Esta tarde cerca de 150 familias se concentraron en las puertas del sindicato SMATA para reclamar nuevamente la devolución de dineros entregados a la asociación sindical por la venta de lotes para construcción de viviendas. Se trata de las famosas carpetas que el sindicato vendió a sus socios entre los años 2018 y 2019 para construir dos barrios a través del Instituto Provincial de la Vivienda. Los conjuntos habitacionales Urquiza I y II se iban a levantar en un terreno ubicado en avenida Libertador y Urquiza en el departamento Santa Lucía.
Uno de los puntos críticos para la construcción del barrio de la mutual es la resolución de la ampliación y aprobación de los terrenos destinados a las viviendas, el proyecto comenzó con un loteo de 250 metros cuadrados en 2018, el cual luego fue ajustado a 300 metros en 2019, en ambos casos están aprobados por la oficina de Planeamiento del Ministerio de Obras en la gestión del ex gobernador Uñac.
Durante la protesta el sindicato de calle Mendoza 1462 sur permaneció cerrado.
«Había parrales en ese terreno y vendieron hasta la leña de los parrales, hoy es un descampado» dicen los damnificados con pocas esperanzas de recuperar el dinero perdido. El primer inconveniente se dio a partir de una ordenanza que el Concejo Deliberante de Santa Lucía sancionó prohibiendo la construcción de viviendas particulares en terrenos con dimensiones menores a los 1500 metros cuadrados. Los terrenos vendidos en las carpetas de SMATA según los damnificados «no superan los 250 metros cuadrados y no podemos construir según la norma municipal vigente«.
Uno de los apuntados por los socios es Roberto Poy «especialista en evadir nuestro pedido» dicen los socios ya que «queremos que nos devuelva todo el dinero entregado al sindicato». Las operaciones se hicieron cuando el cuestionado sindicato se encontraba en calle Santa Fe entre Santiago del Estero y avenida Alem en Capital. Luego se mudó a Trinidad por calle Mendoza 1462 sur donde esta tarde hubo protestas.
«Nosotros entregamos el dinero a empleados del sindicato y desde aquella época no recibimos absolutamente nada» manifiestan. Uno de los perjudicados dijo a Estación Claridad que el terreno donde se iban a construir los dos barrios se tasó en U$D 300 mil dólares «aunque nosotros entregamos un equivalente a 2 millones de dólares».
El caso ya tuvo una presentación en la Justicia (demanda penal por estafa) de la provincia pero los socios dijeron a este diario que no prosperó ya que «la documentación recibida en concepto de pagos es muy trucha al igual que los contratos que firmamos».
Poy reside en Mendoza por lo que es muy difícil dar con él y «apenas contesta los mensajes, es un experto en evadir nuestros pedidos y te contesta cuando se le da la gana. Estamos desesperados por recuperar todo el dinero invertido y nadie nos responde» insisten los socios.
