El Gobierno avanza con un proyecto de “libertad educativa” y busca reemplazar la Ley de Educación Nacional

El Gobierno nacional presentó ante el Consejo de Mayo un borrador de la nueva Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que apunta a derogar la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206, vigente desde 2006, y a redefinir por completo la estructura del sistema educativo básico en la Argentina.

El texto, de 136 artículos, propone una reorganización profunda con énfasis en la autonomía escolar, la libertad de enseñanza, el rol central de las familias y cambios en el financiamiento educativo.

El proyecto abarca los niveles inicial, primario y secundario, y excluye a la educación superior, que seguirá regida por su propia ley. Uno de los puntos más relevantes es la habilitación formal de la educación en el hogar como modalidad alternativa válida, junto con la educación híbrida y a distancia. Para quienes opten por el “home schooling”, la acreditación de aprendizajes se realizará mediante exámenes periódicos y sin una edad mínima establecida para la escolarización en casa.

También se abre la puerta a que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en escuelas estatales, de manera optativa y fuera del horario de clase. Además, se incorpora la posibilidad de que cada institución diseñe planes de estudio propios, ajustados a su ideario y proyecto pedagógico, siempre respetando los contenidos mínimos comunes a nivel nacional. Este marco se complementa con la declaración de la educación básica como “servicio esencial”, lo que obliga a garantizar la continuidad mínima durante cualquier medida de fuerza.

La propuesta retoma y amplía ideas que el Gobierno había planteado en la primera Ley Bases, elaborada por Federico Sturzenegger en 2023. Según fuentes oficiales, el borrador fue trabajado en conjunto por la Secretaría de Educación, encabezada por Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación.

El texto redefine el rol del Estado, al que asigna una función “subsidiaria” frente al papel “preferente” de las familias como responsables primarias de la educación de los hijos. En los fundamentos del proyecto, la noción de “libertad educativa” aparece de manera recurrente, incluso más que la referencia al Estado. Aunque la educación deja de ser definida como “bien público”, se mantiene la gratuidad desde sala de cuatro hasta el fin de la secundaria y se garantizan contenidos mínimos comunes, equivalentes a los actuales Núcleos de Aprendizajes Prioritarios.

En el plano curricular, el proyecto introduce un cambio central: los contenidos mínimos no podrán ocupar más del 75% del tiempo escolar. El restante 25% quedará a disposición de cada institución en un espacio de “autonomía curricular”. También se reemplaza el conteo por días de clase por un esquema de horas anuales: 540 para nivel inicial y 720 para primaria y secundaria, valores por debajo de los consensuados en el Consejo Federal de Educación para 2024.

El artículo 37 establece un fuerte impulso a la autonomía institucional, que abarcará el gobierno interno, la elaboración de planes propios, el régimen de personal, la administración de recursos y las políticas de admisión y disciplina. Para las escuelas estatales se prevé una transición gradual hacia un modelo de gestión más autónomo.

En materia de evaluación, el proyecto sostiene la continuidad de las pruebas Aprender pero aumenta su frecuencia: serán anuales y censales en los últimos años de primaria y secundaria. Además, habilita la publicación de información desagregada por escuela, aunque sin identificación de alumnos ni docentes.

El capítulo financiero elimina la histórica meta del 6% del PBI y establece un esquema donde la Nación y las provincias comparten responsabilidades, con un Estado que intervendrá de modo complementario. Se equipara a escuelas públicas y privadas en el acceso al financiamiento y se incorporan mecanismos como becas, vales educativos y créditos fiscales dirigidos a las familias. También se crean sistemas de monitoreo para evaluar el uso de fondos y su impacto en los aprendizajes.

El proyecto modifica además el funcionamiento interno de las escuelas: propone la creación de consejos escolares de padres y otorga a los directivos más atribuciones en la selección, evaluación y eventual separación del personal docente y no docente, bajo supervisión provincial. En cuanto a la carrera docente, mantiene la formación inicial en cuatro años, crea un nuevo Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente y establece evaluaciones periódicas de desempeño cada cuatro años como máximo.

Aunque se trata aún de un borrador, la iniciativa anticipa un debate profundo sobre el modelo educativo argentino y redefine el equilibrio entre Estado, familias e instituciones en la estructura del sistema.

FUENTE: Infobae