Dr. Rubén Pontoriero (Causa expropiaciones): “Lo que se ventiló en el juicio fue la existencia de algunos fideicomisos, y hubo medidas cautelares que con el tiempo no fueron mantenidas por los distintos jueces que fueron interviniendo”.

En extensa entrevista con ESTACIÓN CLARIDAD, el abogado Rubén Pontoriero explicó los próximos pasos judiciales tras la condena en la mega causa expropiaciones en San Juan, en la que fueron sentenciados varios exfuncionarios, incluyendo un exjuez y un ex fiscal de Estado, por corrupción. “El tribunal ha optado por un mínimo respecto de Graffigna, los acumulados siete años y ocho meses; y a Alday como coautor, a seis años y cuatro meses; al ex juez Carlos Macchi, seis años; y al ex fiscal de Estado Mario Díaz, seis años y cuatro meses, también”. De todas formas, la decisión del Tribunal no dejó conforme a ninguna de las partes implicadas en el juicio. “Técnicamente lo que corresponde es un recurso de casación, aunque es el Ministerio Publico Fiscal de Cámara quien debe apelar por el monto de las condenas y en ese caso, nosotros adheriríamos sin ningún inconveniente con los fundamentos propios, pero evidentemente la decisión en este momento está en manos del Ministerio Público”, expresó Pontoriero.

Aunque se dictó sentencia, aún no está firme; por lo que no se puede ejecutar el decomiso de bienes hasta que no haya resolución definitiva de la Corte. “Una vez que quede firme la sentencia tienen diez días para depositar solidariamente todos los condenados en la corte. Esa suma  y si no, bueno, se pasa a la etapa de la ejecución. Esa es la aplicación del artículo 23, 29 y 30 del Código Penal, que así lo indica”, puntualizó.

Pontoriero, advierte que, de no cumplirse con el pago solidario ordenado, podrían ejecutarse embargos, e incluso investigarse posibles maniobras de insolvencia fraudulenta. “Lo que se ventiló en el juicio fue la existencia de algunos fideicomisos, y en su momento se ordenó el embargo de algunos bienes; y también hubo medidas cautelares respecto del patrimonio, pero con el tiempo no fueron mantenidas por los distintos jueces que fueron interviniendo”, afirmó. Aunque el abogado reconoce que “lo que se mantuvo fue la cautelar para que no siguieran adelante o no se embargara por los juicios que ya tenían su sentencia firme y consentida”.

Por último, el abogado dijo que “esta sentencia es considerada histórica por ser la primera vez que se condena en la provincia a jueces y abogados por delitos vinculados a una asociación ilícita para defraudar al Estado”.

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