Sebastián Dávila (Fiscal de Estado): En la causa caños “Todo indicaría que se está afectando el patrimonio de la provincia”.

El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, dio precisiones sobre la posible participación del organismo en la denuncia penal presentada por el abogado Marcelo Arancibia por presuntas irregularidades en la obra del acueducto Gran Tulum. En dialogo con ESTACIO CLARIDAD, Dávila aseguró que “aún no conoce el contenido completo de la denuncia”, adelantó que el equipo jurídico ya comenzó a “afinar detalles” para determinar si corresponde que Fiscalía de Estado se constituya como querellante.

Dávila destacó que, según lo que ha trascendido públicamente, “todo indicaría que se está afectando el patrimonio de la provincia”, pero aclaró que cualquier sospecha “debe ser probada” a partir de documentación y evidencia concreta. En ese sentido, remarcó que la labor del organismo es evaluar si existen elementos suficientes para intervenir: “Tenemos que evaluar a ver si los elementos aportados son los suficientes para que se constituya la denuncia”.

El funcionario explicó que, en esta etapa, el fiscal a cargo (Sebastián Gómez) del caso será quien defina si la denuncia avanza, mientras que Fiscalía de Estado actuará en un rol de colaboración para proteger los intereses de la provincia. “El director de la investigación es el fiscal del Ministerio Público”, recordó, y aclaró que su organismo puede aportar datos, pedidos de informes o documentación complementaria, pero no iniciar una denuncia paralela como parte independiente.

Respecto al avance del expediente, Dávila señaló que la investigación deberá apoyarse principalmente en los documentos administrativos vinculados a la licitación y al proceso de ejecución de la obra. Consultado sobre la declaración del ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, quien afirmó que la provincia paga un crédito por una obra inexistente, el fiscal de Estado sostuvo que se trata de “un elemento indiciario” que debe ser respaldado con pruebas concretas como inspecciones, características técnicas del material adquirido y revisión del expediente licitatorio.

También fue consultado sobre la posibilidad de que documentación relevante pueda desaparecer. Dávila fue prudente, aunque confió en el resguardo institucional ya que “Nunca lo he vivido hasta el momento, así es que no creo que suceda”, dijo, señalando que los expedientes deberían estar preservados en Infraestructura, OSSE o en áreas que ya recibieron pedidos de informes legislativos.

“Nosotros representamos al Estado y, como tal, debemos corroborar la posible afectación de sus intereses patrimoniales”, concluyó Dávila.

La investigación sobre los caños del acueducto Gran Tulum continúa en desarrollo y las definiciones judiciales se conocerán en los próximos días.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA.