La investigación estuvo a cargo del equipo fiscal compuesto por los fiscales Eduardo Gallastegui, Maximiliano Yanzón y Milena Berbari. Durante el proceso, el Ministerio Público Fiscal reunió y produjo la prueba que permitió acreditar la distribución de archivos con material de abuso sexual infantil a través de la aplicación de mensajería WhatsApp.
Entre marzo de 2021 y febrero de 2025 el condenado compartió once videos con material de abuso sexual infantil en grupos de esa plataforma. Cuatro de esos archivos contenían imágenes de niños menores de 13 años de edad, circunstancia que constituyó el agravante previsto en el artículo 128 del Código Penal.
Uno de los elementos relevantes de la investigación fue la prueba pericial informática incorporada durante el debate. El análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados permitió obtener evidencia digital vinculada a la distribución de los archivos, identificar la cuenta desde la que fueron compartidos y su geolocalización en el domicilio de Pino, ubicado en Pocito.
Además de la pena de prisión, el tribunal unipersonal ordenó la detención domiciliaria del condenado mientras la sentencia quede firme, el decomiso y la destrucción de los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación y las restantes medidas previstas para la ejecución de la condena. La resolución también dispuso la intervención de los organismos competentes para el control de su cumplimiento.
