Daniela Pringles (UFI Genérica): “La amenaza de bomba a la Boero, es un delito que no es joda y la gente debe entender las dimensiones, y mínimo reparar el gasto económico causado al Estado».

San Juan sigue siendo escenario de llamadas telefónicas por presuntas amenazas de bomba en diferentes edificios públicos. En dialogo con ESTACIÓN CLARIDAD, la fiscal Daniela Pringles detalló que la investigación sobre una amenaza de bomba en la escuela Boero, fue originada por un llamado al 911 desde el teléfono de un alumno. “Rápidamente pudimos conocer que la línea estaba al nombre una mujer, cuyo hijo asistía a la escuela, y las investigaciones nos permitieron conocer que la línea la manejaba este chico, un adulto ya de 18 años, del último año de la Boero. Nosotros claramente dirigimos la investigación hacia él, con orden de juez, con todas las medidas”, puntualizó.

Pringles dijo que inicialmente, el dueño del celular fue sospechado, pero tras una rápida investigación se comprobó que sus compañeros Barassi y Fernández usaron su teléfono sin permiso para hacer el llamado, por lo que ellos fueron imputados. “En una declaración espontánea, el acusado nos contó que si bien era su teléfono, por una especie de broma, sus compañeros se lo habían sacado de las manos, primero aduciendo que quería sacar una foto, se lo saca de las manos un chico de apellido a Barassi, se lo entrega al chico Fernández, quien llama al 911 y Barassi es el que hace el anuncio”.

Además, la Fiscal agregó que “esta versión que el chico incorpora, la pudimos corroborar, trabajamos todo el día, entendiendo que podíamos tener a alguien detenido que no era autor; reunimos toda la prueba y para la noche ya teníamos detenido a Barassi, quien a través de una declaración también con abogado, había permitido conocer que esto era verdad. Igual citamos a los compañeritos que estaban presentes, declararon cuatro jóvenes, corroboraron esta información y para el viernes al mediodía, ya teníamos detenido a Fernández”.

Ambos estudiantes, son mayores de edad y se les aplicó la suspensión del proceso a prueba, debiendo reparar económicamente el daño causado al Estado, estimado en cuatro millones de pesos. Pringles dijo que “En este caso, el monto a reparar ha tenido el mismo valor que lo que ha costado el procedimiento para el Estado porque entendemos que es un delito que no es joda y que la gente tiene que entender las dimensiones y mínimo reparar el gasto económico causado en el Estado. La Fiscalía de Estado nos informó que el presupuesto que se estima que es de 4.000.000 (cuatro millones), como este hecho ha sido un único procedimiento con dos autores, se entendió criterioso repartir el gasto entre los dos”.

La doctora Daniela Pringles remarca que no se analiza el hecho como bullying, aunque el contexto podría sugerirlo, y destaca la actitud responsable de las familias, especialmente la del primer joven, que colaboraron con la Justicia. “No me corresponde definir el bullying, ni cuando sea ni cuando no. Será tarea del gabinete del colegio. Ellos han mencionado que fue una broma, que siempre hacen llamados al 911 diciendo de robos que no existen, cosas así”.

Finalmente, la doctora advierte sobre la gravedad de estas conductas disfrazadas de bromas, indicando que “extiendo esto a los padres, porque después los padres son los que están afrontando consecuencias. Entonces, sería muy bueno que puedan hablar con los hijos. Pero al menos, que exista un espacio de diálogo de que no es joda, que es un delito, que implica plata y si implica una condena, ¿ese chico después va a poder estudiar en una universidad? Y no sé, y si se comete otro delito, se va a imputar, chico. O sea, hay mucho más allá del trabajo, del Estado, de la erogación; el destino de ese chico puede estar quedado atrás de una especie de broma, que para nosotros se llama delito”, afirmó.

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