Tras haber sido condenado en primera instancia a la pena de un año de prisión en suspenso por entorpecimiento y encubrimiento en torno a una investigación judicial, el empleado de la UFI Delitos Contra la Propiedad a cargo de la fiscal Claudia Salica, presentó un parte médico con prescripción de un médico psiquiatra.
Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal abrió un sumario administrativo cuyo informe será remitido a la Corte de Justicia, organismo judicial que tendrá la última palabra sobre la permanencia o no de Holeywell en la Justicia local.
Fuentes ligadas al caso dijeron a este diario que “lo más recomendable es que renuncie a su cargo y no lo termine echando la Corte de Justicia”. De esta manera consideraron que a los fines de su imagen y futuro laboral sería más leve una renuncia que un despido por ser protagonista de un delito grave.
Otra de las derivaciones del caso es que el funcionario no cobrará su sueldo en adelante ya que está suspendido sin goce de haberes. Su última percepción salarial fue la de agosto ya que lo descubrieron en su accionar delictivo echa la liquidación última de sueldos.
Se espera que esta semana el informe llegue a la Corte de Justicia y este mismo órgano resuelva el cese de funciones de Holeywell o de lo contrario continúe prestando servicios en otra dependencia de la Justicia.
