La Corte Suprema dejó firme la condena a Cristina Kirchner por corrupción en el caso Vialidad
Quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y no será candidata en las próximas elecciones. La expresidenta podrá solicitar la prisión domiciliaria para cumplir la pena de seis años.
En una decisión de alto impacto político y judicial, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, donde se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implica que queda firme la condena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.
El expediente, registrado bajo el N.º 2833/CSJN, representa un capítulo crucial en una de las causas judiciales más resonantes de la historia reciente del país.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras un exhaustivo análisis, concluyeron que no existieron violaciones a las garantías constitucionales alegadas por la defensa, como el debido proceso, el derecho a la defensa en juicio o el principio de legalidad.
La sentencia resuelve: “Rechazar el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, en cuanto condena a la nombrada a seis (6) años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, como coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública (arts. 174 inc. 5° y 45 del Código Penal)“.
La causa vialidad
Es un proceso judicial que investigó irregularidades en la asignación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Este caso, que culminó con la condena de la expresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ha sido uno de los más resonantes en la historia política reciente del país.
La “causa Vialidad”, como se popularizó, se centra en el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de empresas del empresario Lázaro Báez, amigo cercano de la familia Kirchner y propietario de Austral Construcciones.
Según la investigación, se adjudicaron de manera irregular 51 obras viales por más de 46 mil millones de pesos, con licitaciones manipuladas, sobreprecios, falta de controles y pagos por trabajos inconclusos o no realizados. La acusación sostiene que se montó una organización criminal desde el Poder Ejecutivo Nacional, liderada por Cristina Fernández, para desviar fondos públicos en beneficio de Báez.
El caso comenzó con una denuncia de Elisa Carrió en 2008, pero tomó impulso en 2016 tras una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) bajo la gestión de Javier Iguacel, que reveló irregularidades en la asignación de obras en Santa Cruz. La investigación determinó que el 80% de las obras viales en la provincia fueron adjudicadas a empresas de Báez, particularmente Austral Construcciones, en condiciones preferenciales.
