Edurado Oro (Querellante en la causa Robles Bonadé – Martín): «Se sumaron 57 nuevas denuncias para los acusados».

El lunes 27 de octubre se llevó adelante una audiencia mas en la causa por presuntas estafas con lotes, que tiene como principales imputados son Denise Robles Bonadé y Rubén Martín, quienes enfrentan cargos por estelionato, es decir, la venta o hipoteca de inmuebles con impedimentos legales o que ya habían sido vendidos previamente a otras personas.

El abogado Eduardo Oro, representante de dos víctimas de del caso, explicó en ESTACION CLARIDAD que “la causa judicial por presunta estafa inmobiliaria ya cuenta con más de 150 denunciantes y más de 200 denuncias en total”.

El abogado relató que recientemente se amplió el objeto de la investigación con “57 nuevas denuncias, y que la jueza Silvina Rosso de Balanza ratificó la prisión preventiva domiciliaria de los acusados, rechazando el pedido de la defensa para revocar esa medida”.

Oro, aclaró que “los imputados reconocen parcialmente los hechos y buscan reparar algunos daños desde sus domicilios, lo que constituye un indicio de confesión implícita”. Sin embargo, señaló que “el proceso aún se encuentra en la etapa de investigación penal preparatoria (IPP), a cargo de la UFI del fiscal Heredia, y que continúan apareciendo nuevas denuncias”.

Oro además explicó que “muchos damnificados confiaron en la legalidad de las operaciones porque los contratos estaban certificados por escribanías, aunque precisó que los escribanos solo certifican las firmas y no tienen obligación de revisar el contenido ni la validez del negocio jurídico. Esto generó confusión entre los compradores, que asumieron erróneamente que la certificación implicaba una garantía de legalidad”. Finalmente, el abogado señaló que “la diferencia clave entre un incumplimiento contractual y una estafa penal radica en la intención de engañar: mientras lo primero se resuelve en el fuero civil, el caso Robles Bonadé está tipificado como delito penal porque existió desde el inicio una voluntad de perjudicar económicamente a las víctimas mediante la venta reiterada de terrenos y viviendas que nunca se entregaron ni se urbanizaron”.

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