Los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Martilleros y Corredores Públicos tienen serias sospechas acerca de los manejos que tiene Daniel Molina a cargo de la institución. El Consejo se rige por la ley provincial 149 A.
A través de una carta notarial dirigida a Molina los profesionales le requirieron el libro de actas, reglamento electoral, reglamento interno y balances entre otros instrumentos y debido a la negativa de lo requerido, decidieron presentar una demanda en la Justicia.
El abogado Roberto Pelegrina, representante legal de los demandantes, exige en la presentación con fecha 2 de septiembre ante el 11ª Juzgado Civil, que Molina tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar los instrumentos requeridos. Ese plazo vence la semana que viene.
La denuncia lleva la firma de los profesionales Mauricio Turell, Eduardo Barbano, Arabel Trucco, Gustavo Sommo, Sebastiàn Zapata, Mariela Cruz y Pereira Ginestar entre otros.
La solicitud radica esencialmente en que Molina rinda cuentas con números reales al Consejo ya que sorpresivamente y durante su gestión “los grandes remates y embargos siempre caen en profesionales con los que Molina tiene gran empatía”.
El pedido a la Justicia tiene como objetivo echar luz sobre los manejos de quien preside el Consejo y se pretende “mayor claridad respecto a quienes con inquietante frecuencia participan de los grandes remates y embargos judiciales de la provincia”.
En este sentido apuntaron que “hay una llamativa repetición de martilleros en causas del Fuero Civil”. Los profesionales representados por el abogado Pelegrina dijeron a Estación Claridad que “recientemente se remató una conocida fábrica de cerámicos y el martillero se alzó con una comisión que superaba los 30 millones de pesos”.
La información es pública y está disponible en la plataforma de subasta electrónica. De todas maneras los demandantes insisten en la “alternancia del poder en el Consejo para desestimar cualquier rumor de retornos, comisiones y/o compromisos” por lo que y ante la negativa de respuesta por carta notarial, ahora esperan que la Justicia obligue a Molina a presentar formalmente lo solicitado en la demanda.
Otro de los puntos que levantó polémica en la institución, es la constante apertura de sumarios disciplinarios o suspensiones temporarias bajo el argumento de “medidas de resguardo institucional”. Una de estas circunstancias se dio en la asamblea del 28 de mayo pasado en la que quedó suspendido el profesional Gustavo Sommo.
