Fernández cree excesivas las condiciones presentadas por el fondo de inversión. Martín Guzmán redacta la propuesta de reestructuración de deuda que será publicada en Boletín Oficial.

El presidente argentino Alberto Fernández y BlackRock no llegaron a un acuerdo y van hacia una larga batalla política, económica y judicial con final abierto. El Presidente cree que ese poderoso fondo “quiere poner a la Argentina de rodillas”, mientras que en Wall Street replicaron que la propuesta oficial “nunca fue significativa para lograr un acuerdo definitivo”.

Con este marco, Martín Guzmán, ministro de Economía, da inicio este viernes los últimos contactos con otros acreedores privados para concretar un acuerdo que será parcial y abre la posibilidad de un juicio por default en los tribunales de Manhattan.

El jueves por la noche, luego de consultar con Fernández, el ministro de Economía rechazó la oferta del Comité de Acreedores Argentinos (ACC) y terminó de definir una estrategia para enfrentar los embates de BlackRock y sus aliados.

Guzmán ya había visto una nota de la agencia de noticias Bloomberg –firmada por los periodistas Jorgelina do Rosario y Michael O’Boyle– que informaba que los grupos de acreedores Ad Hoc –liderado por BlackRock– y Exchange –encabezado por Monarch– cuestionaban la “buena fe” del gobierno y se aprestaban a enfrentar al gobierno que buscaba aislarlos y condicionar su capacidad de negociación.

“Nos corren el arco todos los días. Una y otra vez. Hasta acá llegamos. Estoy harto de hacer gestos, y que BlackRock no haga nada”, dijo el presidente Fernández en la intimidad de Olivos.

Acto seguido, Guzmán dio órdenes a su staff técnico que avance en la redacción de la nueva oferta oficial, al mismo tiempo que ajustaba la agenda de trabajo que cumplirá por estas horas para sumar más adhesiones de los bonistas que operan al margen de BlackRock y sus socios.

Hasta el jueves por la tarde, la propuesta del Gobierno a los acreedores privados incluía las siguientes condiciones:

1. Un promedio de quita de capital del 3 por ciento.

2. Pago de cupones desde el año próximo.

3. Pago de los intereses devengados tomados desde el 31 de julio de 2020, para los bonistas que ingresen al canje sin demoras.

4. Limitado uso del sistema jurídico de re-asignación.

5. Se mantienen los derechos adquiridos de los bonos canjeados en 2005.

La propuesta oficial en su versión correjida y mejorada fija un Valor Presente Neto (VPN) del bono en 53 dólares. El Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) exigía 54.5 dólares de VPN, y los grupos encabezados por BlackRock y Monarch pretendían un rango que iba de 55 a 57 dólares de Valor Presente Neto.

Fernández y Guzmán fijaron su postura en 53 dólares de VPN, y ahora la estrategia del Gobierno es sumar acreedores privados que compraron bonos muy por debajo de ese valor cuando se conocieron los resultados de las PASO y Mauricio Macri iniciaba su derrota electoral.

Por su parte, BlackRock y sus aliados se preparan para una partida larga y compleja. Ya han decidido establecer un Lock Up legal –que evitará las fugas de fondos de Ad Hoc y Exchanges hacia la propuesta oficial– y mover todo su poder en Wall Street, la Casa Blanca y el FMI para lograr que Fernández ceda y acepte negociar bajo las condiciones establecidas por Fink.

El Presidente y su ministro de Economía están al tanto de la estrategia de BlackRock y ya decidieron avanzar con su propia hoja de ruta. Guzmán terminará las ultimas conversaciones con los acreedores privados y luego aguardará las instrucciones para cerrar la oferta que se publicará en el Boletín Oficial.

El gobierno argentino estudia que tendrá una adhesión cercana al 50 por ciento de los bonistas que invirtieron los 66.000 millones de dólares de deuda que se están reestructurando. En Wall Street juran que el número de adhesión será menor y que Argentina no tendrá otro camino que regresar a la negociación con BlackRock.

En cualquier caso, hay un hecho bastante concreto: queda abierta la chance de un juicio por default. Con todas sus consecuencias políticas, económicas y financieras.

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