La Corte Suprema obligó al Estado Nacional a asumir toda la rebaja de IVA y Ganancias
El máximo tribunal hizo lugar a medidas cautelares de quince distritos para que no se afecten de manera inconsulta recursos coparticipables. La Nación tendría que pagar unos $5.660 millones.
La Corte Suprema estableció que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias, incluida en las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional tras las PASO del 11 de agosto pasado, “no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias”, según se informó oficialmente este mediodía a través del Centro de Información Judicial.
En un fallo dividido, la Corte Suprema de Justicia votó en contra de un decreto del presidente Mauricio Macri que eliminó el IVA a los alimentos de la canasta básica, hizo lugar a las cautelares de 15 provincias y el Estado nacional deberá asumir toda la rebaja de IVA dado que no pueden afectar los fondos de coparticipación federal.
Lo mismo decidió el máximo tribunal respecto del cambio que propuso el gobierno en cuanto al impuesto a las Ganancias.
El fallo de la corte llegó tras la presentación de 15 provincias que acudieron a la Corte para evitar el perjuicio por parte del gobierno nacional. Tres de los jueces (Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda) se inclinaron por fallar a favor de los gobernadores.
En el fallo, la Corte sostuvo que “no se puede afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán”.
“El Poder Ejecutivo Nacional detrajo unilateralmente montos de la masa de recaudación de impuestos coparticipables, sin tener competencia para ello, por lo que tales decretos y resoluciones violan los principios del federalismo de concertación y el principio de legalidad en materia tributaria”, agregaron en el fallo que se publicó esta mediodía.
Según definió la Corte, los decretos colocan a las provincias en un “escenario de extrema gravedad y dificultad para cumplir con las obligaciones y deberes a su cargo, pues las sumas que dejarían de ingresar a las arcas provinciales ya se encontraban incorporadas como recursos corrientes en el presupuesto de gastos para el presente ejercicio 2019”.
La ley de Coparticipación Federal de Impuestos indica que el 42,34% va al Tesoro Nacional y el 56,66% a las provincias, que a su vez destinan una parte a los municipios.