El Senado comenzó a debatir la Ley de Propiedad Privada
El oficialismo retiró el punto más cuestionado del proyecto para asegurar la sesión. La Cámara alta retomó el debate tras el cuarto intermedio dispuesto en julio.
El Senado de la Nación retomó este jueves el debate de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el oficialismo, luego de que el Gobierno decidiera retirar del proyecto el capítulo referido a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La sesión comenzó a las 14.15, tras el cuarto intermedio dispuesto el mes pasado para continuar las negociaciones y reunir los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa.
La decisión de excluir el apartado sobre tierras rurales fue clave para destrabar el tratamiento legislativo. El capítulo había generado fuertes resistencias tanto en sectores de la oposición como entre algunos aliados del oficialismo, lo que ponía en riesgo la continuidad del debate.
Inicialmente, la propuesta contemplaba modificaciones a la legislación vigente sobre la titularidad de tierras rurales por parte de ciudadanos y capitales extranjeros. Sin embargo, ante la falta de consenso, el oficialismo optó por eliminar ese punto y concentrar la discusión en el resto del proyecto.
Una sesión atravesada por la tensión política
La jornada comenzó con varios planteos reglamentarios y cruces entre los bloques parlamentarios.
Uno de los primeros temas abordados fue la situación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien solicitó participar de manera remota debido a un embarazo avanzado. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, pidió que el planteo fuera remitido a comisión, propuesta que finalmente fue aceptada por el cuerpo.
Por otra parte, el senador libertario Joaquín Benegas Lynch respondió a una impugnación impulsada desde el bloque peronista, que cuestionó su participación en el debate al considerar que podría existir un conflicto de intereses por su actividad vinculada al sector agropecuario e inmobiliario.
El legislador rechazó las acusaciones y sostuvo que su trayectoria profesional es pública y no constituye un impedimento para intervenir en la discusión parlamentaria.
