Acueducto Gran Tulum: el Gobierno es querellante en la causa que investiga el millonario desembolso en dólares en la gestión Uñac.
Este miércoles Fiscalía de Estado presentó el pedido a la UFI que investiga si hubo o no asociación ilícita y administración fraudulente en torno a la mega obra.
El Estado Provincial es querellante desde este miércoles en la investigación judicial por la obra no realizada del acueducto Gran Tulum en la gestión del ex gobernador Sergio Uñac.
La petición se da en virtud de la denuncia penal realizada por el abogado Marcelo Arancibia y se espera en adelante que el Ministerio Público Fiscal formalice audiencia. Antes que ello ocurra, el equipo de investigación judicial deberá reunir la prueba necesaria para saber si podrá o no sostener la imputación de dos delitos graves en principio (asociación ilícita, administración fraudulenta y desvío de fondos) teniendo en cuenta que en el medio hay dineros públicos en juego devenidos de un compromiso internacional con el gobierno de Kuwait (origen del préstamo en millones de dólares para la obra no realizada).
El pedido de Fiscalía de Estado (brega por los intereses del Estado cuando considera que estos se ven lesionados) sugiere en su presentación formal que se investiguen una serie de hechos de gravedad institucional vinculados a presuntas maniobras ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales en la gestión del ex gobernador Sergio Uñac.
Los hechos podrían configurar delitos contra la Administración Pública como incumplimiento de los deberes del funcionario público, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación Ilícita para defraudar al Estado.
El documento también solicita que se investigue la presunta participación de funcionarios provinciales en los períodos de gobierno 2015 – 2019 y 2019 – 2023 competentes en contratación de obra pública, control de calidad y certificaciones sin dejar afuera de la investigación a la empresa Krah.
También solicita la investigación sobre posibles direccionamientos de licitaciones públicas por manifestaciones de integrantes de las empresas competidoras en la licitación quienes habrían señalado que los pliegos licitatorios habrían estado diseñados para favorecer a dicha empresa sacando a la competencia.
De comprobar este último punto, se configura el delito de abuso de autoridad según el artículo 248 del código penal entre otros.
Un punto trascendental para el esclarecimiento de la cuestión es la calidad de los caños provisto para la obra no realizada. Es que por parte de los organismos competentes hubo alertas técnicas dejando saber específicamente deficiencias estructurales por lo cual no se cumplían con los estándares de calidad.
Otra de las dudas que deberá esclarecer la investigación judicial se centra en las diferencias económicas significativas entre la oferta adjudicada y la de empresas competidoras. Ello demostraría un perjuicio económico al erario provincial en cuanto a pagos anticipados y presuntos beneficios indebidos.
La Justicia en adelante deberá ejecutar las acciones pertinentes y producir la prueba necesaria para imputar o no los delitos mencionados.
