La Justicia Riojana ordeno suspender temporalmente las actividades en el Proyecto Vicuña

El mega proyecto minero Josemaría, uno de los desarrollos de cobre y oro más ambiciosos de Argentina con una inversión proyectada de 16.000 millones de dólares, enfrenta un inesperado freno legal. La jueza de cámara de Chilecito, María Greta Decker, dictó una medida autosatisfactiva que ordena la paralización del tránsito y las actividades vinculadas al proyecto en suelo riojano por un plazo de 30 días.

La resolución surge tras una presentación del Gobierno de La Rioja contra la operadora Vicuña S.A., argumentando que la firma ha omitido presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) correspondientes a la jurisdicción riojana, pese a que gran parte de su logística atraviesa esa provincia.

El secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, expresó en Estación Claridad que el Estado riojano pretende que la empresa presente un informe de impacto ambiental conforme a lo establecido por la normativa vigente.

El funcionario remarcó la importancia de cumplir con este requisito para garantizar la protección del ambiente y evaluar de manera adecuada las posibles consecuencias de la actividad en cuestión.

El eje del conflicto: Ambiente y soberanía

Aunque el yacimiento se encuentra físicamente en la provincia de San Juan, el acceso principal utilizado actualmente atraviesa comunidades riojanas como Guandacol y Villa Unión. Según el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, la empresa no ha cumplido con los requerimientos legales para garantizar la protección de la biodiversidad local. Entre las principales preocupaciones mencionadas en el fallo se encuentran:

• Impacto sonoro y dispersión de partículas por el tránsito de maquinaria pesada.

• Riesgo hídrico: Posible afectación de cursos de agua y ecosistemas frágiles.

• Sustancias peligrosas: El riesgo que implica la circulación de materiales críticos sin la debida fiscalización local.

Un futuro incierto en la Corte Suprema

Actualmente, la Policía de La Rioja mantiene retenes en los accesos por Guandacol, permitiendo únicamente el paso de personal esencial para tareas de mantenimiento y cuidado ambiental, prohibiendo cualquier actividad de construcción o transporte logístico.

Mientras San Juan observa con preocupación el freno a un proyecto estratégico para la economía nacional, la empresa trabaja a contrarreloj en un camino alternativo que evite el suelo riojano. Sin embargo, de no mediar un acuerdo o una adecuación a la normativa de La Rioja, el conflicto podría escalar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, marcando un precedente clave sobre el control de los corredores mineros interprovinciales.

Puntos clave de la resolución:

• Plazo: 30 días de paralización inicial.

• Excepción: Solo se permite tránsito para tareas de mantenimiento mínimo.

• Condición: Presentación y aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental integral ante las autoridades riojanas.