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La Justicia embargó el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria

La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2, que ejecuta la condena de la causa Vialidad. También alcanzó propiedades, vehículos y activos vinculados a la familia Kirchner y a otros condenados.

La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal N° 2, que ejecuta la condena de la causa Vialidad. También alcanzó propiedades, vehículos y activos vinculados a la familia Kirchner y a otros condenados.

La Justicia ordenó embargar el departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria, además de un conjunto de propiedades y otros activos vinculados a la expresidenta y a personas y empresas alcanzadas por la condena en la causa Vialidad.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de ejecutar las penas del expediente, en el marco de las medidas destinadas a recuperar los fondos correspondientes al perjuicio económico determinado en la causa.

El monto fijado por la Justicia asciende a 685.000 millones de pesos, en concepto del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado por las maniobras de corrupción relacionadas con la obra pública.

El embargo no implica un remate inmediato de los inmuebles ni modifica la titularidad de los bienes. La medida establece su indisponibilidad jurídica para impedir que sean transferidos o utilizados como garantía mientras se avanza con la definición del decomiso.

Qué propiedades fueron embargadas

Además del departamento de San José 1111, el fallo alcanzó a distintos bienes vinculados a la familia Kirchner.

Entre ellos figuran un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el complejo Madero Center, en Puerto Madero, que pertenecen a la familia a través de sociedades comerciales.

También fueron alcanzados distintos terrenos y construcciones en Santa Cruz. Dentro del listado se encuentra el predio donde funciona el Hotel La Aldea del Chaltén.

La resolución incluye además propiedades ubicadas en El Calafate y Río Gallegos. Entre ellas aparece el chalet de Cristina Kirchner situado sobre la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner, además de viviendas ubicadas en las calles AlvearMoreno y 25 de Mayo.

Los jueces Jorge GoriniRodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso también ratificaron las medidas sobre bienes vinculados a Máximo y Florencia Kirchner, quienes no fueron condenados en la causa Vialidad.

La relación con Lázaro Báez

El Tribunal fundamentó la extensión de las medidas al considerar que en la sentencia de Vialidad se determinó que las maniobras defraudatorias produjeron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para integrantes de la familia Kirchner.

Según lo establecido en el juicio, existió una estrecha relación comercial entre las empresas de Báez y las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur, vinculadas a la explotación de hoteles de la familia Kirchner.

La resolución también alcanzó a bienes de empresas constructoras relacionadas con la causa. Entre ellos se encuentra un inmueble perteneciente a Kank y Costilla, adquirido en abril de 2005, cuya incorporación al patrimonio de la compañía fue acreditada mediante documentación incorporada al expediente.

Asimismo, se dispuso una medida sobre una propiedad situada en Río Gallegos que Lázaro Báez adquirió a fines de 2005 mediante una cesión de derechos.

También embargaron vehículos

El Tribunal ordenó además la reinscripción de embargos sobre vehículos particulares pertenecientes a algunos de los condenados.

La lista incluye un Honda CR-V de Cristina Fernández de Kirchner; un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino de Lázaro Báez; un Chevrolet Meriva de José López; una Land Rover Defender de Mauricio Collareda; una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez y un Fiat 600 de Nelson Periotti.

Las medidas forman parte del proceso de ejecución de la condena de la causa Vialidad y apuntan a garantizar los bienes sobre los que eventualmente se concretará el decomiso destinado a recuperar el dinero que la Justicia determinó como perjuicio para el Estado.

Fuente: Cadena 3

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