El paquete de reformas que el gobierno de Javier Milei busca impulsar abarca áreas críticas de la economía y la sociedad argentina: la legislación laboral, el sistema fiscal y el régimen previsional. Aunque los textos definitivos aún están sujetos a debate o no han sido formalmente presentados en su totalidad, las intenciones declaradas han encendido un fuerte debate político y social. El objetivo central del Ejecutivo es promover una mayor competitividad y desregularización, pero esto choca frontalmente con los intereses de sindicatos y sectores que temen la precarización y el desfinanciamiento de derechos adquiridos.
En el ámbito laboral, la discusión se centra en la flexibilización. Se plantean cambios que buscan reducir los costos de contratación y despido, y modificar la forma de negociación colectiva, posiblemente priorizando acuerdos a nivel de empresa. Una de las mayores fuentes de tensión es la potencial alteración en el sistema de indemnizaciones y la intención declarada de desalentar lo que el gobierno denomina «la industria de los juicios laborales». Los sindicatos han manifestado rechazo categórico a estas propuestas, argumentando que erosionarán los derechos de los trabajadores y aumentarán la informalidad.
Respecto al frente fiscal, la propuesta implica una reducción significativa de impuestos, con la promesa de bajar hasta 20 tributos y ampliar la base imponible para combatir la evasión. Si bien esta medida podría incentivar la inversión, genera preocupación sobre cómo se compensará la caída de recaudación, especialmente en un contexto de ajuste generalizado. El enfoque del gobierno es claro: considera que la carga impositiva actual es un obstáculo para el crecimiento.
Finalmente, aunque los detalles de la reforma previsional son menos claros en los anuncios iniciales, cualquier modificación al sistema de pensiones es históricamente sensible en Argentina, dado su alto peso en el gasto estatal. La combinación de estos tres ejes –laboral, fiscal y previsional– es lo que mantiene en vilo a la oposición y a los gremios, quienes ya han expresado su postura de resistencia activa a lo que consideran un desmantelamiento del andamiaje social y económico actual.
