Oficialmente devolvieron las Pensiones No Contributivas suspendidas

La Defensoría del Pueblo de San Juan informó que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez que habían sido suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya quedaron restituidas y depositadas, en cumplimiento de la resolución judicial dictada tras el amparo colectivo impulsado por el organismo.

El reclamo se canalizó a través de la defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, quien presentó la acción para frenar el recorte de las pensiones y garantizar la continuidad del beneficio. Gracias a esa medida judicial, las personas afectadas volvieron a contar con el ingreso que se había interrumpido.

Desde la Defensoría remarcaron que la restitución incluyó tanto los haberes adeudados como el pago correspondiente al mes de diciembre, sumado al medio aguinaldo. Por este motivo, se pidió a cada beneficiario que revisara su situación en el lugar de cobro habitual. El organismo señaló que resultó clave que cada titular comprobara que los montos estuvieran acreditados en su totalidad y sin diferencias.

Además, la Defensoría del Pueblo anunció que seguiría acompañando a los titulares de las pensiones, monitoreando la correcta aplicación de la medida y asistiendo a quienes aún tuvieran dudas o dificultades para acceder al beneficio restituido. También recordó que la ciudadanía podía comunicarse con el organismo a través de sus canales oficiales para recibir orientación y realizar consultas vinculadas a las PNC por Invalidez.

En San Juan existen más de 36.000 beneficiarios de este tipo de pensiones, y se estima que unas 10.000 personas fueron afectadas por las suspensiones registradas en los meses de agosto y septiembre.

Florencia Peñaloza defensora del pueblo, señaló además que la medida judicial buscaba restablecer un derecho básico y urgente, ya que muchas de las personas afectadas dependen de la pensión para cubrir su alimentación, tratamientos médicos y medicamentos. “Una pensión hoy, con el bono de $70.000, equivale a $298.000. Para muchas familias, es su único ingreso. El día anterior a la presentación del amparo, recibí a una beneficiaria que me dijo: ‘no tengo para comer ni para los medicamentos, la única opción que me queda es quitarme la vida’. Ese era el nivel de desesperación que vivían”, relató con preocupación.

Peñaloza aclaró que el fallo no impide la realización de auditorías o controles, pero exige que estos se lleven adelante respetando los procedimientos legales y sin vulnerar derechos adquiridos. “No decimos que no se controle, pero debe hacerse conforme a la ley. En el medio no se puede recortar ni suspender beneficios sin fundamentos probados. Era una medida inhumana, y como tal, debía tener nuestra respuesta institucional”, subrayó.