Paro nacional: UDAP, UDA y AMET dejan a los chicos sanjuaninos sin clases por «obediencia debida»
Mientras en San Juan los acuerdos salariales del sector docente ya fueron alcanzados, UDAP, UDA y AMET resolvieron adherir al paro nacional convocado para este lunes 3 de agosto. La medida responde a una agenda gremial planteada fuera de la provincia, pero sus consecuencias recaerán directamente sobre los alumnos, las familias y toda la comunidad educativa sanjuanina.
El Ministerio de Capital Humano informó que realizará inspecciones muestrales en escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de la Ley N.º 27.802. Según el artículo 101 de esa norma, la educación fue declarada servicio esencial y, ante una medida de fuerza, debe garantizarse el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.
La cartera nacional advirtió que, si se verifica el incumplimiento de esa obligación, se activarán los protocolos correspondientes y podrán aplicarse las sanciones previstas.
La adhesión conjunta de UDAP, UDA y AMET vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿cuál es el conflicto concreto que justifica dejar sin clases a los chicos de San Juan, si la discusión salarial provincial ya tuvo acuerdos?
Los tres gremios invocan el derecho a huelga y se suman a una protesta cuyo origen está en la agenda sindical nacional. Pero el derecho a reclamar no puede utilizarse para desconocer el derecho de los niños y jóvenes a recibir educación. Mucho menos cuando el conflicto que motiva la medida no surge de una demanda específica de los docentes sanjuaninos.
La adhesión de UDAP, UDA y AMET revela una verdadera “obediencia debida” de las conducciones provinciales a sus estructuras nacionales: acatan automáticamente una agenda definida fuera de San Juan, aun cuando los acuerdos salariales locales ya fueron alcanzados y no exista un conflicto provincial que justifique dejar a los chicos sin clases. Se trata de organizaciones cuyas dirigencias están históricamente atravesadas por el peronismo y que, en lugar de priorizar el derecho a la educación, parecen dispuestas a profundizar el conflicto y a alterar el funcionamiento normal de la sociedad en distintas áreas con tal de confrontar con el Gobierno nacional. Esa lógica de obediencia política, que pretende imponer decisiones por encima de las necesidades concretas de los sanjuaninos, tiene un rasgo autoritario y resulta incompatible con una democracia madura. El único límite frente a esa pretensión debe ser el estricto cumplimiento de la ley: el derecho a huelga no habilita a desconocer el derecho de los niños a estudiar ni la obligación de garantizar el servicio educativo esencial.
Cada jornada sin clases altera la organización de las familias y perjudica especialmente el derecho que tiene todo niño de ser instruido en la Escuela Pública. La educación no puede convertirse en la variable de ajuste de disputas políticas y sindicales que se desarrollan lejos de San Juan.
También corresponde que las autoridades provinciales informen cómo se garantizará el cumplimiento del 75% de la prestación educativa y qué controles se realizarán en las escuelas. La defensa de la educación no puede quedar reducida a discursos o comunicados: debe traducirse en asistencia, clases y responsabilidad institucional.
El paro puede tener sus razones en otras jurisdicciones. Lo que no puede aceptarse es que UDAP, UDA y AMET actúen como si San Juan tuviera los mismos conflictos y urgencias que Buenos Aires. Mientras los dirigentes se alinean con una estrategia política nacional, los chicos pierden días de clase y las familias vuelven a pagar el costo de una decisión cada vez más alejada de las necesidades concretas de la provincia.
