Enrique Delgado (Secretario de Seguridad y Orden Publico): «No todas las amenazas implicarán desalojos”.

Frente al incremento de falsas amenazas de bomba durante este año (35 casos en 2025 contra solo 6 en 2024), la Secretaría de Seguridad de San Juan estableció un nuevo protocolo para eventos que superen las 5.000 personas. La medida, elaborada junto al Ministerio Público Fiscal, permitirá evaluar cada caso en el lugar del hecho antes de determinar un desalojo, evitando evacuaciones innecesarias y garantizando mayor seguridad y criterio profesional.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, explicó en ESTACION CLARIDAD que este sistema “es un protocolo realizado en forma conjunta y coordinada con el Ministerio Público Fiscal”, y que desde ahora “cuando haya un acto masivo superior a cinco mil personas, estará presente un representante del Ministerio Público Fiscal”. Esta autoridad, junto al jefe del operativo, analizará cada situación mediante un sistema de niveles: grado 1, 2 y 3, según la seriedad de la amenaza.

Delgado destacó que con este cambio “no es que todo llamado que se haga al 911 con una amenaza de bomba determinará un desalojo por un protocolo natural”. En cambio, se realizará una evaluación de múltiples factores, como el origen del llamado, el número identificado, los datos aportados y la credibilidad de la información. “De acuerdo a esa evaluación, se determinará si corresponde o no evacuar”, afirmó.

El sistema ya fue puesto en práctica en eventos previos como el show de Lali Esposito, y se logró un desalojo programado y seguro por tribunas, sin generar pánico ni caos. Según Delgado, este fue el punto de partida para diseñar el protocolo actual, más adaptado a la realidad provincial: “Fue un conjunto preventivo importante, y que llevó al éxito del desarrollo del evento”.

Además de la operatividad en el lugar, el funcionario subrayó que cada amenaza falsa activará consecuencias legales concretas: “Por más que no se desaloje, se dispara la acción penal, se busca a la persona responsable y las consecuencias jurídicas”. Explicó también que ya existen fallos judiciales que obligaron a pagar altos montos para reparar los daños causados por estas falsas alertas.

Inclusive, Delgado destacó que el protocolo tiene un doble objetivo: prevenir, actuar con eficiencia y disuadir. “Siempre hay que trabajar en el fortalecimiento de la prevención, siempre”.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA.