Cristina Ferreyra (abogada): “Cualquiera que entiende de leyes sabe que en el barrio Textil II, hay una estafa; así funciona el aprovechamiento”.

El viernes 11 de julio se llevó adelante una nueva audiencia en la causa que pretende demostrar si hubo estafa a un grupo de personas que compró carpetas en el barrio textil.

La abogada Cristina Ferreyra, representa a 76 damnificados por una nueva presunta estafa vinculada al proyecto habitacional “Barrio Textil 2”, y en dialogo con ESTACIÓN CLARIDAD, dijo que “la audiencia que se ha llevado a cabo el día viernes, ha sido para ampliar las denuncias que están incorporadas, y al mismo tiempo, solicitar que se extienda la prisión preventiva de los acusados. Las personas que represento que son 76 más, todavía no se han incorporado a la investigación porque se les está tomando declaración a cada uno de ellos, cada caso es distinto; están comparando nuevas pruebas, nuevos agravantes, y se tiene que hacer con la mayor cautela posible”, señaló.

La denuncia dice que el gremio textil, junto con la empresa DGA Construcciones (no registrada oficialmente), vendió carpetas para viviendas sabiendo que el proyecto estaba paralizado por el IPV por incumplimiento de requisitos. “Los damnificados, firmaron un contrato con el gremio Textil representado por Roberto Vega, y DGA Construcciones que no se encuentra registrada que, tiene experiencia y está explicada con el barrio Los Nogales VII, y es como un modus operandi de esta persona. Es decir, que hace el contacto con gremialistas, les ofrece algo y se cae”, afirmó Ferreyra.

A pesar de esto, según señaló la abogada, siguieron cobrando importantes sumas de dinero, incluso a personas particulares no afiliadas, provocando graves perjuicios económicos y emocionales. “El daño emocional, el daño moral que han sufrido estas personas, es enorme; son personas que te cuentan que habían comprado su primer cero kilómetro y lo dieron por esta oportunidad. El dinero aproximado son 8 o 9 millones de pesos de contado, y hubo gente que vendió el auto cero kilómetros y entregó todo ese dinero, o sea, se quedó sin el auto y sin la casa”.

La causa está en etapa de investigación, con nuevos testimonios y pruebas incorporándose, y se busca que los responsables respondan tanto penal como civilmente. La abogada sostiene que los responsables actuaron con conocimiento y mala fe, y que los daños sufridos por las víctimas deben ser considerados en una eventual condena. “Lo que hicieron es una burla total, porque, había tres opciones de compra del terreno y fracasaron, la última fue en el 2023, y siguieron vendiendo carpetas en el 2024 y 2025, ahí hay un aprovechamiento económico. Cualquiera que entiende de leyes sabe que acá hay una estafa, así funciona el aprovechamiento, entendiendo también que hay una persona que es una autoridad, que a uno le da una seguridad, es decir, no es lo mismo un empresario que no conoce a nadie, que un representante gremial”, explicó.

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