Sebastián Dávila (Fiscal Eº): “Los responsables de esta usurpación tendrán que asumir las consecuencias. De un lado o del otro, porque el que compra y no se cerciora también tiene responsabilidad”.

A través de un documento, que es una querella penal, los abogados a cargo de la representación de la Provincia de San Juan, presentaron ante el Fiscal Dr. Pablo Francisco Martín de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, la denuncia por una serie de irregularidades relacionadas con la subdivisión y venta no autorizada de tierras fiscales del Lote N° 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, ubicada en el Médano de Oro, Rawson.

En contexto, se denuncia “una subdivisión parcelaria irregular y clandestina del Lote N° 90, propiedad del Estado Provincial, destinado a fines agrícolas, pero utilizado para transacciones inmobiliarias privadas con fines de lucro, en violación de las normativas legales que regulan las tierras fiscales”.

En dialogo con ESTACIÓN CLARIDAD, el Dr. Sebastián Dávila, Fiscal de Estado, dio detalles acerca del escrito, que indica que se detectaron irregularidades administrativas ya que, 48 personas solicitaron la escrituración de parcelas adquiridas mediante boletos de compraventa y cesiones de derechos privados, sin autorización del Estado propietario. “La cantidad de gente involucrada es bastante y hay gente que ha construido, y hay gente que solamente ha levantado algunos cimientos, y hay algunas otras personas que solamente han demarcado el eventual lote que les habían vendido. Los responsables de esto tendrán que asumir esas consecuencias. Tanto de un lado como del otro, porque el que compra en esas condiciones y no se cerciora también tiene un sesgo de responsabilidad”, manifestó.

Según el documento enviado a la UFI correspondiente, hubo una inspección el 15/03/2024, y se confirmó la existencia de 22 viviendas terminadas (algunas de material, otras prefabricadas), 13 en construcción, y 49 lotes con cierre perimetral, cada uno de aproximadamente 400 m². Pero además se detectó un medidor de energía eléctrica de obra conectado a la mayoría de los lotes, junto con conexiones de agua potable de origen desconocido.

El Fiscal de Estado, argumentó que “Seguramente eso va a ser una consecuencia de la tarea investigativa porque se deben cumplir determinados requisitos para solicitar ese tipo de servicios y si ha sido irregular también tendrán sus consecuencias”.

Incluso, el informe detalla que los ocupantes se quejaron del polvo generado por actividades agrícolas en el lote contiguo (N° 91).

“Ha habido una resolución del Ministerio de la Producción rechazando el pedido de escrituración y solicitando el desalojo del inmueble (se intimó a los ocupantes a desalojar y devolver las tierras en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de acciones legales), pero como hay un trámite en el Ministerio Público Fiscal, está sujeto a los plazos de la justicia”, señaló Dávila.

Hasta la fecha de la querella, ningún ocupante ha devuelto las tierras.

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